Por Martín Morales, La Crónica de Chihuahua, 8 de agosto de 2017
Desmontar los sistemas informales de reutilización de la basura es parte del proyecto “Ciudades Sustentables” diseñado por el Banco Mundial, prestamista de cabecera de ciudades y gobiernos de países subdesarrollados, que en la Ciudad de México fue lanzado por Andrés Manuel López Obrador en 2003, y que hoy retoma y consolida Miguel Ángel Mancera con el programa “Basura Cero”, con el que se esfuma el medio de sustento de por lo menos 65 mil trabajadores y sus familias en la capital.
Por lo menos 65 mil trabajadores informales de la basura de la Ciudad de México (CDMX) –50 mil chatarreros, 10 mil “voluntarios” del servicio de limpia y cinco mil pepenadores– quedaron expuestos a perder sus trabajos y a ser encarcelados a partir de que el pasado ocho de julio entró en vigor una reforma a la Ley de Residuos Sólidos (LRS) que penaliza esas actividades independientes y las entrega a empresas privadas para su explotación “formal” dentro del programa Basura Cero.
De este modo, dijo a buzos Francisco Urióstegui, dirigente de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores (CNIMR), al mismo tiempo que arrebata a esos trabajadores “su forma de sobrevivencia y el sustento de sus familias”, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera consolida un proyecto de ecología mercantilizada –elaborado por el Banco Mundial (BM) con el nombre Ciudades Sustentables– que Andrés Manuel López Obrador inició en 2003 y Marcelo Ebrard Casaubón continuó en 2011.
El primer acoso a los trabajadores informales de la basura en la capital de la República se dio hace cinco años cuando el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, ordenó el cierre de los tiraderos de basura y la mayoría de los cinco mil pepenadores se vieron presionados a seguir laborando clandestinamente o a convertirse en obreros de recicladoras particulares o del propio GDF.
Los pepenadores formaban parte de tres organizaciones: la Asociación de Selectores de Desechos Sólidos de la Metrópoli A.C., algunos de los cuales se integraron a la planta gubernamental de San Juan de Aragón; el Frente Único de Pepenadores A.C, encargado del tiradero Bordo Poniente, ya clausurado y la Unión de Pepenadores del Distrito Federal, Rafael Gutiérrez A.C., fundada en los años 70 por Rafael Gutiérrez Moreno “El Zar de la Basura”, asesinado el 14 de febrero de 1987, quien heredó el negocio a su hijo Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la capital. El último reducto de los pepenadores fue el tiradero de Santa Catarina, también cerrado.
También están bajo amenaza de extinción los 10 mil “voluntarios” del servicio de limpia del gobierno de la CDMX, quienes auxilian a los trabajadores sindicalizados en la recolección de basura en calles y domicilios a cambio de las propinas de los ciudadanos, así como del acopio de materiales reciclables que venden de manera independiente.
Los trabajadores de la sección 1 “Limpia y Transporte” del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF), Ricardo Arzola y Alfredo Hernández destacaron que en su gremio hay zozobra y desorden laboral derivado de 17 mil trabajadores de base y los 10 mil “voluntarios”.
En diciembre de 2016 los trabajadores de limpia inconformes protestaron en algunas delegaciones y el 12 de enero de 2017 en las antiguas instalaciones del Senado, donde sesionaba la Asamblea Constituyente de la CMDX, que está encargada de expedir la Primera Constitución de la CDMX, que entrará en vigor en enero de 2018.
Sus manifestaciones estuvieron enfocadas a evitar que en la futura carta magna de la capital de la República se autorizara la eventual privatización del servicio de limpia, en cuanto las actuales delegaciones políticas funcionen como municipios a partir de 2018, éstos podrán asociarse con empresas privadas para dar servicios públicos.
La Constitución local dice que no se pueden privatizar, pero la figura legal “asociación público-privada”, vigente en las leyes federales, puede abrir tal posibilidad.
En el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la empresa trasnacional francesa Veolia –que en la CDMX instalará una planta de termovalorización para generar electricidad con basura– desplazó a cientos de trabajadores informales de desechos y solamente contrató a 90 obreros para la recolección de basura; el pasado 29 de mayo éstos realizaron un paro de labores porque el corporativo galo les advirtió que no les pagaría reparto de utilidades, horas extras y que no les incrementaría sus salarios.
