Por Ecoosfera, 17 de febrero del 2020.
Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las mujeres poseen menos del 20% de la propiedad de la tierra a nivel mundial. Esto quiere decir que, a pesar de que 400 millones de mujeres trabajan la tierra y producen la mayor parte de los alimentos que consumimos, las mujeres siguen dependiendo de la relación con la familia de su esposo o su clan para vivir.
Una encuesta realizada en 34 países en desarrollo indica que este porcentaje a veces puede ser inferior, pues en algunos países, las mujeres poseen apenas el 10% de la tierra.
Tener el título de propiedad del lugar donde se vive es un indicador importante del desarrollo de los países, que impacta en aspectos como la salud, el bienestar y la violencia. Legislaciones progresistas como la de Islandia ya penalizan la diferencia salarial en razón del sexo, pero no es una regla a nivel mundial.
Que una mujer no tenga una propiedad a su nombre la vuelve más vulnerable a permanecer en una situación de violencia doméstica, y ello sin contar que no puede acceder a créditos tan fácilmente ni asegurar el sustento de sus hijos.
El hogar que habitamos
A pesar de que la propiedad de la tierra conforma cerca del 75% de la riqueza de un país, cerca de tres cuartas partes de la población mundial no puede probar sus derechos de propiedad sobre el lugar en donde vive. Se trata de un vacío legal que afecta especialmente a las naciones más pobres y en particular a las mujeres.
Esta situación es especialmente preocupante si tomamos en cuenta que las mujeres gastan el 90% de sus ingresos en satisfacer las necesidades inmediatas de su familia.
La ONU y diversos paneles científicos han concluido que garantizar la propiedad de la tierra no sólo mejora las condiciones sociales de la población que habita y trabaja en ella, sino que también produce un efecto positivo en el medioambiente.
Las mujeres indígenas y campesinas son las principales guardianas de los bosques a nivel mundial, históricamente han contribuido a conservar, conocer y aprovechar mejor las zonas rurales. El reconocimiento jurídico y social del derecho de las mujeres a la tierra es una exigencia que impactará positivamente en aspectos como la seguridad alimentaria de los países y las oportunidades para las futuras generaciones.
