Por Arturo Huerta González, La Jornada de Oriente, 26 de septiembre de 2017
En la renegociación de la deuda externa en 1982, el Fondo Monetario Internacional y los países acreedores impusieron políticas de apertura comercial (México entró en 1986 al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT), de disminución del tamaño y participación del Estado en la actividad económica, donde el gobierno realizó fuertes restricciones al gasto corriente y se deshizo de muchas empresas, lo que contrajo la actividad económica.
En las renegociaciones de la deuda pública en 1989 impusieron la venta de Telmex, de la banca, así como la apertura al libre movimiento de capitales, que dio paso a la autonomía del banco central (que empezó en 1994) para asegurar la estabilidad de la moneda, deseada y controlada por el sector financiero. Con ello el gobierno perdió el control de la moneda y dejó de tener política fiscal y cambiaria a favor del crecimiento económico.
En la negociación del TLCAN con Estados Unidos y Canadá en 1993 se procedió a la apertura comercial con bajos aranceles, realizándose ello en un contexto donde el país no tenía (y sigue sin tener) los niveles de productividad y competitividad para ganar en dicho proceso. Con ello dejó de tener política industrial y agrícola para impulsar el sector productivo y la actividad económica. Asimismo, el TLCAN permite a los inversionistas de otros países miembros demandar a aquel gobierno integrante que considere que los está tratando de manera injusta. Es decir, no se pueden establecer leyes ni políticas a favor de lo nacional que afecten los intereses de los inversionistas extranjeros.
En la crisis de 1995 se impuso la venta de la banca al capital extranjero, así como la venta de Ferrocarriles Mexicanos y se procedió a la reestructuración de Pemex, para dar paso a la participación del capital privado en dicho sector, todo ello con el beneplácito de los gobiernos en turno.
Con las reformas estructurales el gobierno de Peña Nieto se abrió totalmente el sector energético al sector privado, compartiendo con este la renta petrolera, por lo que dicho sector deja de desempeñar el rol estratégico que venía teniendo de impulso a la dinámica económica. Con la reforma financiera se desregula más a dicho sector, por lo que pasa a ser más disfuncional al crecimiento económico, además de facilitarle mayores niveles de ganancia.
Ahora, durantes las renegociaciones del TLCAN, el gobierno mexicano cede a las posturas del gobierno de Estados Unidos y ha colocado al sector petrolero para que asegure el abasto estratégico de América del Norte, es decir, para que vengan empresas petroleras estadounidenses a explotar nuestro petróleo para sus propósitos estratégicos, donde serán ellas las que determinen la política petrolera del país, evidenciando la clara subordinación del gobierno y del Estado a tales intereses.
Igual acontecerá con Telecomunicaciones y Servicios Financieros, que el gobierno mexicano ha colocado en las renegociaciones, donde serán las empresas estadounidenses las que determinen el funcionamiento de tales sectores estratégicos. Se ha abierto la economía nacional a la inversión extranjera en prácticamente todos los sectores de la economía, y en las actuales renegociaciones Estados Unidos está por que se abran todos. El gobierno y el Congreso Mexicano no tendrán capacidad alguna de instrumentar leyes ni políticas para que tales sectores sean funcionales a la dinámica productiva, a la generación de empleo, al crecimiento económico, a la mejora de la distribución del ingreso, sino que se subordinarán a las iniciativas y demandas que tales empresas exijan a su favor.
Las políticas de libre movimiento de mercancías y capitales nos han llevado a tener menos industria, a perder la seguridad alimentaria, a crecer menos, a tener déficit de comercio exterior creciente y a depender más de la entrada de capitales, y a no tener manejo soberano de política económica a favor de objetivos nacionales.
Ningún país debe imponer a otro, políticas o medidas que le dan ventaja, por lo que no podemos seguir con el TLCAN y las políticas predominantes que han recrudecido nuestros problemas, han aumentado la extranjerización y debilitado al Estado frente a tales capitales.
Debemos defender nuestra soberanía, para determinar la política económica a favor de lo nacional y no estar subordinados a los dueños del dinero.
