Por Manuel Plalleles, El País, 16 de julio de 2017
El fiscal ecuatoriano Fidel Jaramillo no duda. “Es un caso de impunidad”, concluye sobre los vertidos de Texaco (que ahora forma parte de la estadounidense Chevron) en la amazonia ecuatoriana entre 1964 y 1992.
Unas 500.000 hectáreas y la salud de miles de personas se vieron afectadas por los vertidos continuados de residuos durante las actividades extractivas de petróleo que la compañía, junto a la empresa nacional de hidrocarburos, mantuvo hasta los noventa.
Un grupo de indígenas ha emprendido una larga guerra en los tribunales. Jaramillo recuerda que son ya “24 años de lucha”, desde que la empresa estadounidense dejó Ecuador. “Pero aún no se ha logrado justicia y reparación”.
En 2013, consiguieron una importante victoria: un tribunal de Ecuador condenó a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares. Pero la fase más complicada es en la que están ahora. Cobrar. Porque Chevron desapareció de Ecuador y ha sido imposible ejecutar la sentencia. “Tienen dinero para perpetuar este caso”, señala Jaramillo sobre las decenas de millones que gasta la compañía en abogados. Ecuador intenta que otros países, como Brasil, Argentina y Canadá, bloqueen a la compañía sus activos para ejecutar la sentencia. “Serán diez años más de lucha”, vaticina Jaramillo. ¿Y se logrará ejecutar? “Tarde o temprano algún país tendrá que animarse… Pero es ponerse en contra de un gigante”.
El caso de Chevron recuerda, aunque en una escala menor, al de la balsa de la mina Aznacóllar (Sevilla) que reventó en 1998. El Gobierno y la Junta de Andalucía llevan años intentando recuperar los más de 133 millones de euros que costó descontaminar la zona tras el vertido de lodos tóxicos. Boliden, que explotaba la mina, cerró su filial tras el desastre y se marchó de España.
“No hay estructuras internacionales fuertes. Se debería exigir la responsabilidad en el país del que es la matriz”, opina el jurista Baltasar Garzón. El exjuez de la Audiencia Nacional, a través de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, impulsa los llamados Principios de Madrid-Buenos Aires de Jurisdicción Universal, que persiguen que se incluyan los crímenes medioambientales en el Estatuto de Roma, con el que se creó la Corte Penal Internacional. “Hoy sabemos que si hay un genocidio habrá una respuesta nacional o en la Corte Penal Internacional; esa respuesta internacional es lo que hace falta en los casos de los crímenes contra el medio ambiente”, apunta Garzón. “Reforzaría nuestra labor, ojalá se incluyeran”, añade Antonio Vercher, coordinador de la Fiscalía de Medio Ambiente de España.
Los crímenes medioambientales y su persecución han centrado uno de los cursos de verano organizados por la Fundación Internacional Baltasar Garzón y la Universidad de Jaén, celebrados la semana pasada en el municipio jiennense de Torres.
La abogada escocesa Polly Higgins, otra de las participantes en el seminario, prefiere hablar de “ecocidios”. Higgins, una de las letradas ambientalistas internacionales más reconocidas, recuerda que el debate sobre el Estatuto de Roma (firmado en 1998) no es nuevo. En 1996, cuando se estaba discutiendo su redacción, los borradores incluyeron un apartado sobre crímenes medioambientales. “Pero se eliminó del Estatuto de Roma y se cerraron las puertas”, apunta Higgins, que achaca su desaparición a “las presiones” de varias potencias —como EE UU, Reino Unido y Francia— y de grandes corporaciones multinacionales dedicadas a la agricultura, la energía nuclear y los combustibles fósiles. “Nos toca ahora incluir aquello que se perdió en el Estatuto de Roma”, propone esta abogada.
El derecho internacional ya cuenta con algunas experiencias de persecución de estos delitos medioambientales, aunque ligadas a los “crímenes de guerra”, indica el abogado experto en derechos humanos Manuel Vergara. Como el caso 7150-496 de los juicios de Nuremberg tras la II Guerra Mundial. “Nueve oficiales alemanes fueron acusados de extraer madera de los bosques polacos durante la ocupación”, recuerda Vergara.
