Por Lilian Hernández, Excelsior, 27 de mayo de 2017

De acuerdo con el estudio La Biodiversidad en la Ciudad de México, elaborado por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la invasión de estas zonas verdes atenta contra la viabilidad ecológica de la urbe, que en días recientes ha enfrentado dos contingencias por lo altos niveles de contaminación.

El suelo de conservación es la zona que proporciona a los capitalinos bienes y servicios ambientales como captación e infiltración de agua al manto acuífero, regulación del clima, mejoramiento de la calidad del aire, hábitat para la biodiversidad, oportunidades para la educación, investigación y recreación, producción de alimentos y materias primas, entre otros.

Este tipo de suelo, la reserva territorial de la urbe con 87 mil 294 hectáreas, representa 59% de la superficie de la capital y está contenido en las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco.

La investigación, en la que participaron más de 200 especialistas en diversos temas ligados a la biodiversidad, explica que la reducción del suelo de conservación se debe en gran parte a que “el proceso de planeación urbana y ambiental no ha sido eficaz para detener de manera efectiva la ocupación. Por el contrario, las autoridades locales y federales han sido bastante tolerantes”.

Indica que la ocupación ilegal del suelo de conservación se caracteriza por las condiciones precarias de la vivienda y la falta de servicios públicos, pero que con el paso del tiempo consiguen regularizarse porque son botín político y quienes llegan a cargos públicos tienen que cumplir esos compromisos.

Tras analizar la expansión de la mancha urbana entre 2007 y 2008 el estudio sostiene que el crecimiento urbano ha sido irregular, por ejemplo en el Ajusco, ya que “el fácil acceso a la zona incrementa la oferta de terreno para construir”.

Desde una perspectiva ambiental, el suelo de conservación capitalino se divide en seis regiones de biodiversidad: bosques y cañadas, humedales de Xochimilco y Tláhuac, serranía de Xochimilco y Milpa Alta, sierra de Guadalupe, sierra de Santa Catarina y los parques y jardines urbanos.

El trabajo destaca que en la serranía de Xochimilco y Tláhuac los investigadores identificaron 362 asentamientos irregulares, de los cuales seis tienen más de 15 mil habitantes, es decir, 90 mil personas que destruyeron el suelo de conservación para vivir. A ellos se suman otros cuatro polígonos irregulares con más de 55 mil habitantes cada uno y cinco asentamientos con un promedio de 49 mil personas en cada localidad.

Ello significa que tan sólo en 15 asentamientos irregulares de las zonas montañosas de estas dos delegaciones habitan 194 mil personas, que equivale a 2.2% del total de la población de la Ciudad de México, de 8.8 millones.

En la región de bosques y cañadas hay 136 asentamientos irregulares desde 2010, de los cuales hay un polígono con más de 23 mil habitantes y otro con dos mil 500.

“El resto está por debajo de los dos mil 500, lo que indica una gran dispersión y, sobre todo, la fragmentación que se presenta en la ocupación de las dos grandes regiones de biodiversidad dentro del suelo de conservación”, advierte el análisis de la Sedema y la Conabio.

Los expertos alertan que, de seguir esta expansión de asentamientos irregulares, los efectos negativos irán en aumento y un ejemplo es que habrá menos espacios verdes para mejorar la calidad el aire y el clima de la CDMX, ya que se entra en “un círculo vicioso al crear medios insalubres que a su vez generan un riesgo ambiental”.

El estudio alerta que a pesar de los esfuerzos en algunas áreas de gobierno, también hace falta continuidad en las políticas públicas cada vez que hay cambios de gobierno, y la demora en la toma de decisiones por las áreas jurídicas, han propiciado la proliferación de asentamientos irregulares en suelo de conservación, ya que en un periodo de entre 15 a 20 años logran obtener su total regularización, acabando por completo con las áreas destinadas a funciones ambientales.