Por OCARU, diciembre de 2017
Informe País [1]
GT CLACSO Crítica del Desarrollo Rural, sección de Costa Rica [2]
A continuación se presenta un análisis del campo costarricense en lo que respecta a su producción agrícola principalmente; no obstante, se mencionan otros aspectos en materia ambiental y de infraestructura, el intervalo de tiempo para el análisis coyuntural es a partir del penúltimo censo agrario, realizado en 1984 hasta la fecha. El último censo fue hecho en el año 2014. Básicamente se analiza la situación actual del campo en referencia al poder de la expansión del capital y sus distintas estrategias territoriales de acumulación, la gran mayoría de las veces a costa del despojo y empobrecimiento hacia los sectores campesinos y pequeños agrícolas y rurales.
Desarrollos y reformas del Estado y las políticas públicas de desarrollo rural.
En el 2014 se realizó el último censo agrícola nacional. El anterior se había elaborado en 1984, a pesar de tener un vacío censal de 30 años exactos; al menos, los que hay nos muestran un conjunto de tendencias, las cuales hay que entenderlas no como una fotografía, sino como un juego de sombras, donde gran parte de lo que está pasando ha quedado invisibilizado. En este sentido, es importante hablar de, al menos, dos economías agrícolas en Costa Rica: una de mercado dominada por los monocultivos de exportación, otra más de producción e intercambios locales y regionales que pocas veces son capturados, tanto por los censos como por las estadísticas económicas como el PIB.
El Estado juega un rol central dentro de esta separación de las dos economías agrícolas: por un lado, las entiende como “dos sectores” e intenta hacer que la segunda se convierta en la primera (el eufemismo de la agricultura tradicional y moderna); por el otro, la mayor parte de su apoyo va dirigido a las grandes empresas. No extraña entonces que, según diferentes observatorios de la conflictividad social, aparece en la mayoría de los conflictos rurales el Estado como un actor central. ¿Por qué? Porque el Estado promueve – facilita la economía agroexportadora (con un significativo peso industrial) de monocultivos, en detrimento de los sistemas agroalimentarios locales. Es en los puntos de contacto entre estas dos economías donde aparecen la mayoría de los conflictos agrarios del país, con el estado siempre como protagonista.
Esta situación se esconde detrás de la idea de la desagrarización del país ya que, según los datos oficiales, el crecimiento económico del país (que se ecualiza con desarrollo) depende cada vez más de los servicios que dé la agricultura (alrededor de un 8% en los últimos años). Sin embargo, si se utilizan otras estadísticas, aparecen datos distintos que es importante tomar en cuenta. Por ejemplo, según el censo agrícola del 2014, del total de hectáreas del país, más de un 47% están en uso agropecuario, lo que nos habla de la centralidad que sigue teniendo el agro en el país.
Hilando más fino, empezamos a ver algunas tendencias que son importantes ubicar. Durante el período de tiempo que conocemos como neoliberalización (a partir de la década de los años 80), hubo un descenso del 20%, alrededor de 600 mil hectáreas, en lo que respecta a la superficie dedicada a lo agropecuario. Al mismo tiempo, se mantiene la concentración de la tierra; pero cada vez más en manos de empresas. Según el censo agrícola del 2014, los productores individuales -personas físicas- representan el 87,1% del total y poseen el 39,3% de la extensión total de las fincas, mientras que las empresas -sociedades de derecho- constituyen el 8,5% y tienen el 54,7% de la tierra productiva. Existe una concentración de la tierra por parte del sector empresarial mayor al 50% y que representa menos de un 10% del total de los dueños de fincas en el país.
En números absolutos, esta relación quiere decir que el primer sector posee 1.316.311 hectáreas, un promedio de 16,2 hectáreas por finca. Mientras que, por el otro lado, las empresas representan 945.722 hectáreas con un promedio de 119,6 hectáreas por finca. Es decir, el proceso de concentración es al mismo tiempo de corporativización en la forma de alianzas entre empresarios agrícolas nacionales y transnacionales (Del Monte, Chiquita, Dole, entre otros). Por ejemplo, el «Chino Acón», quien posee extensiones de tierra mayoritariamente en el caribe costarricense, es uno de los mayores terratenientes en lo que respecta a piña; la totalidad de su producción va para Chiquita con el fin de ser exportada. Él se encarga de la producción y la empresa de la exportación.
