Por Cristina Barros, La Jornada, 16 de mayo del 2020.
El Covid-19 ha dejado en México una tasa de mortalidad mayor en porcentaje a la de otras naciones, así como muertes de jóvenes. Esto no es común. Las personas que han fallecido tuvieron complicaciones debidas a obesidad y a diabetes, ambas enfermedades vinculadas con una mala alimentación.
En los pasados 30 años estos dos padecimientos se han agudizado y han afectado a tantos millones de personas que se consideran pandemias. Pronto no habrá presupuesto que alcance para atenderlas. Lo más congruente y lo más redituable, desde el punto de vista económico, sería revisar la alimentación que da origen al problema.
Sin embargo, hay fuertes intereses que se oponen a un cambio de paradigma en la producción de alimentos. Es sabido que la agricultura y la ganadería industriales sobresalen por ser responsables de la emisión de gases con efecto invernadero, de las pérdidas de biodiversidad y de suelos, de la deforestación, y de la contaminación de los cuerpos de agua. Además, han acaparado las mejores tierras y unas cuantas empresas se han hecho multimillonarias a partir de las semillas de plantas domesticadas con trabajo milenario de los pueblos originarios del mundo. Esta agroindustria está ligada a la producción de alimentos de baja calidad, que son una de las causas principales de obesidad y diabetes.
En la agroindustria destaca la producción de maíz. Siendo esta semilla creación de los campesinos mexicanos, hoy Estados Unidos es el mayor productor de maíz para la industria; también es el mayor productor de transgénicos. Empresas como Monsanto-Bayer, Dupont-Pioneer, Syngenta y otras, que tienen gran influencia en ese país, pretenden imponer sus semillas mejoradas y transgénicas en México y en el mundo. Para ello han intervenido en el diseño de leyes, acuerdos y organismos como la UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) que aparentan favorecer a los productores, pero que en realidad protegen a los oligopolios, al registrar diversas semillas para eventualmente patentarlas.
México está adscrito desde 1997 a la UPOV, en su Acta 78; la firma del nuevo tratado de libre comercio, T-MEC, obligaría a adherirse al Acta 91, versión más agresiva que la anterior, porque impide el libre intercambio de semillas que ha sido la base milenaria de la biodiversidad de los cultivos mexicanos. Hay un plazo de cuatro años para adherirse a UPOV Acta 91. Lo que pretenden quienes impulsan y defienden la nueva versión de la LFVV es ponernos ya contra la pared e impedir que pueda negociarse la permanencia de México en UPOV 78, a través de una excepción o salvaguarda. Esta perversa intención los hace quedar bien con Estados Unidos, pero significa un desastre para el campo mexicano.
México es uno de las naciones con mayor diversidad biológica y es centro de origen y diversidad, no sólo del maíz, sino de decenas de otras plantas, como chile, calabaza, y frijol, que son básicas para una alimentación sana, y fundamento de la cocina mexicana que es Patrimonio Intangible de la Humanidad. Estas plantas adaptadas a los más diversos ecosistemas, constituyen una gran riqueza frente al cambio climático y frente a la crisis económica que ha traído el Covid-19. Por ejemplo, tan sólo con uno por ciento del PIB, podríamos alimentar sanamente a todos los mexicanos con tortillas de alta calidad hechas con maíces nativos inocuos, cal de piedra y agua.
Además, sistemas de cultivo como la milpa permiten la autosuficiencia y la autonomía a miles de campesinos mexicanos. Setenta por ciento del maíz que se siembra en México proviene de variedades nativas. Es este potencial el que las empresas trasnacionales buscan monopolizar.
La crisis económica que dejará el Covid-19 como secuela, obliga al Estado mexicano a plantearse una alimentación para su población que sea sana, nutritiva, suficiente y culturalmente afín, como asunto de seguridad nacional. Esto es incompatible con la reforma planteada a la LFVV, que implicaría el uso de transgénicos en México, lo que contradice la decisión del gobierno mexicano de prohibir este tipo de semillas. Así, el gobierno mexicano se encuentra en la encrucijada: obedecer al T-MEC atentando contra su pueblo o defender su soberanía alimentaria rechazando la reforma a la LFVV y permaneciendo en la UPOV Acta 78 como hasta hoy.
La sociedad mexicana, por su parte, estoy segura, tomará el camino de la protección de sus semillas milenarias en defensa de su soberanía, de su salud y de la posibilidad de seguir alimentándose de manera autónoma y soberana. Es hora de entender que la riqueza no está afuera; la riqueza es nuestra: está en nuestra biodiversidad, en nuestros ecosistemas, en el agua, en nuestros recursos naturales, y en nosotros, la gente.
