Por Diego del Bosque, El Soberano, 13 de julio del 2020.
Ciertamente, hay una serie de asuntos que generan consensos entre amplias capas de la sociedad: proteger especies en peligro de extinción, transitar hacia energías limpias, ser cuidadosos con el agua, darle un manejo adecuado a los residuos sólidos, etc. Sin embargo, hay muchos temas en los que se dificultan los acuerdos ya que aparecen diferencias entre los intereses de unos pocos y de las grandes mayorías.
El neoliberalismo en México significó un pacto entre el poder económico y el poder político, que impuso los intereses de empresas privadas nacionales y extranjeras por encima de los derechos de comunidades, de la población en general y del medio ambiente. Así, se concesionó casi la mitad del territorio nacional a empresas mineras; se permitió que empresas de energías “limpias” dividieran y despojaran de sus tierras a comunidades campesinas y se beneficiaran de condiciones ventajosas a costa de la CFE; y que las industrias contaminaran a su antojos mares y ríos. Adicionalmente, se avaló que el “mercado” impusiera, a través del control del comercio y campañas ilimitadas de mercadotecnia, un modelo de alimentación basado en comida chatarra con nulas aportaciones nutricionales, causante de la obesidad y diversas enfermedades que ocasionan en el país casi 300 mil muertes al año. Este mismo sistema alimentario provoca la pérdida de una tercera parte de los alimentos que se producen, mientras que nueve millones de mexicanos comen una vez cada tres días; el absurdo.
Por eso es tan raro ver que empresas como Coca Cola o Bimbo participen en las ferias ecológicas y que ganen premios a innovación ambiental. Estas corporaciones no solo secan los pozos de agua y generan enfermedades terribles con sus productos chatarra; sino que tienen el descaro de lavarse la cara con el discurso verde y hacerse pasar como amigos de la naturaleza y el futuro.
No se puede combatir el deterioro ambiental sin combatir el modelo económico absurdo en el cual las ganancias privadas de unos cuantos son más importantes que la salud y el derecho a un ambiente sano de todas las personas. En ese sentido, desde la Semarnat se están dando batallas importantes en contra de las empresas contaminadoras nacionales y extranjeras para defender la salud de los mexicanos.
Una de las luchas más relevantes es en torno a la prohibición de la importación de 67 mil toneladas de Glifosato por parte de la Semarnat. Este herbicida fue comercializado por primera vez en los años 70 por Monsanto, y desde entonces miles de artículos científicos han sido publicados y han mostrado su efecto negativo para la salud humana. Por esto, esta sustancia –el herbicida más usado de la historia- ha sido prohibido en muchos países. Es hasta ahora que la secretaria encargada de cuidar nuestra salud y nuestro ambiente ha decidido prohibir su importación y producción en México para frenar su uso.
Aunque ganamos el Gobierno en la elección de 2018, los poderes facticos siguen ahí y los dueños del dinero no se han quedado de brazos cruzados ante esta importante acción en favor de la salud de todos, pero que toca poderosos intereses privados. Ya están cabildeando con todo para que Semarnat desista y permita la utilización de este herbicida; han incluso montado una campaña de desprestigio en contra de la secretaria y de su titular, el gran académico y activista Dr. Víctor Manuel Toledo.
Tenemos que respaldar estas acciones para seguir combatiendo el contubernio entre el poder político y el poder económico. Para esta Secretaría, ahora pesan más los intereses de comunidades, jornaleros, población en general y el medio ambiente que la ambición desmedida de imperios económicos transnacionales. La protección de la vida y el medio ambiente van en serio en la 4T.