Por otra parte, se muestra en las últimas décadas, un aumento tanto de las exportaciones como de las importaciones agrícolas, pero de forma coherente con el eufemismo de las ventajas competitivas: exportar lo barato e importar lo caro. En Costa Rica exportamos postres (commodities) e importamos comida. Según el Estado de la Nación (informe anual que se hace por las universidades públicas sobre coyunturas del país en diversos temas), en promedio, el 61% de los granos básicos que se consumen en el país se obtiene de mercados externos; en el país se importa el 34% del arroz, el 69% del maíz y el 73% del frijol que demandan sus habitantes.
Con respecto a las exportaciones, visto 30 años después, uno de los frutos de las políticas neoliberales en el campo ha sido la concentración de la producción agrícola en 5 cultivos: café, palma aceitera, caña de azúcar, banano y piña, que en su conjunto representan el 12,67% de la superficie total. Los que más han crecido en comparación al último censo agropecuario elaborado en 1984, fueron la palma aceitera, con incremento del 294,6%, y la piña con 1422%. En contraste, los granos básicos representan actualmente un 3,89% de la tierra, en términos porcentuales estos granos han bajado así: 32,3% el arroz, 52,1% el maíz y 73,1% los frijoles respectivamente.
La llamada diversificación productiva o agricultura de cambio que se promovió en el país a partir de los años 80 fue sencilla: quitar recursos a los más pequeños y distribuirlos a los más grandes. Esto le costó al Estado en el periodo de 1972 a 1999, entre 150 y 200 mil dólares por cada millón de dólares exportados; esto quiere decir un generoso subsidio de entre un 15% y 20%. Al final de este período, 26 empresas recibieron más de la mitad de los subsidios y sólo PINDECO (subsidiaria de la transnacional Del Monte S.A. y que se dedica al monocultivo de piña) recibió el 10% del total de este monto. Además, mucha de esta expansión, particularmente en el caso de la piña en la zona norte, se ha dado en tierras que habían sido distribuidas por el Estado en la forma de asentamientos campesinos. De 1962 al 2005, creó 962 asentamientos en todo el país, con una superficie total de un poco más de 802,000 hectáreas, lo que representa el 32% de la superficie agropecuaria actual (Inder). Del total de estos, el 39% fueron producto de la ocupación campesina. (Llaguno, Cerdas y Aguilar, 2014)
Este proceso fue fundamental para las tendencias hacia la corporativización y concentración de la tierra de la que se viene hablando. Con fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco Mundial, el ahora Inder (Instituto de Desarrollo Rural) “se embarcó” en varios procesos de creación de “territorios de gobernanza”, a través del registro, titulación y catastro de tierras baldías y en manos de campesinos y grupos indígenas, presupuesto fundamental para su venta a terceros, acceso a créditos y mecanismo de agricultura por mercado.
Además, al tratarse de un país con una frontera agraria “cerrada” en términos relativos (están los asentamientos campesinos, los territorios indígenas y las zonas de conservación), nos encontramos frente a una situación donde tanto la agricultura de exportación como los sistemas agroproductivos locales se concentran en los mismos lugares. Es decir, para que uno aumente, el otro tiene que descender. O dicho en otras palabras, nos encontramos frente a una disputa en el campo entre diferentes formas de vida, producción y sociabilidad y el saldo de dicho conflicto se refleja en el tipo de políticas públicas que viene promoviendo el Estado.
Procesos de constitución de los sujetos sociales en el campo: movimientos sociales y resistencias.
Es dentro de este gran paraguas que debemos entender la situación actual del campo costarricense. En este sentido, es importante empezar apuntando que, si bien el país no muestra desde los 80 grandes manifestaciones campesinas, el campo nacional sí experimenta una constante y hasta creciente conflictividad social. Sin embargo, dicha conflictividad se expresa de formas algo particulares dentro del contexto latinoamericano.
Primero, podríamos hablar de una sobredeterminación de lo agrario o rural por lo ambiental. Dicho en otras palabras, que muchos de los conflictos que en el país se entienden y expresan en términos ambientales, tiene una matriz agraria clara y que en otros países serían denominados como tales. Por ejemplo, la creciente protesta y malestar en contra de la expansión piñera se expresa discursivamente en términos de la contaminación del agua, de las enfermedades renales, del secado de manglares o la deforestación. Sin embargo, lo que está detrás es el proceso de despojo y corporativización del campo en la coyuntura agraria costarricense que se viene comentando.
