Por Jessica Xantomila, La Jornada, 15 de noviembre de 2017
Dijo que las comunidades no son consultadas, las hostigan, criminalizan a los líderes, se crean procesos largos y cansados que llevan al desgaste que ocasionan perder capacidad de producir y oportunidades de ingreso.
También, hay compra de integrantes de los pueblos indígenas o un uso faccioso de la ley agraria donde solamente cierto padrón de comuneros puede tomar decisiones en la asamblea. Hay ciertos mecanismos, incluso legales, que se combinan con prácticas comunitarias intervenidas por gobierno y sector privado donde desvirtúan el proceso de diálogo, expuso.
Ante esta situación, en el foro de consulta, consentimiento previo, libre e informado y autodeterminación, diversas organizaciones, representantes de comunidades y pueblos indígenas de Guatemala, Honduras, Perú, Ecuador, Bolivia y México se pronunciaron por el respeto a la consulta y consentimiento libre e informado.
Rechazaron que se impulsen reformas por parte del sector privado para reformar este mecanismo, pues dijeron que el país cuenta ya con avances normativos.
Falta voluntad política
En conferencia de prensa, Daniel Cerqueira, de la Fundación para el Debido Proceso, dijo que lo que impide la implementación de las consultas previas, no es la ausencia de leyes o de normas claras, pues éstas ya se desprenden del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Lo que falta es voluntad política para la implementación de ese derecho fundamental. Mientras exista la presión extractivista para que los territorios de los pueblos indígenas sean concesionados para la realización de megaproyectos, de nada sirve tener instituciones perfectas, leyes perfectas. El gran impedimento para la implementación de la consulta previa hoy en América Latina y en México, naturalmente, es esa relación turbia entre intereses corporativos y agentes estatales que a la última desconoce los derechos de los pueblos indígenas.
Olivia Marcela Zúñiga Cáceres, la hija mayor de Berta Cáceres, dijo que las consultas a los pueblos indígenas no se hacen con la finalidad de que sea un instrumento jurídico y político al servicio de las poblaciones indígenas sino que por el contrario es un instrumento como para cumplir un requisito de mero trámite para la empresa privada.
