Por CITI/ FILAP, 20 de enero de 2019
Del 19 al 20 de enero, una Reunión de Grupo de Expertos (RGE) se efectuó en el Centro Cultural de España en la Ciudad de México para suministrar información al Relator Especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, el Sr. Baskut Tuncak.
La RGE, y sus anfitriones el Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI), el Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CADPI, Nicaragua) junto con el Fondo para el Desarrollo de Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), proveyó la oportunidad a representantes de 5 regiones a presentar testimonios y estudios comunitarios para contribuir a la actual Revisión Jurídica por parte del Relator Especial , sobre Derechos Humanos de las Convenciones de Químicos de las Naciones Unidas con enfoque en los impactos a los Pueblos Indígenas.
Durante la reunión de dos días, expertos comunitarios indígenas y científicos compartieron ejemplos de los impactos a derechos humanos y la salud causados por la aplicación de plaguicidas prohibidos y altamente tóxicos, industrias extractivas tales como la minería de oro utilizando mercurio, desechos tóxicos de incineración y otras actividades llevadas a cabo en tierras y territorios de Pueblos Indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.
Representantes del Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, del Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, y el Mecanismo del Comité de Seguridad Alimentaria de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas también presentaron en la RGE. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas del Gobierno Mexicano proveyó una declaración de bienvenida oficial a la RGE y participo ambos días.
Expertos indígenas compartieron los impactos devastadores a la salud por la contaminación toxica en sus comunidades incluyendo defectos de nacimiento, mortalidad infantil, problemas reproductivos y canceres. Muchos identificaron estos impactos como “violencia ambiental” resultando en extremo sufrimiento y muchas muertes, especialmente entre infantes y niños pequeños. Ellos afirmaron que las mujeres y niñas Indígenas son particularmente afectadas debido a los impactos ya conocidos de tóxicos ambientales en los cuerpos y salud reproductiva de las mujeres. Los impactos desproporcionados a las personas con discapacidades en comunidades indígenas también fueron presentados.
Los presentadores Indígenas insistieron que se necesita un cambio drástico e inmediato en los niveles locales, nacionales e internacionales de modo que el uso y almacenamiento de sustancias peligrosas no se lleven a cabo en sus tierras sin su consentimiento libre, previo e informado, como lo es afirmado en el articulo 29 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Pidieron que se limpien eficientemente las áreas contaminadas, remedios para aquellos cuyas vidas y derechos humanos han sido afectados, responsabilidad corporativa y gubernamental para proveer reparación y remedio a aquellos que han sido perjudicados, restauración de los sistemas tradicionales de alimentación y métodos de agricultura que no sean tóxicos, programas para abordar la extrema pobreza y el desarrollo de modos de vida seguros y económicamente viables en las comunidades Indígenas que no sean peligrosos para su salud ni para el ambiente.
El Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas(FPCI-ONU) recomendó que esta revisión jurídica se llevara a cabo en el 2014 y nuevamente en el 2016 con la asistencia del Relator Especial sobre Derechos Humanos y Tóxicos para abordar la desconexión entre Los Convenios de Químicos de la ONU, en particular, el Convenio de Rotterdam, el cual permite la importación y exportación internacional de pesticidas prohibidos y otros químicos tóxicos, y las normas y estándares de Derechos Humanos de la ONU, incluyendo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio sobre los Derechos del Nino, y el Convenio sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades.
En abril de 2018, el Relator Especial compartió algunas de sus observaciones preliminares en la 17a sesión del FPCI-ONU “…los pueblos indígenas como los Yaqui han sufrido graves impactos adversos en su salud y dignidad por el uso continuo de plaguicidass altamente peligrosos. Estos pesticidas a menudo se importan de países que han prohibido su uso en el país debido a riesgos incontrolables e irracionales.”
En esta declaración también observo que con relación a la importación, exportación y uso de sustancias toxicas impactando comunidades indígenas “no se reconoce el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.”
“Esta revisión jurídica por el Relator Especial sobre Derechos Humanos y Tóxicos es muy importante para el FPCI-ONU y para los Pueblos Indígenas alrededor del mundo.” – dijo Tarcila Rivera Zea, Quechua del Perú, quien participo en la RGE como miembro experta del FPCI-ONU de América Latina y el Caribe con enfoque en asuntos que afectan mujeres, niños y jóvenes. Rivera Zea afirmo durante la RGE que “ es tiempo de que los mecanismos y procesos de la ONU se muevan desde las recomendaciones a las implementaciones” y a encontrar “nuevas formas de avanzar que respeten efectivamente las normas y estándares internacionales protegiendo los derechos de la mujer, los niños y los Pueblos Indígenas.”
Ella también le pidió a los Estados a tomar responsabilidad de respetar los derechos de los Pueblos Indígenas y la salud publica de todos deteniendo la producción, importación, exportación y uso de sustancias que se conocen como mortales a la salud humana y al desarrollo de los niños, sean ya producidas por la agricultura industrial, minería, extracción de petróleo, fracturamiento y otras formas de producción insostenible .”
Los resultados de la revisión jurídica del Relator Especial serán presentados en la 18a sesión del FPCI-ONU en abril al igual que durante la 74a sesión de la Asamblea General en el 2019.
El Relator Especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos (Informalmente conocido como el Relator Especial sobre Derecho Humanos y Toxicas) fue establecido por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el 1995 para examinar las implicaciones de derechos humanos sobre tóxicos y otras sustancias peligrosas. El actual titular del mandato es el Sr. Baskut Tuncak. Para mas información sobre su trabajo, incluyendo como contribuir a la actual revisión jurídica, visite: https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/SRToxicWastesIndex.aspx
Para mas información, comuníquese con: Andrea Carmen, CITI a: andrea@treatycouncil.org, o Myrna Cunningham, CADPI, a: myrna.cunningham.kain@gmail.com
