Por María Elena Camiro y Claudia García por parte de Fundar, Centro de Análisis e Investigación / Alianza Campo Justo, Pie de Página, 09 de febrero del 2021.
Han transcurrido más de once meses desde que en México inició el confinamiento debido a la pandemia por Covid-19, y ni un solo día hemos dejado de consumir productos del campo. Detrás de este trabajo invisibilizado están las manos de mujeres, hombres, niños y niñas que viajan largos trayectos hacia los campos agrícolas, sobre todo al norte del país, para trabajar al rayo del sol y cumplir jornadas extenuantes.
Las personas jornaleras agrícolas ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad y han sido marginadas aún más en el actual contexto, pues no cuentan con el privilegio de parar y, en consecuencia, de cuidar a sus familias y comunidades de los probables contagios. El año pasado, las jornaleras y jornaleros continuaron trasladándose con sus familias a los campos agrícolas en camiones abarrotados, sin la seguridad de un salario y a expensas del libre mercado. Así, al asegurar alimentos para el resto de las y los mexicanos a través de su labor, pusieron en riesgo su salud y en diversas ocasiones, fallecieron en los surcos como resultado.
Fue a partir de este contexto que organizaciones de la sociedad civil y personas jornaleras conformamos la Alianza Campo Justo, retomando la exigencia histórica por una vida digna para las personas trabajadoras del campo. Como primer paso, encontramos una oportunidad en la fijación de un salario mínimo profesional, que año con año se discute en el consejo de representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. En este proceso, los grandes empresarios y políticos ignoraron las voces de nuestros compañeros y compañeras jornaleras y sus exigencias, y desde su lugar, alejados del campo, no dieron espacio a escuchar a las y los trabajadores que hacen posible que millones de familias tengan comida en sus mesas.
Fijar un salario mínimo profesional implica el reconocimiento de una labor que necesita de habilidades especializadas, que son esenciales y que, por esto mismo, necesita de una comprensión de las realidades en las que viven las trabajadoras y trabajadores. La exclusión de quienes conocen de primera mano estas realidades de los espacios de toma de decisión fue un preocupante error del proceso.
Así, el 17 de diciembre de 2020 se fijó un salario mínimo profesional para las personas jornaleras en México. Aunque es importante reconocer este proceso como un paso más en la lucha por una vida digna para las personas trabajadoras del campo, ya que esta población ha sido invisibilizada y olvidada por la política pública de manera sistemática en nuestro país, también es relevante mencionar que el monto establecido ($160 MXN) es aún insuficiente y no concuerda con la importancia de las labores que realizan y mucho menos para cubrir las necesidades de la población jornalera.
Eventos como la huelga por parte de miles de jornaleros en el Valle de San Quintín a principios de enero de 2021, refuerzan la necesidad de revisar las relaciones laborales en el sector agrícola y de revisitar el salario para personas jornaleras, buscando su incremento en lo que resta del sexenio. La situación salarial continúa siendo sumamente precaria para esta población y aún hay mucho trabajo que hacer para poder avanzar hacia la mejora de sus condiciones de vida y garantía de sus derechos.
Comenzamos el 2021 con una mejor comprensión de la pandemia, pero con la misma incertidumbre de su duración y sus impactos en distintos sectores. Por ello, apremia generar políticas públicas que atiendan la salud y el bienestar de la población jornalera, así como generar articulaciones entre distintas dependencias del gobierno para darle solución a todos los problemas que enfrentan.
