Por Héctor Mondragón, Sur, 7 de septiembre de 2018
El crecimiento de la Colombia Humana y la fuerza de su propuesta ha estado en señalar que la exportación de petróleo y carbón no pueden seguir siendo el eje de la economía colombiana, sino que hay que privilegiar la agricultura, la industria, los ecosistemas y la riqueza de los cerebros, el conocimiento.
No se trata sólo de una visión del futuro, sino de responder a la crisis de la locomotora minero-energética y a la reactivación del sector agropecuario como salida para la economía colombiana en la coyuntura actual, que insiste en ser una protesta “petrista”.
Reactivación agraria 2017-2018
Con paso vacilante debido al peso de la renta del latifundio, a la extrema debilidad de la institucionalidad agropecuaria y a los TLC, el agro se ha reactivado en medio del enfriamiento del conjunto de la economía y de la crisis minera y petrolera por la caída de los precios internacionales, que de todos modos ha afectado también al agro-diesel. Además ha bajado el café en el mercado internacional.
Algunos adjudicaron las cifras positivas del crecimiento del producto agropecuario a resultados de área sembrada del Censo del sector, pero esto no resulta cierto, porque los datos de 2017 y 2018 no se comparan con el Censo sino con los del año inmediatamente anterior y además, la metodología del PIB y de las encuestas agropecuarias es diferente a la del Censo y no depende de él.
Ligados a la vacilante pero real reactivación del agro están el paro cafetero y el paro agrario de 2013 y desde luego los acuerdo de paz, que a partir de 2016 crearon un clima real para el aumento de la producción, que sin embargo tiende a dañarse por la ola de asesinatos de líderes sociales, que afecta principalmente a las zonas rurales, y por las serias amenazas al futuro de los acuerdos de paz.[i]
Como toda reactivación económica, ésta no significa por ella misma una mejor situación para la población rural ni beneficia por igual a todos los sectores. El gran capital que despreciaba la agricultura y la tierra, se ha volcado a acaparar legal e ilegalmente la propiedad de la tierra, con la expectativa de rentas de inversión, tal y como pasa en los Llanos Orientales.
Proyecto de los grandes propietarios
A toda costa se quiere imponer al campesino la subordinación a los grandes propietarios, a partir del prejuicio que indica que el pequeño productor no es eficiente, desconociendo experiencias, como la reciente de Vietnam y los casos históricos emblemáticos como el de los granjeros de Estados Unidos de finales del siglo XIX o de los campesinos paraguayos de comienzos de la primera mitad de ese siglo. Se invisibilizan la historia y la actualidad de la vía campesina, para beneficiar en la práctica a los grandes propietarios.
El proyecto de ley que dejó presentado en el Congreso el gobierno Santos insiste en esa línea de sometimiento del campesino, característica de los proyectos de ley de los gobiernos de Pastrana y Uribe. A eso se le llamó “alianzas estratégicas” desde hace 20 años, trancando por todos los medios la posibilidad de iniciativa autónoma de los campesinos, tal y como puede ser las reservas campesinas solicitadas.
El proyecto de ley confunde la función social de la propiedad con un proyecto productivo de papel, que puede o no concretarse en el terreno, pero que de todos modos subordina al campesino. Para completar, el proyecto pretende arrasar la garantía de defensa del ambiente que exigen las normas sobre función ecológica de la propiedad.[ii]
Para ampliar el proyecto de los grandes propietarios, el segundo gobierno Santos ya había logrado en la ley 1776 de 2016, que creó las Zidres, imponer la legalización del acaparamiento de baldíos adjudicados a campesinos antes de 1994 y que fueron concentrados en manos de grandes propietarios, incluidos grandes empresas, tanto nacionales con trasnacionales.
El decreto 1396 de 2008, con el que se despidió la administración Santos, creó la primera zona de interés de desarrollo rural, económico y social Zidres, en Puerto López, Meta, área con excelentes vías de comunicación rápida con Villavicencio y de intensa presencia de inversionistas nacionales y trasnacionales. Parecería un empate frente a las reservas campesinas pues también se despidió el gobierno Santos con la constitución de una. Pero no hay tal, las solicitudes de reserva campesina llevan años, en algunos casos 20 años, sin que se resuelvan seis que están en trámite, mientras las Zidres tiene apenas dos años de creadas.
Reservas campesinas
Desde que el gobierno de Uribe “suspendió” la reserva campesina del Valle del Cimitarra en abril de 2003, no había sido creada ninguna zona de reserva campesina y sólo fue reactivada esta en 2011 y aprobada una más, la de Montes de María área 2, por el acuerdo 57 del consejo directivo de la Agencia Nacional de Tierras. Hay seis en procesos de constitución y cerca de 30 solicitudes.
Las reservas campesinas fueron establecidas por la ley desde 1994, no son resultado de los acuerdos de paz, debería haber ya 30 constituidas. Pero además, los acuerdos de paz hablan de fortalecerlas. Pero no, porque el latifundio y el despojo dicen no. Porque se insiste en desconocer al campesinado como sujeto social con derecho a gestionar su territorio y su economía y con una vía propia de desarrollo agropecuario.
