Por Gustavo Castillo y Angélica Enciso, La Jornada, 25 de octubre de 2018
La segunda sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) puso fin al conflicto de 19 años entre comuneros de Tepoztlán y la empresa Pirámides y Convento, que buscaba construir un campo de golf en una zona boscosa. El máximo tribunal del país ordenó la restitución de las tierras a la comunidad agraria. “Es un grano en el desierto de injusticias que se presentan”, señaló Rubén Ávila, integrante del equipo de abogados de la comunidad.
Los ministros resolvieron que los casi 3 mil comuneros de Tepoztlán y no el municipio, como alegaba la empresa, eran los beneficiados por la resolución presidencial de 1929, que consistía en un título válido de bienes comunales, es decir, que fueron entregados a la comunidad para que ésta efectuara la explotación agrícola.
En el fallo se consideró que los oficios que se emitieron en los años 60 a la empresa no eran suficientes para que ésta acreditara ser propietaria de los predios en litigio, pues en los documentos no se advertía con toda certeza que en dicha época los integrantes de la comunidad hubiesen accedido a excluir del régimen agrario ciertas porciones de sus tierras.
La resolución judicial puntualiza que los integrantes de la comunidad agraria de Tepoztlán no podrán pasar por alto que las tierras les fueron asignadas para la explotación agrícola de subsistencia y se les impuso además una serie de obligaciones para conservar y acrecentar las áreas forestales de la zona. Las tierras sólo podrán destinarse a usos agrícola y forestal.
El fallo señala que debido a que los oficios en cuestión no demostraron que la empresa fuera propietaria de los terrenos en disputa, confirmó la determinación de los tribunales agrarios de restituirlos a la comunidad ejidal de Tepoztlán.
Hace 24 años la empresa buscó impulsar un club de golf en los predios en conflicto, pero la oposición de la población hizo que el proyecto se cancelara y después comenzó el litigio por las tierras ante los tribunales Agrario de Cuernavaca y Superior Agrario (TSA). Luego de que la compañía presentó un amparo directo en contra de una resolución de este último, que declaró la nulidad de sus escrituras, la SCJN atrajo el caso en septiembre de 2017.
Un reto para la comunidad
El ministro Eduardo Medina Mora fue el encargado de presentar un proyecto, que enviaba el caso nuevamente al TSA y dejaba a los comuneros sin la posesión de las tierras, favorecía a la empresa y se aplazaba la procuración de justicia. Sin embargo, fue modificado y la sentencia dio por solucionado el conflicto en forma definitiva.
Rubén Ávila consideró que para la comunidad ahora hay un reto, pues al momento en que se materialice la restitución de las tierras deben destinarlas a la utilidad colectiva y mantenerlas como recarga de mantos acuíferos y bosque. “Tienen que demostrar que tantos años de lucha fueron a fin de lograr un beneficio para la población”.
En entrevista explicó que la restitución de tierras puede llevarse entre seis y ocho meses, ya que aún faltan trámites burocráticos para la ejecución. Aseveró que el beneficio no es sólo para los comuneros, sino para los seis pueblos de la zona.
