Por Dr. Joseph Mercola, Mercola, 02 de agosto de 2021.

HISTORIA EN BREVE

  • Este tipo de colusión entre empresas y gobiernos para censurar la libertad de expresión es ilegal. Como señaló Clarence Thomas, juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos: “el Gobierno no puede llevarlo a cabo mediante amenazas de acciones gubernamentales adversas, ya que la Constitución lo prohíbe de forma directa”
  • El Gobierno de Biden quiere que los supuestos ‘desinformadores’ sobre el COVID desaparezcan, no solo de una o dos plataformas de redes sociales, sino de todas
  • En esa misma rueda de prensa, Psaki también se refirió a las vacunas antiCOVID como “aprobadas” y que “pasaron por el estándar de oro del proceso de aprobación de la FDA”. Lo que resulta ser falso. Todas las vacunas antiCOVID disponibles hoy en día se autorizaron sólo para uso de emergencia. Ninguna se aprobó ni se finalizaron sus estudios de seguridad
  • El llamado del Gobierno de Biden para censurar, a través de servicios públicos y empresas privadas, a cualquiera que comparta información sobre los riesgos y la falta de beneficios de estas vacunas antiCOVID debe rechazarse por motivos éticos, legales y constitucionales

En una rueda de prensa de la Casa Blanca del 16 de julio de 2021, Jen Psaki, secretaria de prensa, admitió que el Gobierno de Biden viola la Primera Enmienda al alertar a las empresas de redes sociales sobre las publicaciones y las cuentas que considera que difunden “información errónea” sobre las vacunas antiCOVID. Cuando un periodista le solicitó que explicara cómo funcionaba esta señalización, Psaki declaró:

“En primer lugar, diría que no debería sorprender que estemos en contacto regular con las plataformas de redes sociales, al igual que estamos en contacto regular con todos ustedes y sus medios de comunicación, sobre las áreas que nos preocupan, la información que podría ser útil, la información que puede o no ser interesante para sus espectadores.

Así que nos aseguramos con regularidad de que las plataformas de redes sociales estén al tanto de las últimas narrativas peligrosas para la salud pública que observamos nosotros y muchos otros habitantes de los Estados Unidos. Y trabajamos para comprometernos con ellas, para entender mejor la aplicación de las políticas de las plataformas de redes sociales.

Así que pondré un ejemplo, sólo para ilustrarlo un poco. La falsa narrativa que continúa, acerca de que las vacunas antiCOVID-19 causan infertilidad, fue desmentida una y otra vez.

Esto es preocupante, pero es una narrativa persistente que muchos de nosotros observamos, y queremos saber que las plataformas de las redes sociales tomen medidas para abordarla. Esa es una información inexacta y falsa. Y ese es un ejemplo del tipo de información que señalamos o planteamos.

Por lo tanto, un par de pasos que podrían ser constructivos para la salud pública del país son pedir a Facebook y a otras plataformas, que evalúen y compartan de forma pública el impacto de la desinformación en su plataforma y la audiencia a la que llega … No deberían prohibirle el acceso a una plataforma a unos, y a otros no, por proporcionar información errónea”.

En su rueda de prensa del 15 de julio de 2021, Psaki citó el informe titulado “The Disinformation Dozen”, realizado por el Centro para Contrarrestar el Odio Digital (CCDH, por sus siglas en inglés), el cual afirma que el 65 % de los contenidos antivacunas en Facebook y Twitter proceden de 12 personas, entre las que se encuentra este servidor.

Según Facebook, eliminaron 18 millones de publicaciones con “información errónea sobre temas relacionados con el COVID” y conectaron a más de 2000 millones de usuarios con “información fiable”; es decir, con información elaborada por el Estado. El Gobierno de Biden no está satisfecho con estas cifras asombrosas y cree que hay que hacer más. En concreto, como menciona Psaki, quieren que las 12 empresas que supuestamente publican información errónea sobre el COVID sean censuradas en todas las plataformas de redes sociales disponibles.

