Por Milton Gabriel Hernández García, La Jornada del Campo, 21 de noviembre del 2020.

Este ordenamiento oficial empieza reconociendo que el Pueblo, Nación o Tribu Yaqui, asentado en el estado de Sonora, es uno de los pueblos indígenas reconocidos en el país, conformado por las comunidades de “Vícam, Primera cabecera; Pótam, Segunda cabecera; Loma de Guamuchil-Cócorit, Loma de Bácum, Tórim, Ráhum, Huírivis y Belem, todas ellas con una forma de organización, territorio ancestral y gobierno tradicional de conformidad con sus propios usos y costumbres”. Pero no menos importante es que también señala que “el Gobierno de México tiene presente las injusticias cometidas a los pueblos indígenas, por lo que se ha acordado impulsar un Plan de Justicia que atienda los reclamos ancestrales sobre sus tierras, territorio, agua y desarrollo integral”.

El Decreto hace oficial la existencia de la Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo Yaqui, cuyo objetivo es analizar, diseñar y proponer un Plan de Justicia que atienda sus necesidades de tierras, territorio, agua y desarrollo integral. Esta Comisión está integrada por el titular del Ejecutivo, además del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, quién tendrá el carácter de Presidente Ejecutivo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Bienestar, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional, Comisión Nacional del Agua y el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal. Pero también participan los pueblos yaquis, a través de sus gobernadores tradicionales. Esta Comisión, que dependerá directamente del Presidente, celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias cuantas veces sea necesario y estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2024.

Las funciones sustantivas de este órgano son a) Investigar y realizar trabajos técnicos e informativos, encaminados a analizar la situación jurídica y social que guardan las tierras, territorios y aguas del Pueblo Yaqui y, en su caso, de los demás pueblos indígenas reconocidos en el país, así como las condiciones de desarrollo de las comunidades que los integran; b) Solicitar a las dependencias, entidades e instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, que en el ámbito de sus respectivas competencias que les correspondan, aporten información relacionada con el cumplimiento del objeto del presente Decreto; c) Proponer y emitir informes al Titular del Ejecutivo Federal que sirvan como base para la toma de decisiones, tendientes a garantizar la justicia al Pueblo Yaqui y, en su caso, a los pueblos indígenas reconocidos en el país, sobre sus necesidades de tierra, territorio, agua y desarrollo integral; d) Analizar las acciones que sean necesarias para hacer efectivas las medidas de justicia a favor del Pueblo Yaqui y, en su caso, de los pueblos indígenas reconocidos en el país; e) Proponer las acciones de análisis y diseño para el desarrollo integral del Pueblo Yaqui y, en su caso, de los pueblos indígenas reconocidos en el país y f) Solicitar la coadyuvancia de instituciones académicas, instancias de gobierno u organismos de la sociedad civil para sustentar sus informes y propuestas.

Ya en agosto de este año, AMLO había señalado: “es mucha la deuda que tiene México con los yaquis. Vamos a suscribir un acuerdo con ellos porque queremos reivindicarlos, queremos hacerles justicia, porque es mucha la deuda que tiene el pueblo de México con los yaquis, es el acto de injusticia más grande que se cometió durante el porfiriato, los asesinaron los querían exterminar, se calcula que perdieron la vida más de cinco mil yaquis, todo porque querían quitarles sus tierras, por eso los deportaron al sureste, es una vergüenza para México”.

Este Decreto y la palabra empeñada por el Presidente ante sus autoridades tradicionales, han generado una gran expectativa al interior del pueblo yaqui, que ve ahora la posibilidad de empezar a construir una relación distinta con el Estado mexicano, basada en el respeto a su autonomía política, territorial y libre determinación. Ahora, otros pueblos originarios del noroeste que también han estado al borde del exterminio y que durante décadas han resistido al despojo de sus territorios y que viven en graves condiciones de pobreza y marginación, esperan un trato similar por parte del Gobierno de México. En contraste, circulan en las redes sociales diversas expresiones contra los yaquis, externadas por sectores conservadores de las ciudades de Hermosillo y Obregón. Por ejemplo, una vez que el Presidente anunció la creación de la Comisión de Justicia para el Pueblo Yaqui, una persona originaria de Hermosillo, publicó lo siguiente en una red social: “que se deje de tonterías y mejor aplique la ley a los delincuentes de la etnia, para que dejen de estar robando y extorsionando a la gente; ellos seguirán rentando las tierras y vendiendo el agua a los de Obregón y seguirán de huevones”.

Este tipo de reacciones tienen como causa la percepción racista que existe entre ciertos sectores de la población yori (blanca o mestiza) de Sonora respecto de los pueblos indígenas de ese estado, según la cual, se caracterizan por ser flojos, alcohólicos y violentos. Ello refleja que el reto para construir la justicia y la reparación del daño por los agravios cometidos es mayúsculo, no solo para los yaquis, el Estado o el gobierno, sino para la sociedad en su conjunto. •

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