Por Miembros de organizaciones, académicos e intelectuales, Biodiversidad LA, 15 de julio del 2020.

INTRODUCCIÓN

En los últimos diez años, el nexo existente entre cambio climático y derechos humanos se ha convertido en una suerte de consenso en el plano internacional, no solo en cuanto al régimen legal que atañe al cambio climático, sino también al régimen internacional de los derechos humanos [1]. En tal sentido, no queda duda de que los impactos adversos de la crisis climática amenazan una amplia gama de derechos, entre otros, el derecho a la vida, alimentación, vivienda, salud, agua y el derecho a un ambiente sano [2]. Los ecosistemas afectados por el cambio climático, generan a su vez mayores riesgos a los sistemas humanos que dependen de su integridad, afectando así el disfrute de otros derechos [3].

El riesgo de daño es particularmente alto para aquellos segmentos de la población ya marginados o en situaciones vulnerables como mujeres, niños, pueblos indígenas, personas con discapacidad y personas que viven en zonas rurales o que, debido a la discriminación y las desigualdades preexistentes, tienen acceso limitado a la toma de decisiones o recursos [4]. Según el informe de 2018 del Panel Intergubernamental» de Cambio Climático, [5] la realidad muestra que la reducción de las emisiones de gasesplasmadas en los compromisos de las Contribuciones Determinadas  Nacionalmente, [6] no limitarían el calentamiento global a 1.5°C, incluso si estas se complementan con incrementos considerables en la escala y la ambición de las reducciones de emisiones después de 2030. Por ende, resulta imperativo reducir las emisiones de CO2 mucho antes de 2030 [7]. A pesar de esto, no se aprecian indicios de que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero se hayan reducido, por el contrario, las emisiones mundiales de CO2 del sector energético y la industria aumentaron en 2017 después de tres años de estabilización [8]. Las emisiones mundiales para el 2030 deben ser aproximadamente un 25% y un 55% más bajas que en 2017 para que se limite el calentamiento del planeta a 2°C y 1,5°C, respectivamente [9].

Si la temperatura promedio global aumentara a más de 1,5°C, las consecuencias serían devastadoras, sobre todo para las millones de personas que viven en situación de pobreza, quienes incluso en el mejor de los casos, enfrentarán inseguridad alimentaria, migración forzada, enfermedades y muerte, amenazando así el futuro mismo de los derechos humanos y arriesgando deshacer los últimos cincuenta años de progreso en materia de desarrollo, salud mundial y reducción de la pobreza [10]. Al ritmo que avanza la dependencia con el sector privado para solucionar la crisis climática, el escenario de un apartheid climático en el que los ricos pagan para escapar de los impactos climáticos, el hambre y los conflictos, mientras que el resto del mundo sufre, se podría tornar una realidad, según afirma el Relator de Naciones Unidas sobre Pobreza Extrema en su último informe [11]. Por su parte, la Comisión Global sobre Adaptación, en su informe más reciente, estableció que sin adaptación, el cambio climático puede reducir el rendimiento de la agricultura mundial hasta un 30% para 2050, afectando de manera más grave a las 500 millones de pequeñas granjas de todo el mundo; también establece que aumentará de 3.600 millones de personas que hay en la actualidad que carecen de agua suficiente, a más de 5.000 millones en  2050. Por otro lado, se verán obligadas a abandonar sus hogares millones de personas que viven en ciudades costeras debido al aumento del nivel del mar y a la frecuencia de las tormentas, estimando un costo de más de 1 billón por año para el 2050. Además, el informe prevé que se deberán insertar 100 millones de personas dentro de los países en desarrollo, encontrándose estas por debajo de la línea de pobreza para el 2030 [12].

De acuerdo al Índice de Riesgo Climático Global que indica el nivel de exposición y la vulnerabilidad a los fenómenos climáticos extremos y los datos socioeconómicos asociados a ellos, varios países provenientes de América Latina y el Caribe han sido gravemente afectados por desastres climáticos como huracanes e inundaciones, cuya severidad y frecuencia es atribuible al cambio climático [13]. En el período de 1998 a 2017, los países que encabezaban las listas de los más afectados a nivel global eran Puerto Rico, Honduras, Haití y Nicaragua, mientras que los más afectados durante el 2017 fueron Dominica y Perú [14].

Así mismo, el mundo se conmocionó al ver los miles de focos de incendios en la Amazonía brasileña, boliviana y paraguaya en agosto de 2019, cuyas causas y consecuencias, si bien múltiples, son similares en todos los casos: efectos vinculados al cambio climático. Este contribuye a hacer más frecuentes los cambios súbitos del clima a nivel local, jugando un rol importante en las sequías severas, por ejemplo, durante el denominado fenómeno del Niño y en ocasión del calentamiento del Océano del Atlántico Norte. Esto, sumado a una alta tasa de deforestación histórica (por el cambio de uso del suelo) que juega un papel protagónico en la desertificación de suelos [15]. Las emisiones de carbono que se producen producto de la quema masiva de bosques, como en el caso de la Amazonía, son significativas, y aceleran el proceso de retroalimentación asociado al cambio climático [16]. En ese sentido, es necesario recalcar que los pueblos indígenas que habitan la Amazonía son los más afectados, especialmente debido al desplazamiento forzado de sus comunidades, pérdida de tierras de subsistencia y el grave riesgo de que aquellas comunidades indígenas en situación de aislamiento, como los Awá del territorio indígena de Arariboia en la Amazonía de Maranhão, puedan desaparecer [17]. A raíz de esto, es preciso remarcar la importancia de los pueblos indígenas amazónicos en su vinculación con el fenómeno del cambio climático. Estos no son grupos pasivos que no aportan a la discusión o a la implementación de conductas para la protección de ecosistemas, sino por el contrario, éstos comparten ideas y prácticas innovadoras, que, desde un enfoque de derechos, pueden ayudar a enfrentar la crisis climática. Por ejemplo, varias agrupaciones de organizaciones indígenas amazónicas buscan promover la gobernanza y la gestión bio-regional e indígena de la región amazónica de Ecuador y Perú, dentro de una iniciativa denominada «Cuencas Sagradas: Territorios de Vida».

En esta iniciativa, a través del manejo y administración ancestral de estos territorios, buscan dejar los combustibles fósiles y recursos minerales en el subsuelo y con ello retener alrededor de 3.800 millones de toneladas métricas de carbono.

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Fuente:  Heinrich Böll Stiftung

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