Por Gustavo Castillo y Ángeles Cruz, La Jornada, 9 de mayo de 2019
Por tres votos a dos, la segunda sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la norma que rige el etiquetado de
alimentos y bebidas y negó la protección de la justicia federal a las
organizaciones civiles que exigían –y que en dos instancias del Poder Judicial
de la Federación habían obtenido la razón– que se modificara la manera en la
cual se informa a los consumidores sobre el contenido de azúcares, grasas y sales
que contiene cada producto.
Los ministros Fernando Franco y Javier Laynez Potisek votaron en contra de la propuesta de Yasmín Esquivel Mossa; al respecto, Alejandro Calvillo, dirigente de la organización civil El Poder del Consumidor, dijo que “se recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y vamos a tener en menos de dos años una resolución de la comisión”.
Agregó que la evidencia está ahí, por lo que también el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) se manifestó en contra, ya que es un etiquetado que hizo la industria y responde directamente a sus intereses; hay que decirlo: ya en este año viene la revisión del etiquetado y ya se verifica esta norma”.
Tras el fallo, Calvillo dijo que “es una sentencia que se basa en falsedades; la respuesta que nos dieron los organismos de Naciones Unidas en el sentido de que ellos no respaldan los criterios que tiene el etiquetado actual”.
Esta organización civil obtuvo dos triunfos en los tribunales mexicanos, incluso el proyecto original que se discutió en la Corte y que fue elaborado por el ministro Fernando Franco daba la razón a las organizaciones civiles, pero por mayoría de votos su propuesta fue desechada y correspondió a la ministra Esquivel Mossa presentar la resolución que este miércoles se discutió y se aprobó.
El Poder del Consumidor insistió en que el actual etiquetado no es entendible para los consumidores y que sus criterios nutrimentales no corresponden con las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales.
Recordó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Secretaría de Salud (Ssa) han anunciado que se revisará el actual etiquetado, con base en evidencia científica.
Apenas el viernes pasado, la Ssa fijó su postura. Aseguró, con base en dos estudios realizados por el INSP que el actual etiquetado es “deficiente e incomprensible” para la población, por lo que debía ser cambiado por uno de advertencia con el fin de reducir y controlar el problemas de sobrepeso, obesidad y diabetes que vive el país.
