Por Bocado, Biodiversidad LA, 31 de mayo de 2021.

“Nuestros sistemas alimentarios están fallando y la pandemia COVID-19 está empeorando aún más las cosas”, dijo António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas. Y no cabe ninguna duda: en los últimos 50 años, la capacidad de producir comida del mundo ha aumentado de manera exponencial en un 300% pero  paradójicamente la cantidad de personas que sufren hambre son 820 millones (más de un 10% de la población total del planeta, donde somos 7800 millones de seres humanos). Por otro lado, si bien creció la capacidad de producción, la capacidad de desperdicio acompañó al aumento: el 35% de la comida producida se tira.

La situación de la agricultura en el mundo es complicada, ha admitido Naciones Unidas, pero “la buena noticia es que sabemos lo que tenemos que hacer para corregir el rumbo. Los científicos están de acuerdo en que la transformación de nuestros sistemas alimentarios es una de las herramientas más poderosas para cambiar el rumbo” .

Como parte del camino que ha trazado la Organización de las Naciones Unidas para alcanzar los “17 Objetivos de Desarrollo Sostenible” de aquí a 2030, se puso en marcha un proyecto a realizarse en septiembre de este año: la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios. Esto es, un evento que pretende lanzar nuevas medidas que logren sistemas alimentarios inclusivos y sostenibles.

Este evento parece no tomar en cuenta un órgano de la ONU que existe en Roma desde hace varias décadas. El Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) nació a raíz de la crisis mundial del hambre de los años setenta con el objetivo de catalizar la toma de decisión por parte de gobiernos, sector privado, sociedad civil y otros actores del sistema alimentario con un único objetivo: eliminar la inseguridad alimentaria y la malnutrición.

Actualmente se encuentran en curso las negociaciones sobre el documento de “Recomendaciones de Políticas del CSA sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores”, que comenzaron en los últimos días de marzo de este año y se definirán en los siguientes días en Roma. Están fuertemente impulsadas por la sociedad civil global a través de un extenso trabajo participativo del Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas (MSC). En las negociaciones pueden participar hasta 138 países, pero los que más están contribuyendo al debate son Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Indonesia, México así como la Unión Europea, Suiza, Senegal y Mali. Estas negociaciones gestarán un documento común con gran peso político y podrían avizorar lo que podría ocurrir en septiembre en la Cumbre de Sistemas Alimentarios de Naciones Unidas, donde se espera que se construya un camino para la alimentación, como ocurrió en París contra el cambio climático.

Pero no todos los países están de acuerdo con la agroecología como opción, por el contrario, buscan a toda costa defender el agronegocio. Países agroindustriales como Argentina, Brasil y Estados Unidos demuestran su rechazo y ejercen un fuerte lobby en contra.

De hecho, estos países, intentando defender durante las negociaciones su sistema de producción agroindustrial, han propuesto que se analicen incluso otros enfoques innovadores nacidos del corazón del agro. Durante la segunda ronda de negociaciones, la representación de Argentina presentó un borrador con comentarios y observaciones pro-industria. En contraparte, decenas de organizaciones y más de tres mil personas presentaron una carta abierta al gobierno argentino para exigir que se apunte a “un modelo de agricultura que, en el marco de la diversidad y la producción en armonía con la naturaleza, busque hacer realidad el imperioso derecho humano a la alimentación adecuada y la Soberanía Alimentaria”.

Los modelos en juego, desde dentro

Consultada por Bocado, Magdalena Ackermann Aredes, co-facilitadora del Grupo de Trabajo sobre Agroecología del Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas (MSC) para las relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria de Naciones Unidas (CSA), explicó los puntos fundamentales a tener en cuenta en la actual discusión internacional.

– En este momento se está dando un debate para pensar las políticas relacionadas a la agroecología en Naciones Unidas y en septiembre habrá una cumbre para pensar sistemas alimentarios más sostenibles, ¿qué podría decirnos sobre ambos eventos?

– El Comité de Seguridad Alimentaria de Naciones Unidas (CSA) es la plataforma intergubernamental más inclusiva en materia de seguridad alimentaria y nutrición. En el marco del CSA, se llevan a cabo procesos de convergencia política para acordar sobre documentos que puedan contribuir a la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada para todas, condición necesaria para alcanzar el Objetivo de desarrollo sostenible 2 de erradicar el hambre en el mundo.

Dentro del mismo marco del CSA es que se están negociando las recomendaciones políticas sobre “enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores” desde finales de marzo de este año.

