Por Milton Gabriel Hernández García, La Jornada del Campo, 17 de marzo de 2018
Además, tenemos el privilegio de contar con acceso al mar a través de dos océanos, lo que se traduce en una gran riqueza de “recursos pesqueros”. Nuestra frontera con el mar es más extensa que la terrestre con Estados Unidos y Centroamérica. Considerando los ecosistemas marinos, se han delimitado cinco grandes regiones: el Caribe, Golfo de México, Pacífico Centro-Sur, Golfo de California y Pacifico Occidental. En torno a estos espacios acuáticos se han forjado a lo largo de la historia diferentes modos de vida que han hecho de la pesca el fundamento de culturas y economías comunitarias.
La pesca en general y particularmente la ribereña o artesanal significa un aporte fundamental a la soberanía alimentaria y la economía del país. En 2017 la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) reconoció que la “productividad” pesquera en México había alcanzado los 35 mil millones de pesos, lo que representó un crecimiento en su Producto Interno Bruto de 19%, correspondiente a más de 1.7 millones de toneladas. Las especies que más se capturan son aquellas que tienen un valor comercial, como el atún, la mojarra y el camarón. También son altamente representativos la sardina, anchoveta, huachinango, lisa, pargo, tiburón, langosta, abulón, ostión, almeja, pulpo, caracol, entre otras.
Sin embargo, los pescadores siguen siendo uno de los sectores más olvidados por el Estado. Con sus respectivas diferencias regionales y locales, los ribereños padecen problemáticas que han debilitado su actividad y pauperizado sus condiciones de vida: sobreexplotación de especies de valor comercial, zonas de captura cada vez más distantes, altos precios de insumos (combustible, embarcaciones, motores fuera de borda y artes de pesca), falta de ordenamientos pesqueros, subsidios, permisos y precios justos en el mercado. Además, muchas lagunas, bahías y esteros en los que desarrollan sus actividades se encuentran en una situación de profundo deterioro ecológico, producto de la contaminación generada por las aguas residuales de la agroindustria y los desechos industriales, portuarios y turísticos.
Frente a estas problemáticas no existe una política pública clara, participativa, que surja de las necesidades de los pescadores ribereños. Recientemente, el dirigente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras (Conmecoop), Jesús Camacho Osuna, señaló que la Conapesca ni siquiera tiene cifras confiables, al grado que desconoce cuántos pescadores existen en México, qué especies capturan, lo que se traduce en un grave “desconocimiento de las problemáticas que enfrentan los hombres del mar” (diario El Independiente, Baja California Sur, 23 febrero de 2018). Al revisar las estadísticas oficiales, se puede verificar que en la página de Conapesca, la información más reciente es de 2014.
Ante este escenario, es urgente que la próxima administración federal emprenda acciones concretas para reactivar al sector social de la pesca, integrado por las cooperativas ribereñas y los pescadores “libres”, que se encuentran también en profunda desventaja. Las acciones deberán partir del respeto a la cultura y a las formas de organización local, a partir de diagnósticos participativos. No debemos olvidar que muchas comunidades pesqueras pertenecen a pueblos indígenas como seris, yaquis, zapotecos, huaves, mayas, totonacos, así como afromexicanos, quienes han configurado culturalmente prácticas y saberes tradicionales en torno a la pesca y a la relación que mantienen con el mar y con otros ecosistemas acuáticos. Son precisamente estos conocimientos los que han permitido el aprovechamiento pero también la conservación de los “recursos pesqueros” y de los ecosistemas marinos.
La diversidad de la pesca en nuestro país hace imperativo no seguir reproduciendo políticas homogéneas, sino diseñar e instrumentar planes genuinamente participativos de ordenamiento pesquero a escala local y regional, orientados hacia la sustentabilidad y la pesca responsable, en los que se pongan marcha reglas claras y consensuadas de acceso a los “recursos”. Para ello es importante establecer mecanismos para que los pescadores puedan incidir en la formulación de las vedas que regulan las temporadas de pesca. Los ordenamientos deberán considerar también labores de vigilancia para desincentivar la pesca furtiva o ilegal, pero sin criminalizar a los pescadores que por razones de subsistencia llegan a trabajar al margen de la legalidad.
Es necesario elevar sustancialmente el presupuesto destinado al sector pesquero, diseñar programas que tomen en cuenta la especificidad de su actividad, así como las diversas temporalidades en la que ésta se desarrolla. Ello supone el subsidio no solo para el desarrollo, la captura y comercialización, sino el apoyo económico para la subsistencia en las temporadas del año en las que están en veda las especies que se capturan mayoritariamente, como el camarón. También es urgente incrementar el subsidio para la renovación de motores y embarcaciones menores, la adquisición de artes de pesca y la actualización de permisos de captura para los pescadores que no han logrado acceder a ellos. El subsidio deberá incluir el apoyo para adquisición de equipo que permita la conservación del producto a bordo.
Parte de la estrategia de reactivación de la pesca ribereña supone el acompañamiento a la comercialización a través de la refundación de instituciones estatales encargadas de establecer precios de garantía, así como el apoyo para el acopio y la inserción del producto en circuitos comerciales libres de intermediarios, que además de acaparar, imponen precios sumamente bajos a los productos pesqueros.
Es fundamental actualizar el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura (RNPA), así como poner en marcha el reconocimiento de concesiones y zonas de exclusividad pesquera para pescadores libres, cooperativas y federaciones, con el objetivo de que tengan mayor certeza jurídica sobre el espacio acuático en que realizan sus actividades de captura. Las concesiones y/o zonas de exclusividad permitirán a los pescadores organizados mantener un control comunitario de los espacios de captura, así como proteger y defender jurídicamente la biodiversidad marina y las especies de valor comercial.
Alguna vez un pescador ribereño de Sonora me decía que pertenecía al sector más olvidado del México rural. Y ni qué decir de las mujeres pescadoras, que permanecen aún más invisibles, pues se considera que la actividad pesquera es asunto de hombres.
Es tiempo de que se haga justicia a este “sector” y a sus familias, sobre todo ahora que el crimen organizado cada vez tiene mayor presencia en las comunidades pesqueras, donde reclutan fácilmente a jóvenes que ante la falta de condiciones para vivir dignamente de su trabajo en el mar, terminan incorporándose a las filas de la mafia como único horizonte de vida.
