Por Elisa Canqui, Alainet, 06 de abril del 2020.

Alrededor de 28 millones de hombres y 26 millones de mujeres indígenas viven en América Latina y el Caribe, de los cuales, a diferencia de otras regiones más pobladas del mundo, más de la mitad de estas personas, 52,2%, viven en zonas urbanas[1]; y el restante 47,8% en el área rural. Ambos grupos urbano/rural se encuentran en un alto riesgo de no poder hacer frente al COVID-19 y las condiciones de desigualdad económica en la que viven incrementan los riesgos. CEPAL en el informe anual 2019 Panorama Social de América Latina enfatiza de manera puntual que la pobreza de los pueblos indígenas es 26% mayor que las personas no indígenas.

A nivel urbano, los empleos precarios, la inestabilidad laboral, los bajos salarios, el comercio informal, la falta de protección social, la desnutrición sumada a los deficientes servicios de salud, la poca información acerca de la pandemia, la cultura discriminatoria de los sistemas de salud y el uso de la salud tradicional son factores comunes que incrementan los riesgos

A nivel rural, el COVID-19 puede agravar la situación actual de los indígenas, ya que las enfermedades prevalentes vinculadas a la pobreza como el alto porcentaje de mortalidad materna e infantil, anemia, desnutrición, enfermedades infecciosas como la malaria, tuberculosis y dengue no fueron atendidas oportunamente, siendo resultado de los problemas estructurales de injusticia social.   A esto se agregan otros factores como: (i) las distancias considerables para acceder a una posta sanitaria que no tienen los requerimiento mínimos para atención de la pandemia, (ii) defensores indígenas de derechos humanos que continúan siendo asesinados, (iv) terceros invadiendo los territorios y, (v) la presencia de actividades ilegales como la minería, presencia de madereros y del narcotráfico, entre otros.

Las respuestas económicas no benefician a los pueblos indígenas

No cabe duda de que los países están tomando medidas económicas frente a la situación del COVID-19, pero existe una preocupación si los pueblos indígenas se beneficiarán de los mismos.  Los últimos días, las organizaciones indígenas regionales, nacionales y locales han manifestado su preocupación frente a la pandemia y a la forma en que los gobiernos están respondiendo.

Estas preocupaciones son fundamentadas porque tradicionalmente las políticas públicas y de desarrollo no han logrado responder a las demandas de los pueblos indígenas, y muchas de ellos se han quedado en buenas intenciones porque han ignorado las particularidades de los pueblos indígenas.

Desde 1996, cuando se inicia los primeros programas de transferencias condicionadas (PTC), lo étnico siempre fue una debilidad, y no se ha podido resolver las críticas por su escasa adecuación a los contextos locales y características de la población[2].

Aunque existen casos como Colombia, Brasil, México y Panamá que han hecho avances en el diseño e implementación de PTC adecuados, desde un enfoque étnico, a los requerimientos de quienes son indígenas   y que viven en situación de pobreza.  Otros, como Argentina, Bolivia, El Salvador y Guatemala, se han propuesto hacer adecuaciones en el mismo sentido, aunque sin mucho éxito[3].

¿Como hacer visible lo invisible para determinar a nivel territorial y en áreas periurbanas la población indígena? ¿Cómo corregir la invisibilidad no solamente a través de una data actualizada en los países, más aún cuando muchos son invisibles para el sistema porque carecen de un documento de identidad, principalmente mujeres y personas de la tercera edad?

Los mecanismos de distribución no son apropiados y no permiten llegar donde realmente se requiere. El mecanismo tradicional a través de los sistemas financieros funciona de alguna manera cuando de por medio no está una pandemia, pero éste es un escenario donde los invisibles no podrán acceder.

Otro factor son las distancias, limitación que no ha podido ser resuelta plenamente, aunque existen experiencias particulares donde las escuelas, los profesores, las organizaciones indígenas y/o la combinación de ambas, han logrado romper estas barreras de acceso.

Pero es posible también ir por los espacios institucionales, solo un control social fuerte acompañado por las organizaciones indígenas o formas propias de organización pueden permitir que el apoyo no se quede en un bolsillo en particular, por los antecedentes de corrupción que han particularizado ciertos gobiernos en la región.