Psaki desinforma al público sobre el estado de aprobación de las vacunas

En esa misma rueda de prensa del 16 de julio, Psaki también afirmo que las vacunas antiCOVID fueron “aprobadas” y que “pasaron por el estándar de oro del proceso de aprobación de la FDA”. También dijo lo siguiente:

“El público tiene derecho a saber, y tratamos con un asunto de vida o muerte, por lo que todo el mundo tiene un rol que desempeñar para asegurarse de que la información sea precisa. Está claro que hay más medidas que pueden tomarse.

En cuanto a los gobiernos extranjeros, el Centro de Compromiso Global del Departamento de Estado ha descubierto que Rusia y China han promovido sus propias vacunas a través de mensajes que socavan los programas de desarrollo de vacunas de origen occidental. Así que, ya sabe, eso es más que una competencia sobre las vacunas.

El riesgo y el impacto es que este tipo de información puede magnificar el riesgo de posibles efectos secundarios relacionados con las vacunas occidentales. Esto es lo que la información, es decir, lo que parte de esta desinformación provoca, y engaña a la población al alegar falsamente que las vacunas de ARNm no fueron analizadas y que, por lo tanto, son riesgosas, aunque muchas de ellas fueron aprobadas y pasaron por el estándar de oro del proceso de aprobación de la FDA”.

Esta esta una mentira que se puede verificar. Todas las vacunas antiCOVID disponibles hoy en día se autorizan sólo para uso de emergencia. No tienen licencia ni aprobación. En la actualidad, esta autorización para uso de emergencia se aplica a los adultos y niños de hasta 12 años. Esos dos términos, “autorizado para uso de emergencia” y “aprobado para uso”, no son intercambiables.

El Gobierno de Biden emprende un ataque ilegal contra la libertad de expresión

Uno se pregunta si el hecho de reconocer que marcan las publicaciones y cuentas que no les gustan, para que las empresas de redes sociales las eliminen, ¿será un intento de normalizar la extralimitación ilegal del gobierno?

Pero, seamos claros. Este tipo de complicidad entre las empresas y el gobierno para censurar la libertad de expresión es ilegal y viola la Constitución de los Estados Unidos. Como señaló, Clarence Thomas, juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en una sentencia del 5 de abril de 2021, en la que se pronunció sobre la capacidad de los gigantes de las redes sociales para controlar la libertad de expresión:

“El gobierno no puede llevarlo a cabo mediante amenazas de acciones gubernamentales adversas, ya que la Constitución lo prohíbe de forma directa. En virtud de esta doctrina, los demandantes podrían tener reclamaciones plausibles contra una plataforma digital si ésta tomara medidas adversas contra ellos, en respuesta a las amenazas del gobierno”.

Aunque el Gobierno de Biden no amenace a las empresas de redes sociales con medidas adversas si se niegan a censurar por capricho del gobierno, éste no puede utilizar a empresas privadas para que realicen en su nombre una acción que no está autorizado legalmente a realizar por sí mismo.

Dicho de otro modo, es ilegal que los funcionarios públicos presionen a las empresas privadas para que censuren la libertad de expresión en su nombre o a petición suya, ya que ellos mismos, como funcionarios públicos, no tienen derecho a infringir la libertad de expresión.

Lo mismo ocurre con los procuradores generales que han pedido de forma pública a las empresas de redes sociales que prohíban las publicaciones y que desactiven las cuentas, así como el Dr. Vivek Murthy, director general de salud pública, quien declaró hace poco que la “epidemia de desinformación” pone en peligro la vida de las personas, ha solicitado de forma ilegal que “las empresas tecnológicas y de redes sociales aborden la forma en que se difunde la desinformación y la desobediencia en sus plataformas”.

Para ello, incluso publicó su propio informe de 22 páginas, que recomienda enfrentar a los “superdifusores de desinformación” y utilizar a las instituciones educativas, desde la escuela primaria hasta la universidad, así como a los patrocinadores privados, para “vigilar y abordar” la información falsa y engañosa. La Fundación Rockefeller no perdió tiempo en responder al anunciar 13.5 millones de dólares en nuevos fondos para ayudar en el esfuerzo.

