Por Fabrice Edouard Oficial de Agricultura y tenencia de la Tierra, Centro de Inversiones -FAORoma Francisco Pichon Gerente de Programas, División de América Latina y el Caribe, FIDA Lina Pohl Representante FAO en México, La Jornada del Campo, 18 de julio del 2020.
Los bosques son ecosistemas de vital importancia para muchas comunidades locales que dependen del aprovechamiento de sus recursos. México cuenta con 65.7 millones de hectáreas de bosques que abarcan casi el 34% del territorio nacional. Alrededor del 60% de estos bosques pertenecen a ejidos y comunidades indígenas, donde habitan 11 millones de personas, de los cuales casi 90% viven en localidades altamente marginadas.
Por sí mismos, las comunidades indígenas controlan alrededor del 40% de estos bosques y han logrado conservar las áreas con mayor grado de biodiversidad en el país. Las zonas áridas y semiáridas ocupan el 30% del territorio nacional, principalmente localizadas en el norte del país donde los ejidos y comunidades mantienen su economía a través del aprovechamiento de los recursos forestales no maderables endémicos, como la candelilla, las palmas, los magueyes, orégano, sotol y otras fibras naturales.
Las comunidades indígenas y ejidos forestales y del semi-desierto son entidades territoriales reconocidas por el Estado mexicano con facultades legales para gestionar los recursos naturales que se encuentran en sus territorios. El gobierno, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), ha canalizado inversión y asistencia técnica a las comunidades y ejidos forestales para fortalecer sus capacidades de organización, planeación y técnicas para el aprovechamiento sustentable de los bosques y matorrales, y robustecer su potencial para la generación de servicios ambientales, vitales para el resto de la población. Las comunidades forestales constituyen el primer frente de lucha contra los incendios, que junto a la gran labor realizada por la Conafor protegen de esta manera los espacios naturales y las ciudades, ahí mantienen conocimientos ancestrales y desarrollan innovaciones sobre el uso sostenible de una gran diversidad de especies, entre éstas, las plantas medicinales. Los bosques aseguran también el hábitat de los animales silvestres cuyo acercamiento a la población urbana representa, para algunas especies, uno de los factores de riesgo involucrados en la aparición del COVID 19 y de otras enfermedades transmisible a los seres humanos por los animales.
Actualmente, existen 2,943 ejidos y comunidades con aprovechamiento forestal autorizado legalmente de los cuales 1,400 están constituidos como empresas forestales comunitarias (EFC) para producir y comercializar productos maderables y no maderables que cumplen con estándares nacionales e internacionales de manejo sostenible, generar fuentes de agua para la agricultura y el consumo de las ciudades, así como cultivar frutas y verduras de alta calidad. Proveen también materia prima para la fabricación de muebles, la industria química, laboratorios farmacéuticos o las fábricas de papel. Prácticamente un cuarto de estas EFC, ofrecen también servicios de ecoturismo, cada vez más demandados por ciudadanos mexicanos y extranjeros. Las utilidades de estas empresas financian el desarrollo de servicios para el conjunto de los habitantes, invirtiendo junto con el Estado en el mejoramiento de las escuelas, los centros de salud, los caminos y el financiamiento de pensiones para los adultos mayores.
El auge de las EFC refleja la solidez del capital social de las comunidades, especialmente aquellas con tradiciones indígenas. El marco legal y los apoyos institucionales proporcionados por el Gobierno han contribuido al fortalecimiento de prácticas democráticas y formas tradicionales de organización social, así como al desarrollo de sus propias empresas.
La nueva visión de la Conafor se ha traducido en un arduo trabajo para fortalecer estas comunidades en el manejo de los recursos forestales, que enfrentan la emergencia sanitaria en difíciles condiciones. Afrontan un flujo migratorio de regreso a las comunidades de origen por parte de quienes han perdido sus fuentes de ingreso en las ciudades. Se encuentran generalmente aisladas, con servicios de comunicación escasos, lo que en la actualidad vuelve difícil el transporte de personas, enfermos, mercancías y medicinas. El acceso a medios de comunicación es limitado y el conocimiento de los pobladores de estas comunidades sobre los peligros reales ligados al Covid 19 es parcial.
Debido a la emergencia sanitaria, muchas EFC no operan u operan en forma limitada y la actividad de ecoturismo está detenida. La falta de ingresos proviniendo de las empresas comunitarias y de la disminución del volumen de las remesas que enviaban los familiares de los Estados Unidos deja a la población de estas comunidades en una situación de mayor vulnerabilidad a corto y mediano plazo.
Gracias al anticipo a las transferencias de las Secretarias de Bienestar y de Trabajo a los adultos mayores, madres solteras y jóvenes becarios, la población cuenta con liquidez indispensable para resolver sus necesidades urgentes. La mayor fortaleza de estas entidades de gestión territorial reside en la organización comunitaria, la solidaridad y sus empresas económicas que generan las principales fuentes de ingreso y protección social para sus miembros. Fortalecer los apoyos canalizados a través de la Conafor contribuiría a mitigar la situación de vulnerabilidad de estas comunidades.
Incluso es conveniente aprovechar este periodo de crisis para generar resiliencia y desarrollar experiencias y mecanismos de transferencia de apoyos y créditos a las empresas comunitarias, con el fin de asegurar su funcionamiento y probar mecanismos innovadores de los que carece actualmente a nivel planetario el sector forestal. México tiene la capacidad de ser un ejemplo para proveer diferentes apoyos directos y líneas crediticias agiles y proteger la producción legal de madera mexicana proveniente de fuentes sustentables durante el periodo de reactivación de la economía. Una oportunidad en el desarrollo de inversiones público/privadas que se enfoquen en la protección de los derechos humanos con múltiples beneficios para todos los sectores.