El  Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas (MSC) es un participante activo del CSA, por lo cual viene siguiendo muy de cerca y contribuyendo a este proceso.

Desde el MSC, se abogó por mucho tiempo la necesidad de que el CSA lleve adelante un proceso sobre agroecología, dado que es la realidad y el medio de vida de la mayoría de las personas representadas en los 11 sectores que conforman el MSC.

El  MSC viene compartiendo sus prioridades para este proceso a través de varios medios, incluyendo una sesión informativa pública celebrada el 25 de marzo de este año. El CSA debería reconocer el poder transformador de la agroecología como ciencia, práctica y movimiento e identificar las políticas públicas que pueden promoverla. Este es nuestro mantra. El CSA también debería reconocer el papel central de la agroecología como revulsivo económico para las comunidades locales, y su potencial para mitigar y adaptarse al cambio climático.

Es importante que la agroecología no se reduzca a una coexistencia forzada con otros enfoques insostenibles. Para el MSC, las recomendaciones deberían seguir diferenciando a la agroecología como la vía preferible para la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles que ponen fin al hambre y la malnutrición en el mundo. Las sólidas evidencias desde los territorios lo han demostrado y esto también está respaldado por el análisis del  informe del  Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN ).

Finalmente, pero fundamentalmente, queremos reiterar que, si no se respetan los derechos de los más afectados, no se logrará la transformación de los sistemas alimentarios tan urgentemente necesitada. Es clave que se refleje el reconocimiento de la centralidad de los derechos humanos en cualquier marco que sustente un sistema alimentario sostenible.

Sin embargo, en el marco de estas discusiones y  en el marco de las negociaciones para las Directrices Voluntarias sobre Sistemas Alimentarios y Nutrición, hemos presenciado una tendencia para ofrecer soluciones que siguen en el status quo para “cambiarlo todo sin cambiar nada” en el modelo agroindustrial dominante, que tantos impactos tiene sobre las vidas y la salud de las personas, así como sobre el medioambiente.

Constatamos cómo esta misma captura corporativa de los sistemas alimentarios se viene reflejando en un marco más amplio de la ONU, en particular con la organización de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de la ONU (que tendrá lugar en julio y septiembre de este año). El  MSC también viene alzando la voz sobre sus fuertes preocupaciones sobre cómo se está organizando la Cumbre (con una proposición de gobernanza no centrada en el marco de los derechos humanos) y su contenido sesgado hacia medidas que benefician la industria alimentaria y la comercialización a nivel global y que presentan como “soluciones transformadoras”.

– ¿Hay un lobby que se opone a la agroecología en el marco de estos debates? Si es así, ¿cómo está organizado?

– No hablaría de lobby sino de resistencia por parte de un bloque de países, incluida la Argentina, que basan sus economías en el modelo agroexportador. En un marco donde la prioridad tendría que ser dada a las necesidades de las personas más afectadas por el hambre y la malnutrición, hubo un claro juego de poder por parte de ciertos actores que participaron en las negociaciones con el objetivo principal de defender sus intereses económicos y una inclinación a evitar llamar la atención sobre las responsabilidades de los actores que hoy son parte de los problemas de desigualdad y que son los mayores contribuidores a la emergencia climática.

Esta resistencia se tradujo concretamente en un rechazo a incorporar conceptos como “la necesidad de transformar los sistemas alimentarios”, “modelos insostenibles” y los impactos que éstos tienen sobre la salud humana y planetaria. Las pocas veces en que se incorporaron estos conceptos, también fueron añadidas reservas y matices que debilitaron su fuerza política. Por ejemplo, se aceptó incluir una alusión a la transformación de los sistemas alimentarios, solo si también se mencionaba que actualmente ya existen sistemas alimentarios sostenibles y que no todos deberían de ser transformados.

Para el MSC, es fundamental incluir la referencia a la transformación del sistema alimentario. Porque el sistema alimentario dominante nos está llevando a una crisis social y ambiental, mientras el hambre y la desnutrición continúan en aumento. Como dijo recientemente el exdirector general de la FAO, Graziano da Silva, “lo que hace del hambre un problema político muy complejo es que los hambrientos no están representados.”

Cabe destacar que en los últimos años, los  informes de la FAO sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutrición en el mundo han alarmado sobre el aumento del hambre y la malnutrición en el mundo. Desde 2014, el hambre no ha dejado de aumentar. Al comenzar la pandemia, la FAO estimaba que unos 690 millones de personas sufrían el hambre. Con la COVID-19, a esta cifra se le han añadido aproximadamente 270 millones de personas, es decir seis veces la población de la Argentina.