Una vez más, estos funcionarios tienen derecho a tener su propia opinión. Pero, no tienen derecho a censurar la opinión o información de otras personas, mucho menos la investigación que publican. Y como no tienen el derecho constitucional de censurar a los habitantes de los Estados Unidos, tampoco pueden pedir a las empresas privadas que lo hagan en su nombre.

Los funcionarios del gobierno también infringen varias leyes al incentivar a la población de los Estados Unidos para que participen en experimentos médicos, y al colaborar con empresas privadas para exigir al personal que participe en experimentos médicos. Es muy sorprendente lo que ocurre, y el hecho de que se infrinjan tantas leyes de forma flagrante en un esfuerzo por poner una aguja en cada brazo, lo que sugiere que hay algo más en juego que solo un interés de salud pública.

¿Por qué prohíben exponer la verdad sobre la inmunidad natural?

Aún continúo activo en Twitter y, en los últimos tiempos, la única publicación eliminada fue una en la que indicaba que las personas infectadas de forma natural desarrollaban una inmunidad robusta y duradera, y que los funcionarios de salud deben ser honestos y admitir que este tipo de inmunidad es muy eficaz.

Junto con mi publicación adjunté un artículo publicado en la revista Nature. Sin embargo, Twitter me censura de un modo diferente al publicar una advertencia detallada a los usuarios que hacen clic en cualquier enlace de Mercola.com que publico en Twitter, al indicar que mi sitio “puede tener información incorrecta”, lo cual es falso en lo absoluto.

Los pacientes recuperados de COVID tienen una inmunidad robusta, aunque sus síntomas sean leves y el recuento posterior de anticuerpos sea bajo, porque en su médula ósea aún existen células latentes que producen anticuerpos, llamadas células B de memoria para el SARS-CoV-2. Así lo demuestra otro estudio de Nature. Cuando se reencuentran con el virus del SARS-CoV-2, esas células de memoria empiezan a producir nuevos anticuerpos, que volverán a aumentar el nivel para eliminar el virus.

El sitio web de los Institutos Nacionales de Salud declara incluso que la recuperación del COVID-19 proporciona “inmunidad duradera”, y que los sistemas inmunológicos de más del 95 % de las personas que se recuperaron del COVID-19 tenían “al menos 3 de los 5 componentes del sistema inmunológico que podían reconocer el SARS-CoV-2 hasta ocho meses después de la infección”. Esta investigación fue financiada en parte por el NIAID y publicada en la revista Science.

Es evidente que el argumento de la inmunidad adquirida de forma natural supone una importante amenaza para la campaña de vacunación masiva. La información no supone ninguna amenaza para la salud pública. Sino todo contrario. Cuanto más sepa la población al respecto, menos miedo sentirá. Si ellos son los que se han recuperado, sabrán que ahora están bien protegidos. Si el antiguo paciente de COVID es un familiar o amigo, puede estar tranquilo con esas personas, al saber que no suponen ningún riesgo de infección.

Si en verdad se tratara de mantener a las personas a salvo de las infecciones, se aceptaría la inmunidad natural y se alentaría a la población a conocer los estudios que demuestran que la mayoría de las regiones del mundo ya han logrado una inmunidad natural. Pero, cuando se trata del SARS-CoV-2, insisten en que incluso los que ya tienen inmunidad natural deben recibir la vacuna antiCOVID. ¿Por qué razón? Si ya tienen inmunidad. Además, no hay ningún beneficio añadido por recibir una vacuna antiCOVID si ya tiene anticuerpos.

Los investigadores de la Clínica Cleveland examinaron esta cuestión y llegaron a la conclusión de que las personas que dieron positivo en la prueba del SARS-CoV-2, al menos 42 días antes de la vacunación, no obtuvieron ninguna protección adicional de las vacunas, además de su inmunidad natural.