Lo mismo se puede ver en las distintas movilizaciones por la protección de los ríos en contra de las hidroeléctricas, defensa del acceso al agua, en contra de la minería, entre otras. Así, parecería que el y la ciudadana promedio muestra un interés más desarrollado por el tema del ambiente (entendido en términos conservacionistas), que por el de las desigualdades sociales producidas por el acceso a la tierra. En términos de estrategia política, parece que la presentación de los conflictos agrarios como socioambientales, es fundamental para generar bloques políticos más amplios.
Un segundo elemento tiene que ver con la fragmentación. Con la excepción de algunos casos en los que el conflicto se logra presentar en términos ambientales, la dimensión fundamental de la disputa agraria en el país es de escala comunitaria. En la mayoría de los casos, lo que nos encontramos son agrupaciones locales, muchas veces construídas alrededor de cercanías y afinidades compartidas, que se movilizan en torno a temas específicos y coyunturales. Son muy pocas las plataformas que logran romper esta situación y organizar a nivel regional o nacional, como por ejemplo la Red de Mujeres Rurales o las coordinadoras indígenas; las cuales, sin embargo, se concentran alrededor de ciertas temáticas específicas.
Un tercer elemento de las particularidades de los movimientos sociales en el campo costarricense, y que viene ligado al anterior, es la dominante presencia de mujeres en la mayoría de estas organizaciones y su centralidad en lo que refiere a la sostenibilidad de las luchas. Para ellas, el proceso de organización conlleva una ruptura doble, ya que tienen que empezar por salirse de los moldes de género tradicionales donde se supone que su espacio debería ser el doméstico y bajo el sometimiento a los hombres. Como resultado contradictorio, vemos que dicha presencia mayoritaria de las mujeres en este tipo de organizaciones, sigue estando acompañada por liderazgos masculinos, particularmente cuando se sale de la escala comunitaria y se mueve la escala regional o nacional.
En cuarto lugar, debemos referirnos a la tradición legalista y de cooptación que tienen los conflictos sociales en el país. En términos generales, las interpelaciones realizadas hacia el Estado se expresan en un lenguaje de derechos y se buscan solucionar a través de los marcos legales. Esto tiene un conjunto de tensiones que es importante mencionar en pocas palabras. Primero que todo, explica en parte los niveles más bajos de violencia abierta que muestra el país en relación a otras partes de Latinoamérica. Al mismo tiempo, debido a la complejidad y falta de conocimiento legal de las comunidades y organizaciones, crea todo un espacio de mediación que es ocupado por un conjunto de “profesionales” que en muchos casos se aprovechan de esta situación para lucrar o generar vínculos clientelares y de manipulación.
Por otra parte, ya que el sistema jurídico entiende la justicia en términos de evidencias presentadas de una cierta manera altamente técnica, pone en clara desventaja a las organizaciones y comunidades, frente a los muy bien pagados equipos legales especializados de las empresas. Más aún, cada vez más las cortes exigen a las comunidades que presenten evidencias de que sus derechos están siendo vulnerados. Esto va, inclusive, en contra de la lógica de los derechos humanos y muestra claramente a un Estado y un poder judicial que se presenta como supuestamente neutral.
Para concluir, en términos de los focos más importantes del conflicto rural y agrario en el país, podemos mencionar 4 principales:
- Conflictos en contra de los monocultivos, sobre todo la piña: fundamentalmente en la zona norte del país, pero también en el caribe y la zona sur. Se divide en dos manifestaciones: 1) comunitario-ambientales en contra de los efectos destructivos de la producción; 2) laborales, en búsqueda de la organización sindical y protección de los derechos laborales de los y las trabajadoras en las plantaciones. La forma dominante de organización es alrededor de la concientización/educación comunitaria sobre los efectos y apelaciones a los gobiernos locales y nacionales. En el caso de la piña, el último año se ha visto la organización de manifestaciones nacionales en San José, concentrándose gente de diferentes partes del país. La dificultad en este caso es que Costa Rica, en buena medida, se entiende desde la exportación de monocultivos (piña, café, banano, palma); por lo que organizar en su contra siempre es complicado por las apelaciones al tema de desarrollo económico y generación de empleo.