– En América Latina hay una fuerte organización social de grupos de producción familiar y agricultura campesina, ¿cómo podría hacer ese movimiento para hacer oír su voz?

– Muchas de las organizaciones campesinas y de pueblos indígenas de América Latina (y el resto del mundo) participan dentro del MSC y son ellas mismas que establecen colectivamente las demandas y prioridades a llevar adelante dentro de los procesos de convergencia política dentro del CSA.

El MSC es un espacio abierto y por tanto no tiene miembros formales, sino organizaciones participantes. Toda organización que pertenezca a la sociedad civil y trabaje a favor de la seguridad alimentaria y nutrición puede unirse y hacer oír su voz. De esta manera, puede contribuir a formular políticas al más alto nivel de la gobernanza mundial sobre temas de agricultura, alimentación y nutrición, pero también sobre temas conexos como la igualdad de género, el empoderamiento de los jóvenes, el respeto de las comunidades indígenas, la lucha contra la crisis climática y el deterioro de la biodiversidad, etc.

En cuanto a la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU, el MSC ha impulsado un proceso independiente para responder a su organización y para alzar nuestra voz en contra de la captura corporativa de los sistemas alimentarios. Este proceso está abierto y sigue en curso, por lo que cualquier organización social de agricultura campesina, de producción familiar o que se vea afectada por la captura corporativa en otro ámbito de la vida (por ejemplo de la salud, medio ambiente, género,…) puede unirse a nuestro proceso firmando  nuestro llamamiento abierto.

– Argentina desarrolló la Dirección Nacional de Agroecología, ¿qué otros ejemplos de reconocimiento institucional están habiendo de la agroecología en el mundo?

– El reconocimiento institucional de la agroecología es fundamental. En el marco de las negociaciones que se están llevando a cabo ahora, los ejemplos institucionales ayudan, en particular para poder compartir con otros actores interesados experiencias ya vividas por ciertos países.

México hemos visto que tiene varios ejemplos que favorecen la transición hacia la vía agroecológica, en particular con el compromiso del Gobierno de la Cuarta Transformación en defensa de la vida y del fortalecimiento de nuestro sistema agroalimentario para que sea más justo, más seguro, más sano y respetuoso con el medio ambiente.

Otros países en el continente africano como Cabo Verde, Senegal y Mali también son gran promovedores de la vía agroecológica.

En un marco institucional a nivel internacional, una herramienta clave que existe son los  10 elementos de agroecología de la FAO. Este documento fue aprobado por el Consejo de la FAO en 2019 y reconoce una gran parte de los principios de agroecología expresados y puestos en práctica por las organizaciones campesinas y los pueblos indígenas.

–  ¿Por qué no es viable la postura del agronegocio que sostiene que lo que falta es corregir el sistema vigente a fin de volverlo más sustentable, aplicar buenas prácticas, etc.?

– Hoy en día estamos plenamente inmersos en un modelo de hiperglobalización que ha llevado hacia un mundo más desigual y más hambriento que nunca.

Las empresas agroalimentarias, basadas en el modelo de producción agroindustrial que responde ciegamente a la lógica del mercado y a la optimización de recursos, han crecido en tamaño y poder en las últimas décadas y de manera demasiado frecuente son invitadas “a la mesa” para desarrollar soluciones a los problemas de los que, en realidad, son responsables en gran medida.

El modelo de producción agroindustrial afecta desigualmente a la salud de las personas. Aquellas más marginalizadas son las más afectadas. En el caso de las personas campesinas y trabajadoras agrícolas, por ejemplo, son ellas y sus familias que están directamente expuestas a los agroquímicos. Todo esto crea una paradoja cruel en la que son justamente quienes alimentan al mundo quienes también sufren más del hambre, de la malnutrición y cuya salud está más en peligro. Está demostrado que la agricultura campesina alimenta al menos al 70 % de la población mundial.

Sin embargo, se le ha concedido cada vez más influencia a las grandes corporaciones y multinacionales alimentarias sobre las políticas y prácticas gubernamentales, careciendo a menudo de políticas efectivas de protección contra los conflictos de intereses. Estas grandes corporaciones alimentarias proclaman promover “soluciones” para el hambre y la malnutrición, pero son propuestas que protegen únicamente sus intereses.