Cero beneficios y todo el riesgo para los pacientes de COVID recuperados

Por otra parte, la vacuna antiCOVID puede desencadenar una respuesta inmunológica adversa en las personas que se infectaron con el virus, lo que aumenta significativamente el riesgo de lesiones y muerte. Como explica el Dr. Hooman Noorchashm, cirujano cardíaco y defensor del paciente:

“Los antígenos virales persisten en los tejidos de los infectados naturales durante meses. Cuando se administra la vacuna poco después de haberse enfermado, o peor aún, mientras la infección está activa, la vacuna desencadena una poderosa respuesta inmunológica que ataca los tejidos donde están los antígenos virales naturales. Sugiero que esta es la causa del alto nivel de eventos adversos y de muertes, que observamos en los recién infectados después de recibir la vacuna”.

A principios de marzo de 2021, los investigadores del King’s College confirmaron la validez de las preocupaciones de Noorchashm. Descubrieron que las personas que ya recibieron la vacuna antiCOVID-19 tienen tres veces más probabilidades de experimentar efectos secundarios de la vacuna que las que no estuvieron expuestas al virus, y esto parece ser cierto tanto para las versiones de ARNm como de ADN de la vacuna.

Según los datos de la aplicación ZOE del King’s College, que ha registrado más de 700 000 vacunaciones, el 35.7 % de las personas que recibieron la vacuna de Pfizer y que se infectaron con anterioridad, informaron de efectos secundarios, en comparación con tan sólo el 12.2 % de las personas que no se infectaron previamente.

En cuanto a la vacuna de AstraZeneca, el 52.7 % de los ya infectados presentaron efectos secundarios, en comparación con el 31.9 % de los no infectados. A pesar de estos riesgos documentados, la FDA aún recomienda la vacuna antiCOVID para quienes tienen inmunidad natural.

Vacuna versus inmunidad natural

El Ministerio de Salud Pública de Inglaterra publicó datos que demuestran que sólo 44 de 6614 personas ya infectadas dieron positivo en la prueba de infección por el SARS-CoV-2 por segunda vez. De esos 44, sólo 15 desarrollaron síntomas, por lo que es muy posible que el resto fueran sólo falsos positivos.

En cualquier caso, el riesgo de reinfección después de recuperarse de un contagio de COVID-19 parece raro, mientras que el riesgo de reinfección es mucho menor que el riesgo de infección al que se enfrentan los que están “vacunados” por completo. Según informó el portal Israel National News, el 13 de julio de 2021:

“Los pacientes que se recuperaron del virus tenían muchas menos probabilidades de infectarse durante la última ola de la pandemia que las personas que recibieron la vacuna antiCOVID.

Los datos del Ministerio de Salud sobre la ola de brotes de COVID que comenzó este mes de mayo demuestran que los israelíes con inmunidad por infección natural tenían mucha menor probabilidad de infectarse nuevamente en comparación con los israelíes que sólo tenían inmunidad por vacunación.

Se detectaron más de 7700 nuevos casos del virus durante la oleada más reciente que comenzó en mayo, pero sólo se registraron 72 de los casos confirmados en personas que se sabía que ya se habían infectado, es decir, menos del 1 % de los nuevos casos. Alrededor del 40 % de los nuevos casos, más de 3000 pacientes, eran personas que contrajeron la infección a pesar de recibir la vacuna.

Con un total de 835 792 israelíes que se recuperaron del virus, los 72 casos de reinfección equivalen al 0.0086 % de las personas que ya estaban infectadas por el COVID.

Por el contrario, los israelíes vacunados tuvieron 6.72 veces más probabilidades de infectarse después de recibir la vacuna, ya que más de 3000 de los 5 193 499, o el 0.0578 %, de los israelíes vacunados se infectaron en la última oleada”.

Imposible que las vacunas antiCOVID tengan un impacto favorable

En un mundo de diversas opiniones y ciencia en constante evolución, ¿quién puede reclamar el derecho a la verdad? Al parecer, la secretaria de prensa de la Casa Blanca cree que el Gobierno de Biden debería tener derecho a la verdad, mientras que al mismo tiempo desinforma al público al afirmar que las vacunas antiCOVID han sido “aprobadas” por la FDA y que cuentan con el respaldo de estudios de seguridad.

