Por Alejandro Calvillo, Sin Embargo, 19 de noviembre del 2020.
A pesar de que la evidencia internacional muestra claramente que comorbilidades como la obesidad, la diabetes y enfermedades cardiovasculares se asocian con un mayor riesgo de complicaciones y muertes por la COVID-19, y de que estas comorbilidades están causadas, principalmente, por un cambio en la dieta generada por un mayor consumo de alimentos ultraprocesados, la gran industria de la comida chatarra y las bebidas endulzadas ha arremetido fuertemente para ocultar su culpabilidad y posicionarse como parte de la solución frente a esta pandemia.
Como presenta el reporte internacional “Enfrentando dos Pandemias. Cómo la Gran Industria de Alimentos daña la Salud Pública en la Era de la Covid-19”, la estrategia de las grandes corporaciones como Nestlé, Coca-Cola, Pepsico, entre otras, comprende: una fuerte inversión en publicidad de las “acciones de solidaridad” que realizan, donde es mayor la inversión en presentarse como solidarios que la inversión misma en el acto publicitado; llevar y entregar sus productos como actos filantrópicos de ayuda a las poblaciones vulnerables, como si se tratara de productos esenciales, cuando se trata de alimentos no saludables; presentarse como preocupadas por la salud mientras bloquean y cabildean en contra de políticas de salud para enfrentar estas comorbilidades.
Aprovechando las medidas de confinamiento, publicitan sus productos como una opción que lleva felicidad a los hogares, como productos asociados a la esperanza y la solidaridad, utilizando diversas estrategias de promoción. En este tiempo de cuidados y desinfección, presentan la seguridad de sus productos como si se trataran de “alimentos saludables”. Promocionan sus productos como esenciales para el hogar y las familias. A través de sus acciones de “filantropía” se asocian y crean alianzas con autoridades y organizaciones civiles para ponerlas del lado de sus intereses.
Los casos varían de acuerdo a los países reportados, pero tienen una misma lógica: el llamado “nutriwashing”. El concepto surge como un sinónimo de “greenwash” que utilizan las corporaciones que dañan el medio ambiente y realizan campañas de lavado de imagen para presentarse como preocupadas y actuando en favor del medio ambiente. En el “nutriwashing” las corporaciones de la chatarra que dominan gran parte del mercado mundial de alimentos con productos con excesos de azúcares, grasas, sal y una gran cantidad de otros “ingredientes cosméticos” (colorantes, saborizantes, endulzantes, texturizadores, etc) se presentan como si estuvieran preocupadas y actuando a favor de la salud.
La pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 viene a evidenciar un daño mayor al conocido por el deterioro de la dieta expresado de antemano en una epidemia global de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. La pandemia debería obligar a políticas extraordinarias dirigidas a mejorar la alimentación de la población, buscando reforzar su sistema inmunológico. Los alimentos ultraprocesados tienen la característica de generar procesos inflamatorios que debilitan el sistema inmune. Teniendo la certeza de que la pandemia se prolongará durante meses, una alimentación saludable durante un par de meses puede mostrar mejorías en varios indicadores asociados a estas enfermedades no transmisibles y fortaleciendo el sistema inmune. Sin embargo, el poder de las grandes corporaciones y sus estrategias han bloqueado esta posibilidad e, incluso, favorecido el aumento en el consumo de alimentos y bebidas no saludables.
En el documento “Enfrentando dos Pandemias” se documentan las estrategias de estas grandes corporaciones no sólo para no salir perjudicadas por la pandemia, al evidenciarse su responsabilidad en las comorbilidades asociadas a un mayor riesgo de muerte por la COVID-19, sino para aprovecharse de la situación creando la imagen de ser parte de la solución e incrementar, incluso, sus ganancias. Mientras tanto, los daños a la salud crecen por alimentos y bebidas no saludables y se incrementa el riesgo frente a la COVID-19.
