Por Angélica Enciso L., La Jornada, 30 de julio de 2018

A fin de que el corredor para el desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec y el tren turístico transpeninsular anunciados por el próximo gobierno y previstos en zonas de alta biodiversidad y ricas en recursos naturales no generen conflictos socioambientales, se debe consultar a los habitantes y a los pueblos indígenas, así como cumplir estrictamente con la legislación ambiental y los ordenamientos ecológicos vigentes, señalaron ambientalistas.

Los proyectos están planeados en ecosistemas diversos, como los bosques y selvas de Oaxaca y Veracruz, que van desde vegetación templada de pino encino, mesófilos de montaña o de niebla, además de que en la península de Yucatán hay áreas naturales protegidas, como el parque nacional Tulum, Quintana Roo, y las reservas de la biosfera de Sian Ka’an y Calakmul, en Campeche.

Antes, en esas regiones también se plantearon proyectos de ese tipo. En 1996 el presidente Ernesto Zedillo anunció el Megaproyecto del Istmo, después el gobierno de Vicente Fox propuso el Plan Puebla-Panamá en él que se preveían proyectos petroleros y corredores agroindustriales en varias zonas, incluidas las ahora propuestas del Istmo, Quintana Roo y Campeche. Ninguno de los dos prosperó.

En el Istmo ya hay conflictos socioambientales por el establecimiento de 21 parques eólicos y por proyectos mineros de empresas canadienses en San Miguel Chimalapa, Ixtepec, San Dionisio del Mar y otras comunidades.

Así, ante estos planes se deben hacer las consultas adecuadas y oportunas con los pobladores, e incluso si hay comunidades indígenas se deben realizar de acuerdo con lo que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, cumplir con la legislación nacional y los convenios internacionales.

Hay que ver qué tanta afectación ambiental pueden tener, qué tanto se puede afectar el capital natural en el trayecto, si pasan por áreas naturales protegidas y si se tiene que cambiar la ruta, si hay especies amenazadas o en riesgo de extinción, todo eso se debe tomar en cuenta para evitar las mayores afectaciones posibles, consideró Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.

Además de cumplir con la evaluación de impacto ambiental, se deben acatar otras disposiciones, como el uso de suelo, programas municipales de desarrollo urbano que definen lo se puede y no se puede hacer, los programas de ordenamiento ecológico del territorio, las declaratorias de áreas protegidas, se trata de elementos esenciales para que los proyectos vayan adelante, se debe cumplir para evitar conflictos.

Gustavo Ampugnani, de Greenpeace, sostuvo que ambos proyectos de infraestructura se ubican en zonas de gran diversidad biológica y cultural, por lo que se requiere analizar de manera cuidadosa los impactos socioambientales que tendrá que aumentar la infraestructura existente. Aunque no se conocen a detalle los planes, se sabe que se desarrollarán a partir de una infraestructura que ya existe, como líneas férreas y carreteras federales que atraviesan los estados de Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo, Campeche y Chiapas.

El Estado debe asegurar un ordenamiento territorial estricto y vigilado que impida un desarrollo descontrolado que termine por afectar irreversiblemente una de las zonas más ricas en diversidad biológica y cultural del país. En la historia reciente de nuestro país, este tipo de proyectos de desarrollo han tenido un alto costo social y ambiental. Tienen que considerar la importancia de proteger los ecosistemas y la biodiversidad, garantizar la integridad de los territorios, así como respetar los derechos y prioridades de las comunidades locales, agregó.

Se deben tomar en cuenta los antecedentes de lo que ha ocurrido en la región para valorar estos proyectos, todos los conflictos que se han generado en el Istmo por los parques eólicos y cómo esto ha provocado violencia contra las comunidades, persecución, y situaciones muy delicadas, consideró Alberto Solís, de Serapaz. Y si a pesar de la valoración deciden seguir adelante, hay que empezar por el respeto al derecho de las comunidades, garantizar las condiciones para que no volvamos a una dinámica de opresión, represión e imposición que han hecho mucho daño.

FuenteLa Jornada
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