Una de las narrativas que impulsan, por ejemplo, es la responsabilidad de los consumidores. Según esta narrativa, el comportamiento individual de cada consumidor es culpable de los desastres medio ambientales y el hambre en el mundo. Lo mismo ocurre con las multinacionales de los carburantes fósiles: el calentamiento global es culpa del consumidor y de los carros que conduce. Esto desvía la atención de la responsabilidad de las empresas y la necesidad de poner en pie instrumentos vinculantes de rendición de cuentas. La transformación necesaria, en cambio, tendría que incluir marcos de regulación para los productos ultra-procesados en cuanto a su promoción, pero también su venta. Esos marcos regulatorios tendrían que incluir leyes de etiquetado interpretativo frontal, regulación de la comercialización o “marketing” de productos comestibles no saludables (como los ultraprocesados), en particular para los niños y adolescentes, y regulación de zonas de venta para esos mismos productos (prohibir la venta dentro y alrededor de las escuelas por ejemplo), entre otros…

En cuanto a las “soluciones verdes” ofrecidas por el modelo agroindustrial, como la intensificación sostenible o la agricultura climato-inteligente, son propuestas que no ponen en cuestión su control y concentración de riqueza, tierra y recursos naturales, ni tampoco el uso de agroquímicos, que tanto impactan sobre la salud humana, pero igualmente sobre el medio ambiente y su biodiversidad.

En última instancia, las falsas soluciones que proponen benefician aún más a aquellos que ya tienen el poder económico (y político), y no permiten una transformación sistémica y estructural hacia sistemas alimentarios sostenibles y justos, basados en la biodiversidad y controlados comunitariamente.

– ¿Ante el colapso sistémico cree que por fin ha llegado el momento para hacer una transición global hacia la agroecología, o aún sigue siendo naive creer que es posible?

– La crisis sanitaria, alimentaria y ambiental por la que estamos transitando pone aún más en evidencia la necesidad urgente de transformar los sistemas alimentarios. La crisis multidimensional ha expuesto y aumentado aún más las desigualdades dentro y entre los países.

La COVID-19 mostró cómo los que alimentan al mundo son los menos capaces de alimentarse a sí mismos porque, para los gobiernos e instituciones, el derecho humano a la alimentación está en segundo lugar frente al libre comercio y los beneficios empresariales. La forma en que gobernamos nuestros sistemas alimentarios puede a la vez empeorar las injusticias existentes y a la vez determinar si y cómo podemos resolverlas. Ante esto, la pregunta más importante que deberíamos hacernos es: ¿quién toma las decisiones y en interés de quién? Esto marca la diferencia entre quién puede y quién no puede satisfacer sus necesidades básicas y, en última instancia, quién vive y quién muere.

A pesar de que de que hay un avance fuerte de las falsas soluciones mencionadas antes sin una restructuración profunda de los sistemas alimentarios, aún creemos que la crisis que estamos viviendo tiene que servir como última alerta para fomentar y apoyar la vía agroecológica.

En particular, porque las evidencias que han compartido las personas desde los territorios han demostrado que la agroecología es resiliente frente a crisis de este porte. Estas evidencias demuestran que la agroecología, al seguir protegiendo los ecosistemas, ha podido seguir alimentando a aquellas personas que dependían de ella, garantizando así también sus propios estados de salud.

Nuestra participación a nivel global se interconecta profundamente con la esperanza de que otra vía sí es posible si seguimos luchando por ella.

– ¿Podría ir el mundo hacia un acuerdo similar al que se hizo con el cambio climático, pero sobre sistemas alimentarios?

– Es fundamental que se avance con acuerdos internacionales en materia de sistemas alimentarios y que estos reconozcan la importancia y urgencia de transformarlos para superar las desigualdades dentro y a través de los países. Actualmente, vemos que los esfuerzos tienen que multiplicarse para que posibles acuerdos se basen en el marco de los derechos humanos, el multilateralismo inclusivo y las instituciones públicas democráticas, elementos fundamentales para que la transformación necesaria. Un ejemplo de esto es el trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, que se viene llevando a cabo dentro del marco de las Naciones Unidas. Su mandato es elaborar un instrumento jurídicamente vinculante sobre “las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en lo que respecta a los derechos humanos”. En particular dentro de los sistemas alimentarios, las violaciones de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos y de la naturaleza son inherentes a las actividades de las transnacionales. De esta manera, este instrumento sería de extrema importancia ya que hoy en día no existe a nivel internacional un instrumento vinculante que obligue a las transnacionales a respetar los derechos humanos. La  Campaña Global para un Tratado Vinculante de las Naciones Unidas para Empresas Transnacionales en materia de Derechos Humanos, viene movilizándose y siguiendo activamente las discusiones de esta línea de trabajo.

Fuente: Bocado

ACO
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