En México, las grandes corporaciones de la chatarra y las bebidas endulzadas no han tenido éxito con el Gobierno federal para lanzar programas público-privados en respuesta a la pandemia, pero lo han hecho a escala estatal y municipal. El “nutriwashing” lo han implementado con publicidad a las donaciones que han hecho de sus productos o a entregas que realizaron de equipo médico. Estas grandes corporaciones pretendieron aprovechar la llegada de la pandemia para retrasar y bloquear, con fuertes presiones, la entrada en vigor del nuevo etiquetado frontal de advertencia en sus productos.
La campaña con mayor inversión en México de estas corporaciones viene de la empresa con el mayor daño en salud: FEMSA Coca-Cola. La estrategia de la refresquera que ha convertido a los mexicanos en los mayores consumidores de sus productos en el mundo, se centra en exponer su “compromiso” con las tienditas de barrio, se puede decir que es un caso de “socialwashing”. Con una pauta intensa en redes sociales y televisión, la campaña conducida por “Sopitas”, quien ha participado en otras campañas de la empresa en el pasado, llama a realizar las compras en las tiendas del barrio. Los reportes de Coca-Cola informan que la empresa cuenta con alrededor de 1.5 millones de puntos de venta en México, la mayor parte de ellos, pequeñas tienditas familiares que se distribuyen por todo el territorio mexicano. La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), organismo manejado por la refresquera, ha informado que en julio pasado ya se habían cerrado 150 mil pequeñas tienditas a causa de la pandemia. Esta cantidad es aún menor al número de tienditas que se considera han cerrado por el establecimiento de alguna tienda Oxxo en las inmediaciones, tiendas de propiedad de FEMSA, en la cual Coca-Cola tiene importantes acciones. Como en el caso de la salud, aquí también hay un doble discurso: se dice que hay preocupación y que se actúa para la protección de estos establecimientos, mientras se mantiene una política expansiva de las tiendas de conveniencia Oxxo que provocan cierres masivos de estas pequeñas tienditas.
Volviendo al “nutriwashing”, a escala internacional, inmediatamente después que la Organización Mundial de la Salud declaro la pandemia, las grandes corporaciones globales de los ultraprocesados lanzaron sus estrategias de lavado de imagen realizando alianzas con gobiernos y organizaciones civiles. La estrategia se centró en presentarse como un actor importante en la respuesta a la pandemia, aprovechándose de ella para fortalecer alianzas con las autoridades y actores civiles, neutralizando cualquier medida que pudiera afectar su imagen.
Se está haciendo un llamado internacional a que las políticas públicas: regulen los programas de asistencia alimentaria con el fin de garantizar la distribución de alimentos saludables; incorporar el derecho humano a la alimentación saludable en las políticas, en especial, el acceso a alimentos que nutran y no a productos que carecen de valor nutricional y contienen excesos de calorías; desarrollar políticas de alimentación saludable basadas en evidencia enfrentando las epidemias de obesidad y diabetes; implementar de manera efectiva etiquetados frontales de advertencia en los productos que permitan a los consumidores realizar elecciones más saludables; prohibir la publicidad y promoción de alimentos y bebidas no saludables, particularmente, la dirigida a la infancia, y aumentar impuestos a los productos no saludables para transferirlos como subsidios a la promoción y distribución de verduras, frutas y granos integrales; adoptar marcos legales para impedir la interferencia de la industria cuando el conflicto de interés puede afectar las políticas de salud pública.
El llamado se extiende a las organizaciones de la sociedad civil para: monitorear y exponer la interferencia de las grandes corporaciones de los ultraprocesados en los procesos de diseño de las políticas de salud pública y en la protección del derecho a una alimentación adecuada; demandar que el Gobierno sea transparente en su relación con el sector privado y promover regulaciones para evitar el conflicto de interés; continuar llamando la atención sobre el papel que las corporaciones de los alimentos y bebidas ultraprocesados han jugado en provocar las epidemias de obesidad y enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta, y su relación con la mortalidad que estas enfermedades han venido provocando.
