Por La Vaca.org, 28 de diciembre del 2020.

Cinco meses después del allanamiento a Atanor, una de las compañías de agroquímicos más grandes del país, el Juzgado Federal Nº2 de San Nicolás recibió los resultados del informe pericial que realizó el Centro de Investigación de Medio Ambiente de la Universidad Nacional de La Plata (CIMA-UNLP) sobre las muestras extraídas para evaluar científicamente lo que los vecinos vienen denunciando hace seis años, y que ya tuvo eco a nivel internacional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): la contaminación en el Barrio Química, donde los propios vecinos relevaron más de 200 muertes en un radio de solo seis manzanas.

“Mientras estamos hablando, Atanor está contaminando el Río Paraná”, sintetiza a lavaca el abogado Fabián Maggi, del Foro Ambiental de San Nicolás (FOMEA), en representación de los vecinos, sobre lo que implica el informe de los peritos. “Los resultados son escandalosos y nunca vistos, y confirman lo que los vecinos vienen denunciando y ya declararon estas semanas en sede judicial: el vuelco de tóxicos al Paraná y el enterramiento de residuos peligrosos”.

El allanamiento se produjo a mediados de julio, ordenado por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo a instancias del fiscal Matías Di Lello, un mes después de que la CIDH remitiera al Estado argentino las denuncias que los propios vecinos elevaron al organismo internacional, luego de no obtener ninguna respuesta en el ámbito argentino durante todos estos años.

Los resultados

El primer hallazgo del CIMA -un equipo liderado por el doctor en Química Damián Marino- fueron los plaguicidas detectados y cuantificados en muestras de agua. El abogado Maggi precisa que las muestras M1 y M2 del cuadro que se ve a continuación coresponden al conducto de vuelco de efluentes de Atanor sobre el Paraná: “Es el análisis que acredita la contaminación actual que está sucediendo mientras estamos hablando”.

El estudio indica 52,4 unidades de atrazina por litro y de 321,3 unidades de metabolitos de atrazina, un hercibida prohibido por la Unión Europea en 2013. En el informe final, el equipo del especialista Marino recomendó que la toxicidad de los metabolitos sea considerada equivalente a la de la molécula original de atrazina.

Maggi explica: “Para poder evaluar tenemos que pensar que el nivel de protección de la vida acuática es de 3 unidades. Por encima de eso, ya se considera que está en riesgo. Acá hay 52: son 20 veces más. Y en el caso de los metabolitos, son 100 veces más. Es escandaloso”.

El segundo hallazgo refiere a los plaguicidas detectados y cuantificados en muestras de suelos. “Acá se confirma la revelación de las denuncias históricas que hacían los operarios sobre enterramiento de residuos tóxicos”, apunta Maggi. Las muestras M9 y M10 corresponden a esos sitios: el abogado advierte sobre los elevados números registrados de cipermetrina. “Pensemos que en un suelo fumigado, después de que pasa el mosquito, los análisis indican 50 unidades por kilo. Acá tenemos más de 22.000”.

También hay alarma sobre la presencia de trifluralina, otro de los químicos denunciados por sus efectos en la salud: “Es un herbicida peligroso y tenemos 6090 pero medido en miligramos. Si lo transformáramos a las mismas unidades de los otros, son 600.000, lo cual es un despropósito”.

El asco

Atanor pertenece al grupo multinacional Albaugh LLC, con sede en Estados Unidos. En su página web se presenta como “la compañía líder en protección de cultivos”, tras una imagen del Herbifen Advance, que promocionan como un producto “rápido y efectivo” para el control de malezas, además de ser “compatible con todos los glifosatos”. La planta de San Nicolás abarca un área 500 mil metros cuadrados, tiene “108 colaboradores”, y produce herbicidas a base de Ácido 2,4D, Ácido 2,4DB, Ésteres 2,4D y 2,4DB, MCPA, Dicamba, Imazetapir e insecticidas como Cipermetrina y Clorpirifos.

