Por Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), 19 de octubre de 2018
El informe presenta estudios de casos de 18 proyectos, implementados por 15 consorcios chinos, formados por empresas privadas y/o estatales y por lo menos 6 bancos chinos, en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú.
El informe concluye que las violaciones de los derechos humanos y ambientales no son incidentes aislados, y revelan un patrón recurrente de comportamiento marcado por una falta de respeto por los derechos fundamentales y los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos internacionalmente, así como por la impunidad de estas violaciones.
En particular muestra que las empresas chinas se han involucrado de manera continua y deliberada en comportamientos que violan el derecho a la tierra, al territorio y a una vivienda adecuada; el derecho a vivir en un entorno saludable; el derecho a la libertad y la seguridad y los derechos de consulta y participación y que las autoridades chinas no han examinado con la debida diligencia los impactos de estos proyectos en derechos humanos. Finalmente, el informe también recuerda que el gobierno chino no ha adoptado e implementado medidas efectivas para cumplir con las obligaciones extraterritoriales de China en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Además, China ha reconocido internamente las obligaciones extraterritoriales de sus empresas, de respetar las leyes de los países anfitriones y las recomendaciones de las Naciones Unidas (ONU) en un documento de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China (CNDR) y del Ministerio de Comercio en las Opiniones Guía para el Fortalecimiento de la Construcción de un Sistema de Crédito en el Campo de la Cooperación Económica en el Extranjero en donde señala que las entidades y personas chinas que participan en cooperación económica en el extranjero deben respetar las leyes del país anfitrión, las resoluciones de la ONU, y proteger la buena imagen de China.
A la luz de los hallazgos del informe, la FIDH, sus ligas y el CICDHA instan al gobierno chino a trabajar en cooperación con los organismos de derechos humanos e integrar los instrumentos de derechos humanos en sus políticas y proyectos de inversión en la región de ALC. La FIDH y el CICDHA también le piden al gobierno chino que ratifique el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y que respete sus obligaciones extraterritoriales relacionadas con los derechos humanos y ambientales. También la FIDH y el CICDHA le urge a China que renuncie a proyectos existentes en territorios de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y se comprometa a no participar en ninguno otro proyecto en esos territorios.
Las autoridades chinas también deben realizar una evaluación comprehensiva y participativa de los proyectos donde intervienen bancos y empresas chinas en Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú en cuanto al cumplimiento de instrumentos internacionales de derechos humanos y de normas ambientales y suspender los proyectos que no cumplan con estas normas internacionales.
El 13 de junio de 2014, en sus Observaciones finales sobre la revisión del segundo informe periódico nacional de China en el marco del PIDESC, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) instó al gobierno chino a: adoptar un enfoque basado en los derechos humanos en el ámbito internacional de sus políticas de cooperación; implementar evaluaciones de impacto y mecanismos de monitoreo; establecer vías para informar y remediar las violaciones; y adoptar medidas legislativas y administrativas para garantizar la responsabilidad legal de las empresas y sus filiales que violan los derechos humanos de forma extraterritorial.
La FIDH y CICDHA piden a los Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU) que realicen una evaluación completa, detallada y profunda acerca de las obligaciones extraterritoriales de China durante el tercer Examen Periódico Universal (EPU) del próximo 6 de noviembre. En particular, los Estados miembros de la ONU deberían preguntar si China ha tomado medidas específicas para implementar las recomendaciones del CESCR, ya que el patrón de violaciones documentado por el informe FIDH / CICDHA presenta evidencia de que las violaciones persisten.