- Los conflictos socioambientales: sobre todo alrededor de la protección de los ríos y el derecho al agua para las comunidades. Se muestran de una manera claramente vecinal y comunitaria y responden en muchos casos al uso de las fuentes hídricas para actividades como los proyectos de megaturismo o el riego de plantaciones, así como para la generación de energía hidroeléctrica. En este caso, la movilización toma la forma de apelaciones a los gobiernos locales e instituciones públicas, así como manifestaciones comunitarias, plantones y en algunos casos bloqueos de carreteras o detenimiento de las obras.
- Conflictos por el acceso a la tierra: el país muestra constantemente diferentes tipos de organizaciones y movilizaciones campesinas por el acceso a la tierra en la forma de ocupaciones de tierra, lo que conocemos en el país como “precarismo rural”. Dichas ocupaciones se convierten en un espacio de disputa entre las familias campesinas, guardias privadas de los terratenientes y la fuerza pública. El referente práctico de estas disputas son los desalojos de las fincas, acompañados por reingresos a las mismas por las familias campesinas. Acá podemos ver claramente el elemento legal que mencionamos arriba, donde las organizaciones se ven obligadas a demostrar que llevan varios años en las tierras y que estas tierras estaban en desuso; dicho en otras palabras, a demostrar que existen. Los casos más paradigmáticos en los últimos años han sido los de las Fincas 9, 10, Térraba y Chánguina en Palmar Sur y el de Medio Queso en Los Chiles, frontera con Nicaragua. Sin embargo, casos menos visibles se pueden encontrar en toda la vertiente caribe.
- Conflictos dentro de Territorios Indígenas: según la legislación costarricense de 1977, los territorios indígenas son inalienables, imprescriptibles, no transferibles y exclusivos para las comunidades indígenas que los habitan. Sin embargo, alrededor de un 20% de dichos territorios están en manos de no indígenas y en varios casos, son utilizados para la explotación ganadera o la producción de monocultivos. Desde mediados de los 90, las organizaciones indígenas han exigido que se cumpla dicha normativa, pero además la creación de una legislación indígena más acorde con sus realidades y necesidades. Debido al constante rechazo a sus apelaciones más formales y pacíficas al gobierno, a partir del 2012 han optado por un cambio de estrategia marcado por la recuperación de tierras indígenas en manos de personas no-indígenas. El resultado ha sido un creciente y crispado conflicto marcado por altos niveles de violencia donde el Estado ha hecho poco o nada a favor de las organizaciones indígenas. Un caso relevante es el de Salitre en Buenos Aires, donde en el 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos extendió medidas cautelares buscando proteger la integridad física de las personas de las comunidades. Sin embargo, conflictos similares existen en casi todos los territorios indígenas del país.
Costa Rica, a nivel internacional, aparece como un país de paz con la naturaleza, como un gran ejemplo a nivel de región por sus políticas de conservación, o por su supuesta tradición política como país democrático garantizado con la no existencia de un ejército. Pero lo cierto es que, al menos en el campo costarricense, se vive un agudo conflicto agrario que se convierte en una problemática nacional invisibilizada. Este conflicto está marcado enormemente por las distintas estrategias de acumulación del capital a través de varias empresas pero con el Estado como aliado, y que se traducen en el acaparamiento de tierras para la siembra de monocultivos, en la explotación de las fuentes hídricas para la generación de distintos proyectos de infraestructura y en el desenvolvimiento de proyectos de infraestructura para el megaturismo en las costas costarricenses. En medio de estos territorios del capital existen muchas comunidades organizadas que buscan generar estrategias y alternativas a escala local, posicionándose en contra de estas distintas manifestaciones del modelo neoliberal que se ha agudizado en el país en los últimos 30 años.
Referencias
Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (Costa Rica) (2017). Vigésimo primer Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible.. San José C.R.
Llaguno, Cerdas y Aguilar (2014). Transformaciones y continuidades en el capitalismo agrario centroamericano: el caso de Costa Rica. En Almeyra, G. (2014). Capitalismo, tierra y poder en América Latina (1982-2012). Buenos Aires: CLACSO.
[1] Este es un análisis de coyuntura presentado en el marco de la 3ra Escuela Internacional de Posgrado y Campesina organizada por la Universidad de Costa Rica, La Red de Posgrado de CLACSO y el Grupo de Trabajo: Estudios Críticos al Desarrollo.
[2] Representantes del GT forman parte de la Universidad de Costa Rica desde el Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria, el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) y el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS).
