Prometen evitar la imposición de la Ley General de Biodiversidad

Diputados perredistas se opondrán a la iniciativa presentada por el PVEM y PRI, debido a que es un “claro retroceso de la protección a la biodiversidad” Grupos indígenas exigen que se les consulte

Por Isaac Torres Cruz, La Crónica, 4 de abril de 2018

Por mandato constitucional, los grupos indígenas deben ser consultados en este tipo de iniciativas.

La Ley General de Biodiversidad no será discutida en el Pleno de la Cámara de Diputados hasta que se haya analizado dentro de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo cual no ha ocurrido por falta de quórum de los legisladores pertenecientes a ésta.

De acuerdo con la Comisión de Desarrollo Sustentable del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la iniciativa presentada en el Senado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sólo ha logrado reunir a 15 de los 16 miembros de la comisión (de un total de 30) por lo cual no hay discusión alguna en la Cámara baja, aún.

Organizaciones civiles e investigadores se han pronunciado en contra de la iniciativa, puesto que vulnera la protección del medio ambiente y da pauta a la concesión de territorios naturales a particulares, para su explotación.

Por otra parte, el coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, afirmó que su bancada no aceptará que el PVEM y el PRI impongan la Ley General de Biodiversidad y dijo que se requiere abrir un diálogo con la ciudadanía y, sobre todo, con organizaciones especializadas. “No aceptaremos que se abrogue la Ley General de Vida Silvestre sin previa consulta ciudadana y, principalmente, ignorando las demandas de los pueblos indígenas”.

El legislador advirtió que “este nuevo marco legal representa un claro retroceso en la protección de la biodiversidad y atenta contra las prácticas milenarias de los pueblos originarios, quienes siempre han vivido en armonía con la naturaleza (…) Es un traje a la medida de un puñado de empresarios que saldrán beneficiados a costa de la conservación de la flora y fauna a nivel nacional”.

La iniciativa, dijo en un comunicado, disminuye los esquemas de cuidado que habían posibilitado la existencia de las Áreas Naturales Protegidas, al grado que ahora podrán permitirse actividades mineras y la explotación de hidrocarburos en dichas zonas.

“También demandamos que primero se consulte a las comunidades indígenas, quienes son los verdaderos custodios de la biodiversidad de nuestro país”.

Red Nacional Indígena

Por su parte, César Cruz, de la Red Nacional Indígena, refirió que los pueblos indígenas “nos oponemos a esta Ley General de Biodiversidad porque nos perjudica. Quieren aprobarla y después consultarnos…”. En conferencia en el Centro Nacional de Comunicación Social, miembros de la red enfatizaron su oposición debido a que no se les consultó, a pesar de que es un mandato constitucional.

“La Ley General de Biodiversidad legaliza la explotación de los recursos y el despojo del territorio indígena”, dijo Antonieta Hernández. “El territorio indígena representa el 14 por ciento del territorio nacional, ahí se encuentran 150 áreas naturales protegidas, es crucial la consulta previa”.

Octavio Klimek, de la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, enfatizó que la iniciativa debe discutirse con especialistas y leer la letra pequeña de la ley que es demasiado grande y compleja, por lo cual requiere tiempo para su consulta.

Adicionalmente, dijo que esta ley no sirve al propósito de proteger la biodiversidad biológica del país porque no busca la conservación de recursos genéticos ni cómo evitar la contaminación genética, erosión y conservación de especies en riesgo en áreas periurbanas o en áreas críticas para la conservación.

“De lo poco que logró la sociedad civil dentro de la reforma energética fue la prohibición de la exploración y explotación de hidrocarburos en las Áreas Naturales Protegidas, pero con esta ley no hay salvaguarda para prohibirlo”.

Por su parte, el líder parlamentario del PRD explicó que esta ley dispersa el actual marco normativo ambiental del país, ya que debilita los alcances jurídicos del principal instrumento para la protección y el ordenamiento ecológico. Es decir, su entrada en vigor complicaría la aplicación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de Cambio Climático, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, añadió.

“El PVEM y el PRI se alían para dañar el patrimonio de los mexicanos. Pretenden dar un albazo legislativo, pues quieren aprobar cuanto antes esta ley, no obstante que diversas voces especializadas han demostrado las incongruencias e inconsistencias que presenta el actual documento”.