Por Dulce Olvera, Sin Embargo, 03 de mayo del 2021.

José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega, opositores a una mina ubicada al noreste de Sonora propiedad del magnate Alberto Baillères González —quien hace unos días heredó sus negocios a su hijo Alejandro Baillères Gual—, fueron asesinados.

Sus cuerpos, donde se encontraba un cartón con nombres de ejidatarios de El Bajío, fueron hallados el viernes pasado en el municipio de Puerto Peñasco, a una hora de la mina.

José de Jesús había sido desaparecido y golpeado en 2017, en el marco de su lucha contra la minera Penmont, una subsidiaria de Fresnillo dedicada desde 1997 a la explotación de oro a cielo abierto en La Herradura y Noche Buena.

“Es una clara amenaza a nuestra lucha en contra de Minera Penmont, propiedad del millonario Alberto Baillères, que invadió y saqueó nuestras tierras, por lo que fue sancionado desde el año 2014 en que se le sentenció a devolver el oro extraído y remediar el daño”, denunció la organización Ejido El Bajío.

En mayo de 2015 una mina de Penmont derramó cianuro en Caborca, Sonora, y diez años antes la minera Sabinas de Industrias Peñoles derramó sustancias con metales pesados y químicos al arroyo El Canutillo en el municipio de Sombrerete, Zacatecas, y en Ascención, Chihuahua.

Campesinos y ejidatarios acusaron a la Minera Bismark —subsidiaria de Peñoles— de sobreexplotar los mantos freáticos y contaminar los pozos que abastecen a las comunidades aledañas.

El expresidente ejidal asesinado, José de Jesús, denunció en octubre del 2016 la intromisión ilegal en tierras del ejido por parte de Rafael Pavlovich Durazo, tío de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

“Pavlovich Durazo extraía oro de las pilas de lixiviación que la Minera Penmont se vio obligada a abandonar cuando fue desalojada el 13 de junio de 2013”, contextualizó la organización en un comunicado.

El 3 de septiembre de 2017, después de la denuncia contra el familiar de la Gobernadora sonorense, José de Jesús fue detenido y desaparecido. Un grupo de ejidatarios localizaron las camionetas que lo trasladaban. El defensor fue lesionado gravemente y durante tres años estuvo fuera de la zona.

El 12 de febrero de 2018 Raúl Ibarra de la Paz y su esposa, Noemí Elizabeth López Gutiérrez, fueron vistos por última vez con vida.

La organización Ejido El Bajío exigió a la Gobernadora Claudia Pavlovich que “deje de proteger” a su tío Rafael Pavlovich Durazo y permita a la Fiscalía General de Sonora realizar su trabajo.

“Reclamamos tanto al Gobierno de Sonora como al Estado mexicano el esclarecimiento de las muertes de nuestros compañeros José de Jesús Robledo Cruz y su esposa María de Jesús Gómez Vega, así como de las desapariciones de Raúl Ibarra de la Paz y Noemí Elizabeth López Gutiérrez”, requirió.

“También exigimos que se inicie una investigación sobre la amenaza de muerte que sobre nosotros acecha y que se tomen las medidas necesarias para proteger nuestras vidas”, agregó sobre el mensaje que dejaron en los cuerpos de los defensores asesinados.

A sus 89 años, y en medio de una pandemia, el cuarto empresario más rico de México decidió jubilarse. Alberto Baillères González, como en su momento lo hizo su padre, pasó la batuta del imperio de Grupo Bal a uno de los siete hijos que tuvo con su esposa Teresa Gual: Alejandro Baillères Gual, quien se preveía como su sucesor al estar en el Consejo Administrativo de las principales empresas.

Apenas a mediados de abril, la revista Forbes reveló que la fortuna acumulada por los negocios mineros, tienda departamental y de seguros de Baillères asciende a 10 mil 480 millones de dólares, 63.8 por ciento más que los seis mil 400 millones de dólares que poseía en 2020.

El Grupo Bal, del que el llamado “Rey Midas” será presidente honorario, abarca al Palacio de Hierro, las minas Peñoles-Fresnillo,  los seguros Grupo Nacional Provincial (GNP) y la afore Profuturo.

Ese mismo 2015, la organización PODER reveló que Grupo Bal aumentó diez veces su valor en cinco décadas, gracias a los beneficios que el empresario recibió del Gobierno federal vía concesiones mineras.

En respuesta al comunicado del Ejido El Bajío, Minera Penmont emitió un comunicado para lamentar y condenar los asesinatos ocurridos en el municipio Puerto Peñasco, así como la ola de actos delictivos que afectan a Caborca y la región, donde, planteó, se registra el enfrentamiento entre “grupos de algunos ejidatarios” y la “intervención de grupos criminales”.

Pidió a las autoridades investigar para que se haga justicia y rechazó categóricamente insinuación alguna que la vincule de cualquier manera con los actos criminales de este fin de semana.

ACO
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