Por Juan Carlos G. Partida, La Jornada, 13 de septiembre de 2018
La comunidad wixárika-tepehuana de San Lorenzo Azqueltán, en el municipio de Villa Guerrero, en el norte de Jalisco, y los habitantes de Mezcala, situada junto al lago de Chapala, en el municipio de Poncitlán, alertaron que los invasores de tierras siguen amenazando a comuneros, mientras los tribunales agrarios alargan los juicios de restitución de sus tierras.
Ambas comunidades llamaron a la concordia y el Consejo Nacional Indígena demandó que las autoridades intervengan, en el contexto del asesinato del líder wixárika Margarito Díaz González en el ejido de Aguamilpa, Nayarit.
El activista presidía el Consejo de Vigilancia de la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales en Jalisco, Durango y Nayarit, y fue ultimado de un disparo en la cara el sábado pasado en su domicilio.
En San Lorenzo Azqueltán, los indígenas recordaron que en 2017 tres comuneros fueron secuestrados; ahora denunciaron que el ‘‘invasor’’ Heriberto García, originario del municipio de Villa Guerrero, intentó recuperar por la fuerza cabezas de ganado que fueron confiscadas por la comunidad, pues pastaban en su territorio.
‘‘Con un arma de fuego, esta persona realizó de manera cobarde 18 disparos dirigidos a tres familias wixaritari en la localidad de Los Valles, en terrenos comunales. En el sitio había ocho niños que debieron protegerse, pues los disparos pasaron a centímetros de donde estaban’’, señalaron.
Tras esa agresión el comunero Bartolo de la Cruz debió ser llevado de emergencia a un hospital, debido a que se complicó su estado por el atentado en contra de él y sus hijos, pues estaba recién operado por ‘‘problemas intestinales’’.
Los comuneros de San Lorenzo responsabilizaron a Heriberto García, Fabio Flores y al presidente municipal de Villa Guerrero, Aldo Gamboa Gutiérrez, de lo que suceda con su compañero, así como de la ‘‘campaña de despojo y odio’’ en contra de la comunidad indígena.
Este jueves resuelven un litigio de 19 años
Los de la comunidad coca de Mezcala informaron que hay tensiones debido a que este jueves se resolverá un juicio agrario que interpusieron después de que el empresario Guillermo Moreno Ibarra invadió, en 1999, parte de su territorio en la zona boscosa conocida como Cerro del Pandillo.
Pidieron a los medios y a la sociedad estar atentos a la resolución que deberán emitir los magistrados Hugo Gómez Ávila, Elías Hermenegildo Banda Aguilar y José Manuel Mojica Hernández, pues hasta ahora no se ha hecho eco a la demanda de restitución de los comuneros.
‘‘Tenemos la esperanza de que se nos haga justicia después de 19 años de espera, en los cuales han existido órdenes de aprehensión, presos y represión a esta comunidad milenaria’’, informaron.
Exigieron que la resolución se apegue al convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo, a los artículos primero y segundo de la Constitución y al protocolo de actuación emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
‘‘El empresario, haciendo uso de las facilidades que otorga la Ley Agraria, logró después de la sentencia condenatoria en su contra que se le diera la calidad de comunero mediante la vía sucesoria y ahora pretende ser juzgado como comunero y no como invasor’’, acusaron.
