Por Martín Cúneo, Desinformémonos, 01 de marzo del 2021.

Todas las semanas las personas que se oponían al proyecto de construir una represa en un río sagrado para el pueblo lenca recibían amenazas y cuatro de ellas ya habían sido asesinadas. Para acompañarla, en otra habitación de la vivienda de Cáceres en La Esperanza (Honduras) también dormía el activista ecologista Gustavo Castro.

—¿Quién está ahí? —alcanzó a decir antes de que le dispararan.

Lo dieron por muerto, pero la bala le había rozado un oreja. No fallaron su verdadero objetivo: Berta Cáceres se había convertido, con una gran proyección internacional, en un serio obstáculo para el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, que contaba con el apoyo de la élite empresarial del país y la financiación del Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco de Desarrollo Holandés y el Finnfund.

La policía hondureña intentó endosar el crimen a sus compañeros de lucha, pero la ola de indignación y la repercusión mundial que tuvo el caso terminó de poner las cosas en su lugar: los responsables intelectuales eran los directivos de Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), la compañía responsable de la represa.

Cinco años después, el caso está lejos de ser resuelto. El 2 de diciembre de 2019, siete personas —dos de ellos vinculados a la compañía y cuatro al ejército— fueron declaradas culpables y condenadas por el asesinato de la cofundadora del la Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). Sin embargo, hasta ahora solo el gerente de DESA, David Castillo Mejía, está acusada de ser el “autor intelectual” del asesinato, a pesar de que el informe del Grupo Asesor Internacional de Expertos (GAIPE), señala a otros altos cargos.

Y las autoridades hondureñas no están haciendo lo necesario para garantizar que haya justicia en el caso, denuncia una carta enviada este 1 de marzo a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, por una veintena de organizaciones ecologistas y de derechos humanos. Entre ellas, CEAR, Amnistía Internacional, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Calala, Front Line Defender, Mundubat, Entrepobles o Global Witness.

Frente a los intentos de la defensa de Castilla Mejía de retrasar el proceso judicial, los firmantes piden que la diplomacia española intervenga para que el Estado hondureño garantice “los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación para la familia de Berta Cáceres”. También piden a González Haya que presione al Gobierno de este país centroamericano para garantizar que el proceso contra Castillo Mejía sea “rápido y exhaustivo”, y que cuente con la presencia de periodistas y observadores.

La indefensión de los activistas de derechos humanos, ecologistas e indígenas en Honduras, el país más peligroso para las personas defensoras de la tierra y el medioambiente, según Global Witness, es otro de los motivos de preocupación para estas ONG. Según señalan, Honduras sigue sin firmar el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental, el primer instrumento internacional vinculante que permite la protección de los activistas ecologistas y defensores del territorio. “La firma del Acuerdo sería un primer paso hacia un camino en el que Honduras respete y resguarde el rol de quienes están en el centro de la lucha en contra de la inminente crisis ambiental”, señalan en esta carta.

El reconocimiento del trabajo que realiza el Copinh, la organización a la que pertenecía Berta Cáceres, así como la protección de sus integrantes y la del pueblo lenca, es otra de las peticiones de esta veintena de organizaciones de DD HH y ecologistas para la ministra de Exteriores. Mientras avanzaba la investigación del asesinato de Cáceres, el Copinh presentó hasta 35 denuncias ante la Fiscalía sobre agresiones a la comunidad indígena lenca y ninguna de ellas ha tenido ningún tipo de consecuencia para los supuestos agresores.

El ejército y la élite hondureña

La implicación del ejército en el asesinato de Cáceres, al que pertenecían cuatro de los condenados, está lejos de ser esclarecida. Según Global Witness, el nombre de Berta Cáceres aparecía en una lista negra de las fuerzas armadas poco antes de su asesinato. Un exmiembro de una unidad de élite del ejército hondureño entrenada por EE UU, entrevistado en The Guardian, declaraba que se les entregó una lista que incluía los nombres y fotografías de decenas de activistas sociales “con órdenes de eliminar a todos esos objetivos”. En septiembre, continúa esta ONG internacional, el Copinh descubrió a un espía militar que estaba informando sobre las actividades de la dirigencia del Copinh.

El propio presidente ejecutivo de DESA, David Castillo Mejía, según Global Witness, fue agente de inteligencia militar y empleado de la empresa energética estatal. Este exmilitar,  implicado en diversos casos de corrupción, seguía recibiendo un sueldo del ejército tras haber abandonado la institución.

Según un informe de esta organización de derechos humanos, la empresa DESA tiene también importantes conexiones con la élite económica hondureña. El secretario de la empresa, Roberto Pacheco Reyes, fue ministro de Gobernación y Justicia. El segundo de la compañía, Jacobo Nicolás Atala Zablah, es vicepresidente del banco BAC Honduras e integrante de “una de las familias empresariales más adineradas de Honduras, los Atala”.

La impunidad en el caso Berta Cáceres es una invitación a que las multinacionales recurran a las amenazas, a las agresiones y a los asesinatos como herramientas para deshacer la oposición a los megaproyectos. “La falta de identificación y acusación de todas las personas responsables del asesinato de Berta Cáceres pone en peligro a otros defensores y defensoras y deja impunen a quienen son responsables del crimen”, indican en la carta a la ministra.

Este material se comparte con autorización de El Salto

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