Por Rebeca González, La Verdad, 20 agosto 2019.

La producción de soya transgénica inició en el 2003 en Campeche, y en el año 2008 Monsanto Comercial S.A de C.V., obtiene permisos para incrementar la superficie a 12 mil hectáreas en los municipios de Santa Elena, Ticul, Oxkutzkab, Tekax, Tzucacab, Peto y Tizimín, en Yucatán, incluyendo además a otras localidades de Campeche.

Corte quita protección a campo de Yucatán

Posteriormente en el año 2012 se otorga otro permiso de liberación comercial a la gigante transnacional de semillas, fue entonces que las comunidades campesinas en las zonas mayas, conscientes de los riesgos tanto para la tierra, como los mantos acuíferos y la salud pública iniciaron una batalla desigual contra el gigante productor de semillas modificadas genéticamente.

Uno de los principales efectos de la producción de soya transgénica en el estado de Yucatán era el peligro inminente del uso del herbicida glifosato producido por Monsanto.

Según la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el glifosato altera la función hormonal de las células en humanos y puede derivar en cáncer, entre otras afectaciones a la flora y fauna de los lugares donde se aplica, hallándose además en la lista de los plaguicidas más peligrosos en el mundo.

Los primeros efectos adversos de la producción de soya surgen en Tekax y Chacsinkín, con las afectaciones a la selva, los mantos freáticos y otras actividades que dependen de la biodiversidad como la producción de miel, de la cual el estado de Yucatán ha tenido el primer lugar de producción.

Una de estas preocupaciones entre los productores es que la miel se contamine por la soya transgénica y que el mercado europeo (su principal consumidor) deje de comprarla.

“Con la siembra de semillas modificadas genéticamente se han perdido plantas medicinales, árboles vitales para las abejas, animales e incluso se han destruido sitios arqueológicos, poniendo en peligro además la identidad de pueblo original”, advertían entonces productores del colectivo Guardianes de las Semillas que encabeza, Margarita Noh.

La batalla jurídica para frenar definitivamente la siembra de semillas transgénicas no termina.

Aunque ha tenido breves triunfos que anima a los hombres de campo a continuar en esa intención de preservar sus tradiciones ancestrales e impedir la perturbación del medio ambiente.

En días pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pidió a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) dependencia del Gobierno Federal a regular y vigilar estas actividades en el campo.

Resolución de la SCJN

“Corresponde a la federación regular la materia de bioseguridad, así como distribuir competencias en favor de las entidades federativas”, apuntó  José Fernando Franco González Salas, ministro de la SCJN.

Agregó que es la Sader quien tiene “la facultad exclusiva para establecer zonas libres de organismos genéticamente modificados”.

Por lo tanto, el decreto emitido en 2016 durante la gestión del ex gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, por el cual se prohibió el cultivo de transgénicos en el campo yucateco, quedó sin efecto.

Y con ello se abre de nuevo la posibilidad que Monsanto retome sus intentos de cubrir la tierra con sus productos modificados geneticamente, ante las autoridades permisivas de Yucatán.

A favor de la salud, la justicia, las sustentabilidad, la paz y la democracia.