Por Dulce Olvera, Sin Embargo, 25 de octubre del 2020.
“La adulteración de quesos con grasas vegetales es un asunto que al menos desde el año 2000 fue reportado por el laboratorio de Profeco que ocurría en una muy larga lista de marcas”, dijo Paulina Magaña, coordinadora de Salud Alimentaria de El Poder del Consumidor. En contraste con la omisión e inflexibilidad jurídica en México, en 2010 la empresa Danone fue multada con 21 millones de dólares en Estados Unidos por la Comisión Federal de Comercio por publicidad engañosa en su yogur Activia y Actimel al presentarse como productos que supuestamente ayudan a aliviar la digestión.
El titular de Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, ha dicho a la prensa que con el caso de los supuestos quesos y yogures se aplicó por primera vez la nueva Ley, publicada en julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en sustitución de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización de 1992. Estos días las empresas afectadas acudieron a audiencia ante la instancia para resolver las irregularidades y de los más de 20 quesos sancionados, 19 y un yogur pudieron regresar al mercado.
“No siempre tuvo que ver la voluntad de las autoridades sanitarias, sino cómo estaba estructurada la Ley. Ahora está mejorando para que facilite y acelere el proceso desde que detecten incumplimiento de normas para retirar el producto”, dijo Ana Larrañaga, nutrióloga de ContraPESO. “El Procurador Sheffield comentaba que antes cuando detectaban que un producto de mercado estaba siendo engañoso para los consumidores, primero se llegaba a un litigio con la marca y, hasta que se resolvía lo legal, se podía retirar. Pero mientras ya un importante número de consumidores lo habían comprado bajo esquemas de información engañosa o que incumplían con lo que decían las normas”.
“En la medida en que las autoridades sanitarias sigan aplicando lo que se establece en la Ley, se incentivará a que las industrias realmente lo cumplan porque hasta ahora tenemos muchos casos de incumplimiento que no se sancionaban o no se retiraban del mercado, y continuaban sucediendo porque no había consecuencias”, aseguró Larrañaga ejemplificando con yogures que se venden como saludables con probióticos que mejoran la digestión… con exceso de azúcar. “Las industrias van a pensar dos veces antes de sacar un producto al mercado que no cumple o revisarán con mayor detenimiento las normas”, agregó, por ejemplo, cuando publicitan barras con frutas atractivas, aunque solo un 1 por ciento del producto contenga mermelada.
Katia García, coordinadora de políticas alimentarias de El Poder del Consumidor, coincidió en que este Gobierno federal refleja “un compromiso mayor” hacia el derecho a la información en comparación con otras administraciones, donde “había influencia y relación” con la industria de alimentos y bebidas.
“Se estaba violando nuestro derecho a la información. Como consumidores tenemos derecho de conocer y saber lo que estamos comiendo. Y lo que recibíamos de estas empresas con engaños era una alimentación con nutrimentos, aditivos o conservadores que pueden ponen en riesgo nuestra salud”, expuso García.
Para la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) la prohibición de comercializar productos que no cumplen normas fue causa de asombro al ser “inusual” y “radical”. Antes, expuso el director Cuahtémoc Rivera, lo que hacía Profeco solo “eran advertencias, señalamientos, amonestaciones o algún tipo de multa”.
“Si la Profeco va empezar a actuar y poner en orden el mercado, si es un renacimiento de la Profeco, qué bueno. El mercado desde siempre debió estar regulado. Con este precedente, lo van a tener que hacer de manera sostenida, porque si solo se lo hacen a los quesos, se notará que hubo una intencionalidad”, aseveró. “Da ventaja al que compra y, al final del día, todos somos consumidores”. Al haber competencia entre productos, Rivera descartó que afecte a la oferta e ingresos de los tenderos.
