Por Héctor Mondragón, Alainet, 6 de mayo de 2019
La principal característica del plan de desarrollo del gobierno de Duque para el sector agropecuario es su negativa a ver o mencionar tanto los principales problemas estructurales, como los graves problemas concretos del sector.
Así, a pesar de que dice que sólo 37 de cada 100 familias rurales tiene acceso a tierra sea como propietario, poseedor, arrendatario o aparcero, no trata sobre la creciente concentración de la propiedad y aunque refiere que el 13% del suelo del país está subutilizado, no cuenta que es la gran propiedad la que desperdicia ese suelo agrícola.
No trata como objetivo la soberanía alimentaria, porque dada la subordinación a los llamados tratados de libre comercio, no menciona que Colombia importa cada vez más alimento, causando grandes pérdidas a los productores locales.
Es escandaloso que no hable francamente de los graves problemas económicos de la caficultura ante la caída del precio internacional. Se esperaría que un plan de desarrollo priorizara este tema, en vez de meter la cabeza en tierra como el avestruz, mientras propone exportar “48 productos” más.
El plan reconoce que el 54,6% de las unidades productivas carece de asistencia técnica y sí menciona la necesidad de innovación tecnológica y hasta de la ayuda o da incentivos al productor para fomentarla, pero oculta que se necesita una inversión grande y continua del estado, con uno o más institutos científicos agropecuarios para la generación con los agricultores de tecnología propia para las condiciones del país. Sin esto no exportaremos 48 productos más.
Colombia podría, por ejemplo, exportar castañas y jugo de marañón. Es hasta extraño que no lo haya hecho. Vietnam que no lo producía es hoy el segundo exportador después de Brasil. Pero se necesita un esfuerzo de agronomía organizada con los productores, de adaptación y mejoramiento de variedades y eso el estado colombiano se niega a hacerlo desde hace años.
En cambio, se tapa los ojos ante la piratería genética:
Las personas naturales o jurídicas., nacionales o extranjeras, que a la entrada en vigencia de la presente ley hayan realizado o se encuentren realizando actividades de investigación con fines de prospección biológica, que contemple acceso a los recursos genéticos y7o sus productos derivados sin contar con la autorización del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, tendrán dos años a partir de la entrada de la presente ley, para solicitar ante dicha entidad el Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y sus productos derivados.
El encubrimiento del saqueo genético es la otra cara de la moneda de la ausencia de generación de tecnología propia y apropiada.
Además encubre el plan también la relación entre el conjunto de la problemática agraria y el problema de los cultivos ilegales, los cuales migran de un lugar a otro del país durante cuatro décadas, con o sin glifosato, con o sin guerra, pero siempre con miseria, deforestación y violencia.
El plan dispone entonces las inversiones con determinados objetivos que evaden los grandes asuntos. Por ejemplo, ante el problema de falta de tierra, el objetivo es “titular”, nunca redistribuir, olvidando que en la práctica de los últimos años titular se convirtió en acaparar baldíos.
El plan se propone pasar de 33 mil a 91 mil productores beneficiados con “estrategias de inclusión productiva” y especialmente, lograr que 550 mil productores sean atendidos con. “extensión agropecuaria” (acceso a tecnologías, capacitación y otros servicios de apoyo productivo).
Aunque sean insuficientes estas metas, resultaría interesante que se dedicaran recursos suficientes para estos objetivos. Las inversiones provendrán del llamado “Pacto por el emprendimiento”, en la sección “Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural”, que contará con 11,6 billones de pesos más 2 billones del plan de paz.
De modo que de los mil billones de pesos (más 37 del plan de paz), a los campesinos les corresponderán como máximo 13,6, parte de los cuales irá para otros sectores de productores rurales. De cada mil pesos menos de 13 serán para la economía campesina. Mientras, los presupuestos de seguridad, guerra y guerra contra las drogas siguen inflados.
Hay sí otras inversiones importantes para el sector rural, correspondientes al “Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas, negros, afros, raizales, palenqueros y rom”. Son 10 billones para programas de los pueblos indígenas y 19 para las comunidades negras. Hemos visto los grandes paros cívicos del Chocó y Buenaventura y la Minga. Han tenido que luchar mucho por esto.
Pero ello no oculta en nada el gigantesco vacío de la inversión necesaria para levantar el sector agropecuario colombiano, recuperar la soberanía alimentaria, revivir la economía de los campesinos de la zona cafetera y exportar más productos.
El plan aprueba como novedad un tipo de Seguro Agropecuario, modalidad que podrá ser tomada por cualquier persona natural o jurídica” para proteger la totalidad o parte de las inversiones agropecuarias financiadas con recursos provenientes del sistema nacional de crédito agropecuario o con recursos propios del productor”. Quien compre este seguro tan necesario para todo agricultor ante las eventualidades del clima, las catástrofes y el mercado, podrá recibir un “incentivo”. Nuevamente el problema será de insuficiencia presupuestal para subsidiar a los que menos tiene para pagar.
El plan se compromete con “beneficiar” agricultores con la agricultura por contrato. Nada novedoso. Hace mucho la practicaban las tabacaleras y cualquier día pararon de comprar. También hubo agricultura por contrato para las fábricas de salsa de tomate, pero un día decidieron importar. El caso más importante y exitoso fue el de las cervecerías comprando cebada durante décadas, un día dejaron de contratar e importaron; después quisieron y quieren comprar de nuevo, pero los campesinos especialistas se arruinaron hace 15 años y se fueron a las ciudades. Se necesita que el campesino no sea un mero objeto mano de obra de los contratos, que sean sujetos que puedan construir sus propias empresas.
Es claro que el plan no reconoce el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria. Menciona la palabra campesino solamente en un programa importante, cuando se refiere a los acuerdos de manejo ecológico con la población habitante de áreas protegidas.
Evadir la condición campesina es propio de un gobierno que se negó a votar a favor de las Declaración de los Derechos de los Campesinos y las Campesinas aprobada por mayoría por la Asamblea general de la ONU el 17 de diciembre de 2018. Es a partir de la exigencia de que el gobierno de Duque firme y cumpla está declaración, que la agricultura colombiana puede reivindicar un nuevo camino.
