Por Érika Ramírez, Contralínea, 11 de enero de 2018
El Sarape, como se denomina a la planta termovalorizadora, es un proyecto inviable para el tratamiento de la basura porque termovalorizar es incinerar, aseguran expertos ambientalistas. En entrevista, el director de la Agencia de Gestión Urbana (AGU), Slomianski Aguilar, defiende el proyecto que costará más de 100 mil millones de pesos: “el más importante en América Latina”
El proyecto de infraestructura más importante de América Latina, según la versión oficial, es cuestionado por ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil, por considerar que la Ciudad de México no toleraría más contaminación de la que ya se genera en la metrópoli. Además del gasto de más de 109 mil millones de pesos que implica.El proyecto de infraestructura más importante de América Latina, según la versión oficial, es cuestionado por ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil, por considerar que la Ciudad de México no toleraría más contaminación de la que ya se genera en la metrópoli. Además del gasto de más de 109 mil millones de pesos que implica.
Se trata de la Planta de Termovalorización El Sarape, que será ubicada en la zona del Bordo Poniente, defendida por el gobierno de la Ciudad de México, a través del director de la Agencia de Gestión Urbana (AGU), Jaime Slomianski Aguilar. La obra se ha otorgado a la trasnacional italiana Proactiva Medio Ambiente, SA de CV-Veolia.
Slomianski Aguilar hace frente a las críticas que han llegado hasta la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y que han motivado moción suspensiva del dictamen por el que ya se había aprobado “la solicitud de autorización para la afectación de cantidades remanentes de participaciones federales que le corresponden a la Ciudad de México”, a efecto de llevar a cabo la planta de aprovechamiento de poder calorífico de residuos sólidos urbanos. La moción suspensiva del dictamen fue promovida por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
En entrevista con Contralínea, Slomianski Aguiar responde a los cuestionamientos llevados a tribuna, a través del líder de la bancada de Morena, César Cravioto Romero, y a las publicaciones en la prensa nacional y extranjera. No obstante, ambientalistas aseguran que el proyecto afectaría a los habitantes de la capital del país porque se incrementaría la generación de contaminantes.
Proyecto a pagar en 30 años
Uno de los principales argumentos que esgrimió Morena en el recinto legislativo, para solicitar la moción suspensiva, es el importe económico mayor a los 100 mil millones de pesos, a través de la figura de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS).
Al respecto, servidor público expone que los 109 mil millones de pesos, por los que se solicitaron las garantías financieras, son para dos plantas: la de termovalorización (a la que se le suministrarán 70 mil millones) y la de biodigestión (29 mil millones).
Expone que la planta termovalorización es para procesar desechos fundamentalmente inorgánicos mezclados, y la de biodigestión es para procesar desechos sólo orgánicos, “son tecnologías distintas y esas garantías financieras son para ambas plantas”.
Para el legislador de Morena esta obra impulsada por el gobierno perredista de Miguel Ángel Mancera, es un agravio para la población de la capital del país impulsar este tipo de proyectos, luego de la urgente reconstrucción que merecen diversos espacios de la ciudad, tras los sismos ocurridos en septiembre pasado.
Cravioto Romero manifestó a Contralínea que es impensable que se lleven a cabo este tipo de obras, después de la “zozobra” que dejó el sismo del 19 de septiembre pasado y en torno a lo que costará la reconstrucción de la capital del país.
“Resulta que el jefe de gobierno manda un dictamen para que la Asamblea lo apruebe y en el que compromete 100 mil millones de pesos para un negocio que tiene que ver con incinerar basura. La construcción de la Línea 12 del [Sistema de Transporte Colectivo] Metro costó 27 mil millones. Éste sería el asunto de corrupción más grande en la historia de la Ciudad. Se estaría invirtiendo cuatro veces lo que costó la Línea 12 en esta planta para incinerar basura. Es un negocio redondo”, comentó (Contralínea, 568).
Se ha señalado que con estos proyectos se está endeudando la ciudad, dice Slomianski Aguilar. Al respecto, responde que para que la Ciudad de México se pueda endeudar, en términos financieros, tiene que presentar su registro de deuda ante la Secretaría de Hacienda, que lo tiene que aprobar, tiene que presentar a la entidad financiera que va a aportar el dinero y, además, debe estar dentro del techo de endeudamiento autorizado por el Congreso de la Unión. “No estamos hablando de deuda”, asegura.
Slomianski Aguilar expone que Veolia, la empresa ganadora de la licitación para la construcción de la planta, se encargará de la construcción de la misma por un costo de 11 mil millones de pesos, y que será hasta que esté concluida (en un periodo de 8 meses a 3 años) que se comenzarán a entregar 4 mil 500 toneladas de basura para su procesamiento.
Con el tonelaje proyectado para el procesamiento, se tendrá que generar 965 mil megawatts hora, que es la energía que hoy utiliza el Metro para mover a las 12 líneas; “es decir, toda la energía para mover al Metro, ya cuando empiece a funcionar la planta, recibiendo estas toneladas y generando esta energía eléctrica. Entonces, en ese momento la Ciudad de México tendrá que pagarle al prestador del servicio (Veolia), la contraprestación por realizar ese servicio”, expone.