Estos programas no han logrado resolver los mismos desafíos que ahora se presentan, y que tampoco serán resueltos, dejando a esta población nuevamente fuera de estas medidas, mismas que podrían al menos ajustarse a través de un diálogo inmediato, responsable y de buena fe con las organizaciones indígenas.

Medidas de prevención: “quédate en la comunidad”

La desinformación es un enemigo común al que se enfrentan los pueblos indígenas a nivel territorial.  Existen barreras en el lenguaje comunicacional, el idioma y el acceso a los medios de comunicación del mundo globalizado que continúan invisibilizándolos y focalizando esta información a contextos urbanos. Aquellos pueblos que lograron acceder a información gracias al vínculo urbano/rural como los Kuna en Panamá, los Nasa en Colombia tempranamente, han cerrado sus territorios, organizando sus formas propias de control territorial y ejerciendo su autonomía y la libre autodeterminación como pueblos indígenas.

Pero algunos pueblos indígenas no tienen esa alternativa y tampoco las autoridades nacionales y regionales dentro los países han implementado acciones que permitan cerrar estas puertas, principalmente en aquellos pueblos indígenas de Centroamérica en que el escaso acceso a la tierra los coloca ante un peligro inmediato eminente como es la hambruna.  Por otro lado, hay que tener en cuenta los casos como la de los Nauta en la región de Loreto, Perú, que es la puerta de comunicación con muchas comunidades a través de los ríos; la Guajira donde el pueblo Wayuu ha demandado por años la respuesta del gobierno colombiano a los problemas de desnutrición infantil y la falta de agua potable.  Son casos en los cuales la pandemia puede volverse incontrolable si los gobiernos no toman acciones inmediatas.

En este marco, urge responder a estos vacíos, ya casi a un mes y medio de la llegada del COVID-19 en la región hay experiencias que pueden ayudar. Detener el avance del contagio a través del aislamiento social es una estrategia que está funcionando. Esta estrategia es familiar para los pueblos indígenas, hay mucha experiencia, pero sino va acompañada de una respuesta de políticas públicas de emergencia en el marco de la epidemia que les devuelva el control del territorio, tampoco funcionará. Programas y proyectos gubernamentales y privados restringen el control y uso del territorio, muchas áreas protegidas están vedadas, bosques comprometidos a proyectos REDD, las fuentes de agua están capturadas por las multinacionales extractivistas y las tierras acaparadas por los agronegocios.

Aislamiento económico, aislamiento social una realidad histórica

Los pueblos indígenas son pobres, a esta conclusión llegan los análisis de organizaciones humanitarias, de apoyo al desarrollo y de la cooperación internacional, y se han quedado en este punto. Los pueblos indígenas continúan apareciendo en datos, o, finalmente cuando no aparecen, los analistas señalan que tienen una deuda histórica con los pueblos indígenas, con las mujeres indígenas para incorporar en su análisis de políticas económicas, de economías de cuidado, de apoyo humanitario, de políticas sociales, etc.

Las medidas económicas y sociales a través de los años han aislado a un buen porcentaje de la población indígena en América Latina, y las pocos que existen no cuentan con un enfoque socioculturalmente apropiado, y se nota la ausencia de un diálogo con sus pares, las organizaciones indígenas, para tomar estas decisiones.

Resultado de este aislamiento es el número reducido de programas y proyectos que trabajan en coordinación directa con organizaciones indígenas, y que no decir con organizaciones de mujeres indígenas. La capacidad administrativa y la complejidad de estas organizaciones son una justificación solida que continúa aislándolas y manteniéndolas en la categoría de “pueblos indígenas pobres”.

En un momento particular donde, por primera vez en la historia, todos somos iguales y podemos contagiarnos con el COVID-19, surge el desafío de enfrentar al mismo en igualdad de condiciones con una perspectiva de derechos. Ello significa que, en las respuestas, los países deben enfrentar las desigualdades que persisten en la región, en particular aquellas que afectan a los pueblos indígenas.

Las respuestas deben garantizar el disfrute de derechos humanos de los pueblos indígenas de manera igual, desde un enfoque individual sin dejar a un lado el derecho a ser diferentes, a su derecho colectivo plasmado en sus formas de organización y su mirada hacia los bienes de servicios y bienes de capital de forma diferente.

Elisa Canqui

Aymara, Bolivia

Ex Miembro del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas.

ACO
A favor de la salud, la justicia, las sustentabilidad, la paz y la democracia.