LA PRESIÓN QUE SE VIENE
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró la semana pasada que el neoliberalismo implicaba “cero regulación”, pero eso no es lo suyo. “No es propósito perjudicar a las empresas, nada más que tenemos que cuidar la salud del pueblo. Hay mucho fraude. No usan los alimentos que se deben de utilizar para hacer esos productos chatarra, hay muchos productos químicos o adulterados”, aseguró. Aunque reconoció que no debe generalizarse porque hay compañías de la industria alimentaria que cuidan la calidad de lo que producen, hay otras que no por “la ambición al dinero y a la utilidad”.
México ocupa el primer puesto en la región latinoamericana en ventas anuales per cápita de productos ultraprocesados con 214 kilogramos, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO). ConMéxico, que agrupa a las empresas líderes en alimentos y bebidas procesadas como Bimbo, Gruma, Herdez, Nestlé, Sigma, FEMSA, PepsiCo, llena el 60 por ciento de una canasta alimentaria y de productos de higiene de un hogar mexicano con más de mil marcas y 52 mil productos, presume en su sitio oficial.
Sus socios, como Alpura, La Costeña, Kellog’s y Jumex, representan el 3.5 por ciento del PIB, generan medio millón de empleos directos y 2 millones 300 mil indirectos, y ocupan el primer lugar en ventas nacionales incluso por encima del sector automotriz. Adquieren el 50 por ciento de la producción agropecuaria del país, “llegan a donde nadie más llega” a nivel nacional y mensualmente abastecen a más de un millón de puntos de venta desde mayoristas, autoservicios hasta tienditas.
Y, junto con otras cámaras comerciales, también representan la principal oposición contra políticas públicas de salud como el etiquetado nutrimental claro (NOM-051) y la prohibición de venta de chatarra a menores de edad a través de cabildeo en el Congreso y acudir a estrados judiciales, de acuerdo con “La interferencia de la industria es nociva para la salud”, informe publicado en septiembre por El Poder del Consumidor junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
En el documento se señala a ConMéxico, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la Cámara Nacional de la Industria (Canacintra), la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPAC) y la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (Canainca) como las más visibles. Entre los amparos promovidos contra el etiquetado claro figuran los de la Concamin, Ferrero, Coca-Cola y Unilever.
“Ya hemos empezado a ver algo de eso [ahora con la Ley de Infraestructura de Calidad]”, observó Ana Larrañaga de ContraPESO. “Se necesita de la cooperación de la industria en reconocer cuando están incumpliendo. La oposición la seguiremos viendo, pero en la medida en que las sanciones continúen, no tendrán de otra. No es opcional, es para proteger a los consumidores de engaños”.
Frente a la prohibición inmediata de la distribución de ciertos quesos y yogures ordenada por el Gobierno federal, Lala, Danone y Fud –tres miembros de ConMéxico– manifestaron su rechazo al argumentar que cumplen con las normas oficiales mexicanas. “Trabajamos todos los días para elaborar alimentos nutritivos de calidad que generen bienestar a las personas durante todas las etapas de la vida”, dijo Grupo Lala. Mondeléz Internacional, productora de Philadelphia, Oreo, Tang, entre otras, acusó que el señalamiento “infundado” daña la reputación de su marca.
Katia García, de El Poder del Consumidor, dijo que la industria puede argumentar y estar en contra de estas políticas, “pero es parte de la obligación del Gobierno mexicano en cuanto a verificar que las leyes y los reglamentos se estén llevan a cabo para velar nuestro derecho a la información y a la salud”.
Si bien la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec) se comprometió a documentar el debido cumplimiento de la normatividad vigente de sus socios, la Federación Mexicana de Lechería (FEMELECHE), que agrupa a 40 mil lecheros independientes, celebró que se ponga en orden el mercado para evitar competencias desleales.
“La entrada en vigor este año de las Normas Oficiales Mexicanas 022 (leche en polvo) y 223 (quesos), que establecen las especificaciones para la composición, contenido nutrimental y la información que deben presentar al público estos productos, son un gran avance para que el consumidor tenga la certeza de que lo que está comprando es realmente el producto que se le ofrece y que cumple con los valores nutrimentales adecuados para su salud”, dijo su presidente, Vicente Gómez Cobo, quien agradeció el compromiso de la Secretaría de Economía y de Agricultura.