“Nuestro salario es muy bajo, ganamos mil 300 pesos a la quincena; además de eso los camiones no sirven, no tenemos buen trato y no nos dan uniforme”, denunció un trabajador ante la prensa local.
Ruta de la penetración trasnacional
En el texto del BM denominado Basura Cero, los residuos sólidos en el epicentro del Desarrollo Sostenible, fechado el tres de marzo de 2016, se indica: “(…)
Desde el año 2000, los préstamos del Banco Mundial para proyectos de gestión de residuos sólidos han alcanzado los 4 mil 500 millones de dólares y apoyado 329 programas de residuos sólidos alrededor del mundo. Los proyectos combinan financiación de infraestructura y servicios de consultoría, desde servicios básicos de recolección y disposición final, hasta programas sofisticados de reutilización y reciclaje (…)”.
El proyecto Ciudades Sustentables del BM ha sido “sugerido” a gobiernos deudores –entre ellos los de México, Colombia y Chile– precisamente porque la reordenación del mercado informal de desechos ha levantado la inconformidad de los trabajadores que hallan su sustento en el reciclaje.
En el documento del BM se indica: “(…) Los trabajadores informales juegan un papel importante en la mayor parte de los países en vía de desarrollo, en donde entre el 15 y el 20 por ciento de las basuras generadas se maneja ad-hoc por parte de individuos o microempresas que no están formalmente registradas o reconocidas. Se dedican a recolectar, seleccionar, reciclar y reutilizar los residuos…
Hemos desarrollado unos modelos muy prometedores para asegurarnos de que los trabajadores informales del sector de residuos gocen de oportunidades de empleo formal (…)”, aseveró Frank Van Woerden, ingeniero ambiental principal en el BM.
Abrir paso
En sus periodos de gobierno en la CDMX, López Obrador y Ebrard Casaubón fueron obedientes de las “recomendaciones” del BM, tal como ahora lo es Mancera.
El 20 de noviembre de 2015 el jefe de gobierno de la CDMX anunció “una inversión” de 10 mil millones de pesos del BM para modernizar la red de agua potable capitalina, que trabajadores del sistema de aguas e investigadores académicos, calificaron como el primer paso hacia su privatización, aunque ese camino ya está muy avanzado, pues los gobiernos perredistas introdujeron desde hace años a trasnacionales como la francesa Veolia, una de las firmas recomendadas por el BM.
Veolia, así como otras firmas en otras delegaciones, se encarga hoy del servicio de agua en Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero; y Mancera le renovó el contrato por cinco años más (hasta 2022) en febrero pasado.
Las corporaciones esperan la reforma federal que cambiará en algún momento el actual carácter de “pago de derechos” por el uso del vital líquido a “servicio medido” para abrir plenamente el negocio a las trasnacionales.
El BM también será el encargado de financiar, con tres mil millones de pesos, la compra de los autobuses de dos pisos que circularán por la controvertida ruta de la avenida Reforma, y para la extensión de la Línea 5 del Metrobús, según informó el 17 de marzo de 2015 el propio Miguel Ángel Mancera y que confirmó el 27 de abril de 2016 Abel López Dodero, representante del BM en México.
En el marco del plan ecológico sustentable, a partir del ocho de julio pasado, recolectar, almacenar y tratar basura sin permiso de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CMDX puede ocasionar hasta una sanción de uno a cuatro años de prisión y multas de 500 a dos mil veces la “unidad de cuenta”, que es de aproximadamente 75.50 pesos por unidad (ya no se usa el salario mínimo como base). Y para un ciudadano que se niegue a separar su basura, de 20 a 20 mil veces la unidad, y si la multa se aplica según la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, será de 20 a 100 mil unidades. Estas sanciones están “suspendidas” por el momento.
El cuatro de julio de 2017, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó reformas a la Ley de Residuos Sólidos (LRS), legislación expedida originalmente por la mayoría perredista en la ALDF y promulgada por López Obrador en 2003, y al Código Penal del Distrito Federal, en aquella ocasión impulsadas por la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), coordinada por el diputado Xavier López Adame, con el fin de darle un marco legal a la Norma Ambiental para el Distrito Federal (NADF-024-AMBT-2013) expedida a su vez por la Sedema, a cargo de Tanya Muller, la cual establece “los criterios y especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de los residuos en el Distrito Federal”.
“La idea es que la basura separada realmente llegue a las estaciones de transferencia de residuos de la CDMX y que sea ahí donde se puedan captar los recursos, con los cuales se van a pagar servicios de las instituciones públicas, por ejemplo, a los composteros. Que se generen recursos públicos es lo que principalmente, creo yo, se está buscando.