El director de la AGU, dice que la Ciudad no está concesionando ni la basura ni la energía eléctrica para el Metro, ni la Ciudad de México le está comprando la energía eléctrica al prestador de servicio. Lo que la Ciudad de México hizo fue un contrato de prestación de servicios a largo plazo, que establece la entrega de 4 mil 500 toneladas (sin perder la rectoría de la basura de la ciudad) para que Veolia, con su tecnología y con estas características ambientales genere energía eléctrica que es de la Ciudad.
“No voy a comprar, se decide qué hacer con esa energía eléctrica y lo que se decidió, como Gobierno de la Ciudad fue que esa energía eléctrica se le va a dar al Metro. A cambio, Veolia construirá una planta para que pueda hacer lo que se le está pidiendo”, dice.
Para llevar a cabo este trabajo, dice Slomianski Aguilar, se le pagará una contraprestación económica de 2 mil 300 millones de pesos anuales, más IVA, que se obtendrán de lo que ya tiene presupuestado el Sistema de Trasporte Colectivo Metro para comprar energía eléctrica para poder mover a las 12 líneas.
Otro de los argumentos de Slomianski para defender el megaproyecto, es que la Ciudad de México genera diariamente 13 mil toneladas, mismas que se colocan a través de diversos procesos: de 4 mil a 4 mil 500 toneladas son enviadas a la planta de composta, la que separan los trabajadores de limpia en los camiones. Más de 1 mil toneladas diarias se entregan a una compañía cementera para que se lleve la basura como combustible para sus hornos.
“Enviar la basura a rellenos sanitarios es un modelo de gestión que sólo trae costos, no da un sólo valor. El primero es ambiental; enterrar los desechos de las ciudades en muchos países del mundo ya son valorizables. Los desechos de la Ciudad ya no son basura, ya se valorizan a través del reciclaje. De lo orgánico se capta el gas metano, se convierte en energía. Lo inorgánico se termovaloriza y se genera energía. Eso sucede en la mayoría de los países europeos, ciudades de Estados Unidos y Asia”, comenta.
Ambientalistas en oposición
El Sarape, así se le ha llamado al proyecto de termovalorización, es cuestionado por ambientalistas y defendido por el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Éste será un espacio cerrado para evitar la emisión de olores hacia el exterior y con capacidad para recibir 20 camiones con cajas de transferencia, indica la AGU.
No obstante, Jorge Tadeo Vargas, biólogo y coordinador del Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad, comenta que en temas ambientales y de salud, la Ciudad de México ya tiene un aire demasiado impactado en todo lo que es el Valle de México, por las mismas condiciones tanto geográficas y por la industria que están en el lugar.
El investigador indica que aumentar esta situación, con la quema de 4 mil 500 toneladas de basura al día, va a generar un impacto mayor “porque tenemos que sumar todas las dioxinas, furanos, metales pesados que se van a ir sumando a lo que ya se tiene. El impacto a la salud va a aumentar considerablemente a lo que ya se está viviendo. No se están buscando medidas para bajar los niveles de contingencia ambiental”, dice.
El científico expone que una termovalorizadora, como se le denomina al proyecto, es una incineradora. “Se le aplica calor a los residuos para generar energía: eso es incinerar”, dice.
Es importante recalcar, dice el biólogo, “es que tener una incineradora va a generar una reducción en los procesos de reciclaje y compostaje, y podrían ir desapareciendo porque la incineradora necesita basura para poder funcionar. No puede haber un proyecto de basura cero de recuperación de reciclaje cuando el negocio de la empresa está en el aumento de la basura”.
El gobierno debe echar a andar proyectos de “basura cero, con procesos que tengan que ver con separación de origen, recolección diferenciada, centros de reciclaje, donde los pepenadores puedan hacer su trabajo, centros de compostaje y no que terminen enterrados o incinerados”, indica Tadeo Vargas.
Andrea Cerami, defensor del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), arguye que “al quemar todo, se liberan gases y vapores que salen a la atmósfera. Esos vapores, en otras partes del mundo, se han definido como cancerígenos y, justo por eso en Europa, ya prohibieron las nuevas plantas de termovalorización o incineradores, por los impactos en la salud.
“Por el tipo de trabajo que se va a hacer sobre la basura, creemos que puede haber también emisiones contaminantes al suelo y al agua, que deberían estar en la Manifestación de Impacto Ambiental y ser verificadas por la autoridad”, expone.
La organización ambientalista Greenpeace México también manifestó un análisis al respecto y advirtió: “El hecho de que la AGU se comprometa a entregar los residuos de manera indiscriminada, sin importar si se trata de residuos orgánicos o inorgánicos, deja en entredicho la retórica del gobierno de la Ciudad de México en el tema de la reducción, separación selectiva, acopio y reciclaje de residuos”.
En defensa del proyecto, el director de la AGU, Jaime Slomianski, dice que las tecnologías de incineración, en términos de disponibilidad de residuos sólidos, son completamente distintas a las termovalorización.
“Estamos hablando de dos cosas distintas, la tecnología de incineración en cuanto a disponibilidad de residuos sólidos son unas plantas conde queman la basura, sin control, sin generar un ciclo térmico y todos los gases se avientan a la atmósfera, una planta de incineración sin control es algo que no sólo no se debe hacer sino está prohibido.
“En tanto que en el mundo, hay más de 2 mil plantas de termovaolrización, 500 de ellas en Europa. Suiza que es uno de los países más responsables y con más medidas de control tiene 30 plantas. Alemania, Finlandia, Noruega, los países más estrictos con sus normas ambientales y los más responsables han desarrollado y construido plantas de termovalorización para procesar la basura”, asegura Slomianski.
