Por Alejandro Calvillo, Sin Embargo, 26 de agosto de 2021.

Código de Ética del Senado:  Las personas servidoras públicas actúan buscando en todo momento la máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva”.

Código de Ética de la Cámara de Diputados“Los servidores públicos de la Cámara de Diputados, deberán preservar el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general…”

Las corporaciones del tabaco, del alcohol y, especialmente, de la comida chatarra y bebidas azucaradas, de todos estos productos señalados como los “determinantes comerciales de la salud”, y que hoy son una de las principales causas de enfermedad y muerte, tienen la mira en el Congreso, especialmente, en las comisiones de salud de las cámaras de diputados y senadores.

Elección tras elección de legisladores, llevaron a las presidencias de estas comisiones a sus aliados con el fin de parar las iniciativas dirigidas a bajar el consumo de estos productos. La necesidad de legislar sobre estos productos, siguiendo las recomendaciones y experiencias internacionales, parte de los hechos: de acuerdo con datos oficiales, anualmente mueren en México 63 mil personas por consumo de tabaco, 18 mil por enfermedades relacionadas al consumo de alcohol y 200 mil por obesidad, en la que juega un papel determinante el alto consumo de alimentos ultraprocesados, el mayor de América Latina.

A lo anterior, se suma el hecho de que la mayoría de las comorbilidades asociadas a la muerte por la COVID-19 son el resultado del alto consumo de estos productos. En estos casos, la pregunta debe ser: ¿murió por COVID o porque tenía diabetes y le dio COVID?, ¿murió por COVID o porque tenía una enfermedad cardiovascular y le dio COVID?, ¿murió por COVID o porque tenía obesidad y le dio COVID? La narrativa impuesta no hace este tipo de preguntas, no habla ni tan siquiera de la necesidad de proteger y fortalecer nuestro sistema inmunológico frente a un virus que se potencia ante sistemas inmunodeprimidos. No habla de cómo la comida chatarra, las bebidas azucaradas, el tabaco y el alcohol, lo afectan, como generan procesos inflamatorios y van desgastando este sistema.

En una pandemia que lleva ya más de un año y medio ha existido suficiente tiempo para que se hubiera lanzado una campaña global para promover el fortalecimiento del sistema inmunológico de la población, sin embargo, esa campaña iría directamente contra los intereses de un grupo de las corporaciones más poderosas del orbe. Estas corporaciones, al contrario, han utilizado la pandemia para maquillar su imagen dando donativos, aportando recursos, y presentándose preocupadas por los efectos de esta pandemia a la cual han colaborado sembrándole un terreno muy fértil.

Al mismo tiempo, lo que no se advierte, o no se quiere advertir, es que esta pandemia se potenció al llegarse a sumar a otra pandemia que venía ocurriendo, una pandemia de debilitamiento del propio sistema inmunológico de la población global.

En 2016, en un artículo publicado en la prestigiada revista The Lancet, se señalaba el impacto de estos determinantes comerciales de la salud. Se definía éste como “un campo sinergético multidisciplinario que atiende a los determinantes y canales a través de los cuales las corporaciones propagan la pandemia de enfermedades no transmisibles”. Es decir, la pandemia por el virus se desató sobre una pandemia corporativa.

En el mismo artículo se informa que de acuerdo el MSCI World Consumer Staplex Index, la penetración de las grandes corporaciones del tabaco, la comida ultraprocesada y las bebidas había crecido, en el decenio anterior, 200 por ciento en los países de bajos y medios ingresos.  El destino de las multimillonarias inversiones en la producción y comercialización de estos productos, que promueven la enfermedad, se ha dirigido masivamente a las naciones de menores ingresos donde las regulaciones son más débiles, donde los consumidores están menos informados, donde las desigualdades profundas y el estrés social incitan al consumo de este tipo de productos. Es, justamente, en estos países donde es más fácil corromper a políticos y mantener las políticas regulatorias a raya.

El ejemplo lo tuvimos en el Legislativo durante años. En un análisis realizado por un grupo de expertos en administración pública sobre las legislaturas LXII y LXIII, es decir, del trabajo legislativo del 2012 al 2018, se encontraron un total de 286 asuntos referidos a la epidemia de obesidad. En esos años México fue reconocido en los primeros lugares por sobrepeso, obesidad y muertes por diabetes en el mundo. Organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, entre muchos otros, llamaban la atención sobre este fenómeno en México, llamando al Gobierno a actuar.

De los 286 asuntos legislativos presentados durante ese periodo 56 trataban sobre el mercadeo de estos productos y publicidad. De todos ellos, 59 por ciento quedaron pendientes, 38 por ciento se desecharon, sólo 3 por ciento se presentaron y dos se votaron. Tras revisar todas estas iniciativas, los analistas señalaron: “Sugerimos que las comisiones dictaminadoras de las iniciativas asumieron una postura de ‘amparo‘ de intereses de la industria en tanto en 98.5 por ciento de los casos desecharon las propuestas o las dejaron pendientes de dictamen”.

Analizando los perfile de los 385 integrantes de las comisiones dictaminadoras informaron: “encontramos vínculos directos de legisladores con esta industria (alimentos y bebidas), así como con instancias de cabildeo que representan sus intereses, empresas afines y que replican los intereses de la de alimentos y bebidas o grupos industriales que son portavoces y a los cuales están afiliados (cámaras de comercio, por ejemplo)”.

A pesar de que las contralorías internas de las cámaras de senadores y diputados son responsables de integrar los Comités de ética que deben vigilar el cumplimiento de los códigos de ética por parte de los legisladores, poniendo el interés público sobre el privado, se debe avanzar en caracterizar el conflicto de interés. De manera especial, se debe cumplir el principio establecido en muy diversos órganos de Gobierno en el sentido de legisladores que puedan presentar conflicto de interés se excusen de participar en comisiones y procesos legislativos donde estos conflictos puedan afectar sus participaciones, sus posiciones. Además de lo anterior, deben establecerse sanciones ejemplares para evitar estas prácticas tan extendidas en nuestro país. En este sentido, debe establecerse la revocación del mandato parlamentario al poderse comprobar que un legislador está sirviendo a un interés privado por encima del interés público.

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