Todo tipo de maniobras se levantan contra las reservas. Es el caso de Sumapaz en el Distrito Capital, cuyo proceso contó con el apoyo de la alcaldía de Bogotá Humana. Pero el ministerio de Defensa bloqueó la constitución por “razones militares”.
Tras los acuerdos de paz otros pretextos surgieron, se quiso oponer el desarrollo turístico al agrícola, como ahora se quiere oponer la ley de páramos a la reserva campesina, cuando en realidad los campesinos garantizan la protección ecológica.
Se quiso inventar una oposición política a la reserva con los ediles de los partidos Cambio Radical y Liberal y la alcaldía de Peñalosa, pero en las elecciones presidenciales de 2018 Petro sacó el 97% de los votos y esos partido obtuvieron pésimos resultados en las elecciones de Congreso (si se suman CR y PL con conservadores, Centro Democrático, Opción Ciudadana y U lograron apenas 3,7%).
Debería someterse ya al consejo directivo de la ANT la aprobación de esta reserva. El nuevo gobierno, opuesto a las reservas campesinas y a los acuerdos de paz, debería por lo menos convocar una consulta popular en la localidad de Sumapaz sobre la reserva.
Comercio exterior
El aumento de la producción agropecuaria en 2017-2018 no significó una disminución de las importaciones de alimentos, las que no aumentaron en 2017, pero como no disminuyeron, atrapan en la telaraña de los precios a la reactivación agraria y no se construye mercado interno, mientras el café y el agrodiésel tienen precios internacionales en descenso.
El nuevo gobierno autorizó las importaciones de arroz peruano a cambio de la exportación libre de azúcar y dulces colombianos, con lo cual se imponen los intereses de los grandes propietarios del dulce sobre los de los medianos y pequeños productores arroceros.[iii]
Por otra parte desde el segundo gobierno de Uribe los campesino paperos vieron cortado su negocio de exportación a Venezuela, a la vez que llegaban grandes contrabandos de alimentos desde el vecino país. Ahora la policía y la Dian no deja entrar a Colombia ni carne ni pescado venezolanos que son mucho más baratos, y que los venezolanos quieren vender en Colombia para comprar otros alimentos como leche, papa, arroz, panela y fríjol.[iv]
El bloqueo a Venezuela y a la vez el contrabando de alimentos desde allí, han sido doblemente perjudiciales para los productores agropecuarios, que por una parte vieron bajar los precios por el contrabando y por otra han sido imposibilitados para exportarle al que antes era su principal comprador.
Ahora, para completar, los productores de papa están afectados por las importaciones de papas congeladas, fritas o preservadas, procedentes principalmente de Europa, por el TLC.[v]
Cambio de política
El campo colombiano necesita de un cambio radical en la política pública que reconozca tanto la importancia de la economía agropecuaria, como de la economía campesina, así como la diversidad étnica y cultural y la defensa de los ecosistemas.
Necesita además que se cumplan los acuerdos de paz en lo que se refiere a los programas de sustitución de cultivos ilegales. La llamada “guerra contra las drogas”, que mantiene los altos precios de la coca, es el verdadero talón de Aquiles de la paz, pues mantiene los altos precios de la coca y con ello diferentes mafias y grupos armados que se disputan el control del tráfico, mientras miles de campesinos afectados por las importaciones de alimentos y el latifundio, sin tierra ni ingresos suficientes, están atados a cultivos que los mantienen en la pobreza pero les permiten comer.
En el campo avanza ahora, en este momento, un proceso de resistencia, que solamente conseguirá un triunfo cuando desaparezca la violencia rural y se superen las trabas del latifundio y el gamonalismo político corrupto que lo acompaña y cuando una política de soberanía alimentaria nos libere de la importación de alimentos.
La propia industria para reactivarse requiere de que se abra el paso de la vía campesina. En 2018 después de un largo período de cifras negativas la industria creció 3% siguiendo a la agricultura, a pesar de la caída de la producción petrolera y minera y de la crisis de la construcción. Una pequeña muestra de lo que podría ser un camino nuevo.
En medio del terror, del asesinato diario de los líderes indígenas, afro, campesinos, y comunales, el campo resiste, demuestra que es parte esencial de una alternativa al país de la corrupción y la violencia.
Notas
[i] “Quieren gasificar la paz”. Revista Sur, 23 de noviembre de 2016.
[ii] “El gobierno quiere hacer trizas la función ecológica de la propiedad”. Revista Sur, 4 de junio de 2018
[iii] “En septiembre inician las importaciones de arroz desde el Perú”. La Opinión, Cúcuta, 31 de agosto de 2018.
[iv] “Solo quiero llevar comida a mis casa”. Semana, 13 de febrero de 2018.
[v] “La producción de papa nacional en desventaja por las importaciones”. Portafolio, 4 de febrero de 2018.
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