Por Elio Henríquez, La Jornada, 14 de agosto de 2018

Estamos preocupados por las acciones de los gobiernos federal y estatal, que están despojando los territorios de los pueblos y dando concesiones a las empresas nacionales e internacionales para realizar proyectos consistentes en minas, hidrocarburos, y ahora el agua, afirmaron en conferencia de prensa representantes de la Coordinación de Derechos Humanos de la diócesis.

Exigimos a los gobiernos federal y estatal la derogación de los decretos de la reserva de agua para uso público y humano, ambiental y generación de energía eléctrica; la cancelación definitiva de los megaproyectos en minas, hidrocarburos, represas y cualquier proyecto que despoje los territorios de los pueblos originarios, agregaron.

Manifestaron su “total indignación y por consiguiente nuestra total desaprobación por los decretos de reservas del agua para uso público-urbano, ambiental y generación de energía eléctrica publicados el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación; en particular, nos referimos al decreto que afecta la cuenca hidrológica Grijalva-Usumacinta, sobre la cual se extiende el amplio territorio de los pueblos originarios tzotzil, tzeltal, chontal, ch’ol, tojolabal, chuj, q’anjob’al, acateco, jakalteco, zoque motozintleco y mam, así como de poblaciones campesinas y urbano populares no indígenas”.

De la lectura de estos decretos, agregaron, se percibe la huella de racismo, discriminación y despojo que los gobiernos neoliberales impusieron con mayor fuerza desde la contrarreforma agraria de 1992, sin olvidar las contrarreformas estructurales, avaladas en el Pacto por México de 2013. El 6 de junio pasado fue la coronación de tres décadas de graves violaciones a nuestros derechos humanos y como pueblos indígenas, no obstante haber legislado y puesto en la Constitución tales derechos.

Por otro lado, las 51 comunidades pertenecientes a la parroquia católica del municipio de Las Margaritas exigieron a la Federación cancelar el proyecto hidroeléctrico que se pretende construir en las comunidades Loma Bonita y Las Nubes, sobre el río Santo Domingo, municipio de Maravilla Tenejapa, pues, dijeron, no se ha consultado a los pobladores y porque implica el despojo de su territorio.

“En nuestras comunidades el agua es sagrada, fuente de vida y no se negocia (…) Ante el despojo de nuestros derechos fundamentales y la falta de atención del gobierno a nuestros pueblos, denunciamos que el Proyecto Hidroeléctrico para la Generación de Energía Renovable Santo Domingo afecta a nuestras comunidades y en gran parte a las reservas naturales protegidas de la región”, denunciaron y exigieron su cancelación inmediata.