La separación de la basura siempre la hemos tenido que hacer en las casas; lo que está cambiando es cómo se recolecta esa separación”, dijo a buzos Tomás Severino, quien encabeza la organización civil Cultura Ecológica.
Visión empresarial del reciclaje
El reciclaje en la informalidad ha sido descrito por analistas financieros, entre ellos los del BM, como un grave desperdicio porque se destruyen miles de millones de dólares. Señalan que en el caso mexicano solamente se alcanza a re-industrializar el 20 por ciento de las 86 mil toneladas diarias que se producen en el país.
Coincidentemente, la Asociación Nacional de Industriales del Plástico (Anipac), reportó el 13 de septiembre de 2016, que industrializar al 100 por ciento las 86 mil toneladas de residuos sólidos producirían no menos de tres mil millones de dólares al año, con una proyección del 10 por ciento de incremento anual.
De esto puede inferirse que la mayor parte de esos dividendos provendrían de los principales generadores de basura, primero, el Estado de México, donde se generan 14 mil toneladas al día y la CDMX, que produce 13 mil toneladas diarias.
La formalización del sector reciclaje de basura redundaría también en el cobro de impuestos, un rubro de especial interés para el BM como acreedor.
El Sistema de Administración Tributaria (SAT) calculó en febrero de 2014, cuando su titular era Aristóteles Núñez, que se aplicará el cinco por ciento fijo, además de las aportaciones por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), dado que invariablemente las recicladoras deberán comercializar sus productos con factura.
Trasnacionales beneficiadas
La basura es útil para producir dinero de diversas maneras. La trasnacional Cementos Mexicanos (Cemex) la utiliza como combustible barato en sus calderas, aunque en reiteradas ocasiones, grupos ambientalistas la han acusado de contaminar el entorno.
Por medio de una asociación pública-privada con el gobierno de la CDMX, Proactiva Medio Ambiente S.A. de C.V. –en realidad un disfraz de la trasnacional francesa Veolia y denunciada frecuentemente en tribunales internacionales por contaminar agua– edificará una planta en la zona de los viejos tiraderos clausurados por el gobierno de Ebrard en 2011, en la cual producirá 965 mil megawatts/hora anuales, energía que se usará para cubrir la demanda completa del Sistema de Transporte Colectivo (Metro).
El gobierno de la capital pone el terreno y cuatro mil 500 toneladas de basura diarias, aproximadamente un tercio de las 13 mil toneladas que la CDMX genera diariamente, y la firma trasnacional la construcción y la tecnología de termovalorización, con un costo estimado en 11 mil millones de pesos, todo lo que será de su propiedad por 30 años, en tanto el gobierno local le dará una contraprestación de dos mil 350 millones de pesos al año.
El dos de noviembre de 2012 Edgar Amador, subsecretario de Planeación de la Secretaría de Finanzas capitalina, anunció la construcción de una planta generadora de biogás que se alimentará con basura y será instalada en los terrenos que ocupaba el Relleno Sanitario Bordo Poniente, también clausurado por Ebrard en 2011.
Esta planta fue concesionada por 25 años al corporativo BMLMX Power Company, S.A.P.I de C.V. integrado por las empresas españolas Energía Sur de Europa, CLP Organogas, Tegner, Iberaltec, y las mexicanas Ramp Carbon Mexico, JCH e Inversion Redituable, otro corporativo que aparece en el listado del BM como eficaz empresa de desarrollo de energías alternativas.
Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente A.C., asociación que apoya el proyecto Basura Cero comentó a este semanario sobre el proyecto de Veolia: “Se hizo una licitación y un contrato de prestación de servicios para que le vendan energía eléctrica al gobierno de la CDMX. Se impulsa un libre mercado de la basura en el que pueden participar empresas y personas en lo particular”.
Crece lista de trasnacionales
De la consulta de las bases de datos se desprende que los registros expedidos por la Sedema aumentaron en un 100 por ciento entre julio de 2016 y julio de 2017.
El año pasado, el “listado de personas morales y físicas que cuentan con su registro y autorización de establecimientos mercantiles y de servicios para el manejo integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial que operen y transiten en el Distrito Federal (RAMIR)” eran 43 y los materiales que manejarían era diversos (cascajo, metales, PET, transporte, recolección, reciclaje, etc.). En julio de este año los nuevos “chatarreros” eran ya 88.
