Por Alejandro Calvillo, Sin Embargo, 18 de febrero del 2021.

La disputa sobre glifosato, el herbicida estrella de Monsanto, de uso intensivo en las semillas transgénicas de la misma empresa, fue uno de los motivos que llevó al exsecretario de medio ambiente, Víctor Manuel Toledo, a renunciar. El periódico The Guardian revela cartas internas de 2019, de esa empresa y de la alemana Dupont que la adquirió, dirigidas a las autoridades comerciales de los Estados Unidos para que ese Gobierno presionara al mexicano para que no regulara y prohibiera este herbicida.

Las cartas de Dupont-Monsanto, y de la asociación que fundaron, CropLife, para defender sus intereses, muestran la colaboración con autoridades estadounidenses para presionar al Gobierno mexicano a abandonar sus intenciones de prohibir el glifosato, un herbicida declarado por Naciones Unidas como posible cancerígeno. En las misivas se argumenta que no hay pruebas sobre sus daños al medio ambiente o la salud.

Lo interesante de esto es que el propio Gobierno alemán, hace unos días, ha anunciado el abandono del glifosato para el 2023 por razones ambientales. Es decir, el país donde se encuentra la casa matriz de Dupont, ahora propietaria de Monsanto, máxima promotora del uso del glifosato, acaba de anunciar el retiro de este herbicida para estar prohibido su uso en 2023. La decisión del Gobierno alemán se fundó en sus efectos ambientales. Algo más interesante es que la siembra de maíz transgénico está prohibida en gran parte de la Unión Europea y el glifosato en Francia, Bélgica, Italia, República Checa, Dinamarca, Portugal y los Países Bajos.

Y no sólo eso, en los propios Estados Unidos, donde Monsanto desarrolló el glifosato en los años 70 para convertirse en uno de los herbicidas más utilizados en el mundo, se han presentado decenas de miles de demandas por daños generados por su uso, específicamente cáncer. En junio de 2020, Bayer, propietaria ya de Monsanto, aceptó pagar 10,900 millones de dólares en acuerdos con los abogados de los demandantes. A pesar de aceptar pagar por los daños, Bayer se negó a reconocer que el glifosato es cancerígeno. Con esa estrategia evitó que el caso llegara a los tribunales superiores y que en ellos una sentencia declarara la peligrosidad de este químico. Por otro lado, también evitó, con esta estrategia, ser obligada a informar en las etiquetas del producto que éste puede generar cáncer.

Las presiones al Gobierno mexicano de Dupont-Monsanto no sólo se han dado por el glifosato, también por la decisión de no permitir la siembra de maíz transgénico. Es importante recordar que la Comisión de Cooperación Ambiental del TLCAN, la primera versión de nuestro acuerdo comercial trilateral con EUA y Canadá, recibió el encargó de elaborar un reporte sobre el maíz transgénico. El interés era identificar la seguridad o riesgos del intercambio comercial de maíz en la región y su siembra, teniendo una gran área sembrada de maíz transgénico en los Estados Unidos y siendo México una región que es centro de origen y diversidad de esta semilla. Las recomendaciones del reporte reconocen la necesidad de evitar la contaminación del maíz nativo por el transgénico y la dificultad para evitarlo si se permite la siembra de maíz transgénico en México.

El enfrentamiento al interior del Gobierno de la 4T por el caso del glifosato puso de un lado al entonces Secretario de Medio Ambiente y del otro al Jefe de la oficina de Presidencia, Alfonso Romo, quien en el pasado realizó varias negociaciones con Monsanto y tenía en su grupo de asesores en Presidencia a exdirectivos de Monsanto en la región. Junto a Alfonso Romo se encontró también el Secretario de Agricultura, Victor Villalobos, quien había promovido en 2003-4 en el legislativo mexicano lo que en su momento las organizaciones civiles llamaron la “Ley Monsanto”.

Con Víctor M. Toledo coincidía la directora de Conacyt, Elena Álvarez Buylla, científica que desde la academia desarrolló los estudios más avanzados en nuestro país sobre el maíz transgénico y sus riesgos, realizando el análisis de un gran número de productos en el mercado elaborados a partir del maíz importado de los Estados Unidos, encontrando en la mayor parte de ellos residuos de glifosato.

La poderosa agroquímica Monsanto ya ha perdido batallas legales en México frente a comunidades indígenas de la Península de Yucatán. Esa región es la mayor productora de miel en México, lo que no es poca cosa ya que nuestro país es el tercer exportador de miel a escala internacional. Gran parte de esta producción va a Europa donde se han establecido fuertes límites a la presencia de glifosato en la miel no orgánica y en la orgánica está prohibida tanto cualquier presencia de glifosato como de polen transgénico. Y el mayor valor para miel de la Península de Yucatán está en la orgánica.

La batalla la han ganado las comunidades indígenas frente a los cultivos de soya transgénica de Monsanto que lleva aparejado el uso de grandes cantidades de glifosato. Y no sólo se trata de la presencia de este químico o del polen transgénico en la miel que pone en riesgo sus exportaciones a Europa, existen estudios que señalan que el glifosato impacta negativamente en las abejas, mermando sus poblaciones.

Las cartas reveladas por The Guardian muestran cómo las megacorporaciones mueven a sus gobiernos aliados en contra del interés público, veremos si la administración de Biden continúa amenazando al Gobierno mexicano por sus prohibiciones al glifosato y los transgénicos, especialmente, el maíz. No hay que esperar mucho de la “democracia estadounidense” que ha estado al servicio de las grandes corporaciones.

La elección que Biden realizó para poner a Tom Vilsack al frente del Departamento de Agricultura generó fuertes reacciones de granjeros y organizaciones civiles que lo llaman “Mr. Monsanto” por haber demostrado anteriormente en ese cargo estar del lado de las corporaciones y no de la gente.

El Gobierno de Estados Unidos podrá seguir presionando al mexicano en estos temas, pero las decisiones en otras naciones frente al glifosato y los transgénicos muestran que las medidas tomadas en México forman parte de un proceso internacional para dar fin a un sistema agrícola depredador del ambiente y de la salud.

ACO
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