En noviembre de 2016 se produjo un incendio en la fábrica que dos meses atrás había sido clausurada por orden del juez Facundo Puente al comprobar que se arrojaban químicos al Río Paraná. Fue reabierta semanas después para que la Autoridad del Agua (ADA) pudiera extraer muestras, pero el juzgado no dispuso ninguna medida de control: la fábrica siguió funcionando como si las denuncias por contaminación, muertes y enfermedades respiratorias del barrio no existieran.

Uno de los trabajadores que inició las primeras denuncias es Darío Álvarez, 50 años. Comenzó a trabajar en la planta de San Nicolás a fines de los 90. Lo echaron en 2005 por un accidente laboral, y fue uno de los testimonios de la nota de MU enviado como prueba de los reclamos a los expertos de la CIDH. Álvarez contó allí el caso de un extrabajador que relataba los constantes derrames tóxicos que iban al Paraná, el enterramiento de residuos peligrosos y los propios casos de contaminación.

Otro extrabajador, Eduardo Ochoa, declaró en las últimas semanas ante la fiscalía como uno de los diez testigos que brindaron testimonio en los últimos tres meses. Contó que hacía 12 años que trabajaba en Atanor cuando lo despidieron alegando una “reestructuración” mientras la empresa incorporaba personal por la inauguración de una nueva planta de atrazina sólida, aun en medio de las denuncias y de la intervención de la CIDH. Ochoa subrayó que el verdadero motivo fueron sus denuncias por las pésimas condiciones laborales y la contaminación: “Era un asco”, describió, sobre “la cantidad de polución” en toda la fábrica.

Las denuncias le generaron discusiones hasta con el propio sindicato, cuyas autoridades le llegaron a plantear si su intención era “cerrar la fábrica”. Ochoa: “Le dije al Secretario General (Ricardo García) que los hacía responsables de lo que pasara en el barrio Química”. El trabajador describió que, cada vez que se iba de la empresa, para volver a su casa debía subirse a su auto que estaba cubierto de atrazina.

Y dejó constancia de los problemas de salud en el barrio: “Vecinos, muchísimos han muerto de cáncer y en la familia mi tío y mi hermana de cáncer. Mi tío murió de cáncer de esófago y mi hermana murió a los 50 años de cáncer de mama, hígado y cerebro”.

La conducta criminal

Otro de los casos emblemáticos del Barrio Química fue el de Lina Abigail Ramírez: murió a los 6 años por cáncer de pulmón y abdomen. Su familia vivía enfrente a Atanor. La enfermera que la trató fue Mercedes Meche Méndez, del Hospital Garrahan, una especialista que desde el área de cuidados paliativos suele tratar niñes con estos cuadros: la mayoría tienen en común vivir en zonas expuestas a agroquímicos. Méndez también declaró ante el fiscal Di Lello sobre el impacto en la salud de la aplicación de estos “venenos”, tal como remarcó en su testimonio.

Para el abogado Maggi hay suficiente prueba producida para avanzar en la causa: “Esto permite el pedido de indagatoria de los empresarios involucrados de Atanor. También en la imputación de los funcionarios de la Autoridad del Agua y del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), que durante décadas inspeccionaron irregularmente la planta, confeccionaron informes falsos y decretaron que la planta estaba en correctas condiciones”.

El abogado apunta también al fiscal provincial Rubén Darío Giagnorio: “Fue un factor determinante de la impunidad de esta empresa, con participación de encubrimiento y ocultamiento de pruebas”. Menciona como precedente la reciente imputación al exjefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal, sospechado de frenar de forma deliberada la investigación por contaminación de una petroquímica del cordón industrial santafesino.

Por ese motivo, los vecinos tienen expectativas respecto al proceder de la justicia federal para el comienzo de 2021, con el informe del CIMA como un gran aporte.

Maggi concluye: “Es un paso fundamental para demostrar la conducta criminal de Atanor”.

ACO
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