Por su continua participación en programas de Sedema, como “Reciclatrón”, destacan estas empresas: Recupera México, legalmente denominada Centros de Reciclaje Recupera, S.A. de C.V, de Edgar Báez Juárez, destacada por Sedema como eficaz empresa dedicada a recibir residuos reciclables y patrocinada por Petróleos Mexicanos (Pemex) y Banco Banbajío.
También figuran Dinpasa; Recuperadora de Metales San Agustín; OGIADA METAL Group, S.A de C.V.; GARASA, Grupo Acerero y Recicladora de Alargaciones S.A. de C.V; Reciclables Mora y Reciclables HEMA.
Recupera México compra desechos al gobierno de la CDMX, a las 16 delegaciones y a corporativos como Dow Chemical Company, grupo Walmart, Kraft Foods, Metlife, American Express, Canon, Disney, SAP, Televisa, Sky, Hotel Nikko México, Prudential Financial, Inter protección, Tokio Marine, Procesadora Mecali, Transforma, CBRE, CB Richard Ellis, Smurfit; así como a algunas instituciones federales como la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Otra es Recuper S.A de C.V., encabezada por Héctor Dueñas Hernández, quien aparece como administrador único, y también es frecuente beneficiario de licitaciones para el reciclaje de múltiples productos de desecho, entre ellos llantas, no solamente del gobierno de la CDMX, sino de delegaciones como Cuauhtémoc, y de dependencias federales como el IMSS.
Uno de los destinos de los reciclables electrónicos (“E-waste”) de las campañas de Sedema, cuyo valor crece en el mundo, es una empresa llamada Cali Resources S.A. de C.V, propiedad del mexicano-estadounidense Carlos Kelvin, propietario de una planta receptora en la ciudad de Tijuana, aunque su matriz esté en la ciudad de San Diego, California. Esta empresa forma parte del conjunto de firmas electrónicas ubicadas en entidades estadounidenses colindantes con México, donde posee varias subsidiarias manufactureras.
En México, cuyo consumo de refrescos y agua embotellada es el más alto del mundo, el negocio del reciclaje PET crece como la espuma. En la ciudad de Toluca se ubica la principal recicladora de PET “grado alimenticio” del mundo, llamada PetStar, cuyo director general es Jaime Cámara Creicell, quien es también presidente de la Comisión de Imagen de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac).
Leyes que “protegen” el negocio
“Que esto sea un negocio, no está mal. Desde 2003 la ley en la CDMX dice que la basura es un recurso aprovechable, y así lo dicen las leyes de residuos sólidos de otras entidades del país”, dijo a buzos Silvie Turpin, doctora en sociología e investigadora especializada en estos temas en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Conforme a la nueva legislación, los capitalinos deberán separar la basura así: 1.- Orgánicos. Comida, etcétera. 2.- Orgánicos reciclables, como las botellas de PET. 3.- Inorgánicos no reciclables, como las Colillas de cigarro. 4.- Manejo Especial y voluminoso, como los colchones y electrónicos. Estos últimos serán recibidos solamente los domingos por los camiones de limpia con distintivo especial. Los demás en un día de la semana y por rubro.
Hugo Alonso, titular de la sección 1 del Sindicato de Trabajadores del Gobierno de la CDMX, comentó a buzos: “Antes de esta ley nosotros no podíamos levantar colchones, hornos de microondas, llantas, cascajo, nada de lo voluminoso.
En la nueva norma de la Sedema se puso que los domingos podemos hacer la recolección de todo esto. Las camionetas para la recolección (los chatarreros) es algo nuevo en realidad, y están haciendo algo ilegal. Ellos recogen, por ejemplo, una pantalla, una computadora, un horno de microondas y le sacan lo que tiene valor. ¿Y qué le hacen a lo demás? ¿Dónde lo tiran? Pues en la calle, porque no tienen permitido llevarla a ningún otro lado”.
La nutrióloga Xaviera Cabada, analista en la organización El Poder del Consumidor, dijo a este semanario que las campañas para promover el reciclaje ecológico de algunos consorcios como Lexmark, Coca Cola (vía ECOCE) y Bonafont, “no deben tomarse como un plus que ellos estén reutilizando, porque es parte de su responsabilidad y obligación. Tampoco debe entenderse como la expedición de un boleto verde para que promuevan el hiperconsumo de sus productos”.