Las agencias de salud y sus funcionarios también desinforman al público cada vez que afirman que la inmunidad inducida por la vacuna es mejor que la natural, ya que esto va en contra de todo lo que aprendimos sobre virología. Puede que sea acertado para algunas enfermedades, pero desde luego no puede decirse lo mismo del COVID-19. Hay muchos más datos que sugieren que la vacuna antiCOVID es un riesgo innecesario que proporciona un beneficio insignificante.

Recuerde que los adultos sanos menores de 50 años, los adolescentes y los niños, tienen una probabilidad de hospitalización y muerte por COVID-19 menor a 1 %, por lo que no tienen necesidad médica de recibir esta vacuna experimental. La tasa global de muerte por infección no institucionalizada es de apenas un 0.26 %. Por debajo de los 40 años, es del 0.01 %. Sin embargo, estas probabilidades no constituyen un argumento de peso para el suministro masivo de una herramienta experimental de modificación genética.

Además, los datos demuestran que el riesgo absoluto de las cuatro vacunas antiCOVID disminuye entre un 0.7 % y un 1.3 %. Los índices de eficacia del 67 % al 95 % se refieren a la disminución del riesgo relativo. Dado que el riesgo absoluto que hay que superar es menor que el beneficio que pueden aportar estas vacunas, la vacunación masiva no puede tener un impacto favorable en la población. En términos matemáticos, es casi imposible.

Así que, mientras que el gobierno, los líderes de la salud pública y los defensores de las vacunas insisten en que debemos seguir la ciencia, ellos mismos hacen todo lo contrario. Durante un año y medio, insistieron en que las medidas contra la pandemia, como el confinamiento, uso de cubrebocas y las vacunas de modificación genética, son el único camino a seguir, a pesar de la enorme cantidad de pruebas en contra de todas esas estrategias.

Entonces, no se trata de ciencia. Si así fuera, presentarían estudios que refutaran de forma abrumadora la contranarrativa y que demostraran beneficios tangibles. Pero, ese no es el caso. En su lugar, desatan ataques personales y campañas de desprestigio para disuadir a la población de escuchar cualquier aspecto que no salga de su aparato de propaganda.

El Gobierno de Biden quiere vigilar sus mensajes de texto privados

El Gobierno de Biden ha llegado a proponer a las compañías de telefonía móvil que comprueben la información de los mensajes de texto privados para asegurarse de que los habitantes de los Estados Unidos no compartan hechos inconvenientes con sus amigos y familiares.

La ironía es que, el portavoz de la Casa Blanca, Kevin Munoz, declaró al portal de noticias Politicoque esta medida formaba parte del “firme compromiso del gobierno de mantener la política al margen de los esfuerzos de vacunación”. Las reacciones no se hicieron esperar, tanto por parte de legisladores como de particulares, pero el tiempo dirá si fueron suficientes para que la Casa Blanca reconsiderara su postura.

Tampoco se trata de salud pública, porque si lo fuera, aceptarían la inmunidad natural y no infringirían la ley a cada paso. No, se trata de vacunar a la población mundial, al margen de la ciencia, lógica y sentido común. La pregunta es ¿por qué?

Muchos de mis artículos del año pasado detallaron las pruebas que señalan que esta campaña de vacunación masiva es una herramienta para introducir un nuevo orden mundial de vigilancia, pobreza mundial y eliminación total de las libertades médicas y personales.

Sin duda, el llamado del Gobierno de Biden a censurar, a través de los servicios públicos y de las empresas privadas, a cualquiera que comparta información sobre los riesgos y la falta de beneficios de estas vacunas antiCOVID es parte de esa agenda, y debe rechazarse por motivos éticos, legales y constitucionales.

ACO
A favor de la salud, la justicia, las sustentabilidad, la paz y la democracia.