Por Base Investigaciones Sociales (BASE IS), 4 de octubre de 2017
Los últimos días de setiembre y los primeros de octubre marcan año a año, el inicio de la campaña sojera en Paraguay. En el campo, la apertura de este periodo trae consigo el intoxicado aroma de los agroquímicos y el aumento de la represión contra campesinos y campesinas que resisten ante los embates del agronegocio.
Para la campaña 2017/2018 la producción sojera abarcará unas tres millones quinientas mil hectáreas a lo largo y ancho del país y se utilizarán varios millones de litros de agrotóxicos que terminarán afectando la salud de la comunidades campesinas.
El uso masivo de plaguicidas continua en el país a pesar de las recomendaciones de la propia Organización de las Naciones Unidas, que exigía a Paraguay adoptar un marco legal efectivo de protección al medioambiente, “particularmente contra el uso indiscriminado de agrotóxicos, y prevea sanciones apropiadas para los responsable, además de una indemnización adecuada a las personas afectadas”
En su dimensión represiva, el comienzo de la temporada de siembra de la soja estuvo marcado por inquietantes declaraciones de referentes de los gremios de la producción, como la UGP, cuyos referentes fustigaron a “una izquierda inescrupulosa que intenta desestabilizar el país”, mientras voceros de las Fuerzas de Tareas Conjuntas acusaban a campesinos de quemar tractores en las colonias menonitas de la militarizada zona norte del país.
Por su parte las organizaciones campesinas se aprestan a resistir en sus territorios lo que se prevé será un verano marcado por las fumigaciones. Alberto Velázquez, de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), vive en el distrito de Mariscal López, en el limite entre los departamentos de Caaguazú y San Pedro, zona donde la expansión sojera se encuentra en pleno auge; allí unas doscientas familias han decidido oponerse a la siembra de soja en un terreno de cerca de 50 hectáreas que se encuentra en medio de la comunidad, a solo metros de la escuela y la parroquia local.
Es que desde hace tres años, cuando un colono de origen brasileño logró arrendar tierras en la zona, han tenido que soportar reiteradas fumigaciones que afectan a la salud de los vecinos y vecinas. Por esto hace días acampan frente a la propiedad y han decidido que si el arrendatario persiste en su intención de sembrar soja, ocuparán la tierra y producirán en ella cultivos de auto-consumo que ayuden al sostenimiento de las familias del asentamiento.
Sin embargo, el principal temor de los vecinos y vecinas es la protección policial con la que cuentan los sojeros. En el país se han vuelto frecuentes los casos donde la propia policía acompaña la siembra y fumigación de soja por parte de grandes productores, reprimiendo a las comunidades que se movilizan para intentar frenar el avance de la sojización en el campo, dando muestras claras de que para el gobierno la prioridad está en proteger al agronegocio aún a costa de la salud y el arraigo de miles de campesinos y campesinas.
Según el libro “Judicialización y violencia contra la lucha campesina” entre 2013 y 2015 se dieron 43 casos de criminalización contra campesinos y campesinas; de éstos, 17 corresponden justamente, a comunidades que se decidieron a frenar el avance del agronegocio en sus territorios, lo que ha dejado solo en esos años, 67 campesinos heridos o torturados y 104 imputados, evidenciando que esta problemática se va agravando en el campo.
