Por Yolanda Massieu, La Jornada Ecológica, 29 de mayo de 2017
En la declaración del evento se reconocen los impactos negativos en la biodiversidad ocasionados por la degradación y fragmentación de los ecosistemas, cambios no sostenibles en el uso de la tierra, sobreexplotación de recursos naturales, tala, captura y comercio ilegal de especies, introducción de especies exóticas invasoras, contaminación del aire, el suelo, las aguas continentales y los océanos, cambio climático y desertificación.
Ante ello, el gobierno mexicano triplicó la superficie de ANP en el país con un decreto. La mayor parte de las ANP de México sufren de negligencia e insuficiencia de financiamiento público, y frecuentemente son impuestas a las comunidades humanas locales generando conflictos. La radicalidad del decreto presidencial es solo aparente: son cuatro nuevas áreas naturales protegidas que se agregan a las ya existentes, y se llega a 91 millones de hectáreas, casi el 14 por ciento de la superficie total del país. La superficie protegida anterior era de 25.6 millones de hectáreas.
En este decreto se incluyen 58 millones de las islas Revillagigedo, las otras ANP decretadas son las islas del Pacífico y sus aguas adyacentes en la costa occidental de Baja California y Baja California Sur, con 1.2 millones de hectáreas; el Pacífico mexicano profundo en una franja marítima por abajo de los 800 metros de profundidad, de Chiapas a Nayarit, y la Sierra de Tamaulipas.
El antecedente de esta medida presidencial publicitada en la COP13 se dio en junio de 2016, cuando la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), incorporó 17 nuevos espacios a la lista del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, sumando en 194 reservorios de la biodiversidad de México.
Las reservas que se sumaron son el mencionado archipiélago de Revillagigedo, en el océano Pacífico; la sierra del Abra Tanchipa, en San Luis Potosí; la sierra Gorda de Guanajuato; la de Zicuirán-Infiernillo, en Michoacán; ocho áreas de protección de flora y fauna, como las Ciénagas del Lerma, en el estado de México; la Laguna de Términos, en Campeche; la zona marina del archipiélago del Espíritu Santo, Baja California Sur; la isla de Cozumel, Quintana Roo; las Marismas Nacionales, Nayarit; el sistema arrecifal Lobos-Tuxpan, Veracruz; el valle de los Cirios, Baja California; las cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec, estado de México, y el santuario Ventilas Hidrotermales de la cuenca de Guaymas y de la dorsal del Pacífico oriental, golfo de California y Pacífico norte.
La creación de ANP como única medida gubernamental para preservar la naturaleza es cuestionable. Parecería que el decreto por sí mismo basta para avanzar a la sustentabilidad, mientras que con su creación se da vía libre para actividades humanas depredadoras en las áreas no protegidas.
El estado actual de las ANP mexicanas es desastroso: de las 177 áreas reconocidas en México antes del reciente decreto presidencial, 75 de ellas (42.4 por ciento) no cuentan con programas de manejo, por lo que está en riesgo su preservación, restauración y conservación.
De las 104 ANP, 32 no cuentan con su programa de manejo publicado, con lo que se incumplen tratados internacionales en materia ambiental firmados por México como son: Convenio de los Humedales de Importancia Internacional, Convenio de Protección del Patrimonio Mundial Natural y Cultural, Convenio de la ONU sobre el Cambio Climático y, para el caso de los derechos de pueblos y comunidades indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su recomendación 26/1016, confirmó que 27 áreas naturales protegidas sufrieron transformación o pérdida de ecosistemas originales, contaminación de acuíferos, erosión de suelos y deforestación, y no contaban con presupuesto para llevar a cabo acciones de administración, operación y vigilancia; con lo cual se hace necesaria su extinción o la modificación de sus declaratorias.
Lo anterior, solo por mencionar algunos datos, además de que la preocupación por la expansión de las actividades ilícitas en ANP aumenta. En un documento de la Conanp, se reconoce que estas actividades en las ANP y la falta de seguridad para el personal son difíciles de prevenir y controlar.
Se admite que los Programas de Inspección y Vigilancia en Áreas Protegidas realizados por Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) solo se realizan en 55 ANP. A nivel mundial, el promedio de personal asignado a la vigilancia de las ANP es de 27 por cada 100 mil hectáreas. En México es de seis personas para la misma superficie. Esto nos confirma que el decreto de aumento de las ANP mexicanas en la COP13 fue más bien una medida de simulación para el lucimiento y no una preocupación real por la sustentabilidad y la conservación.
*Yolanda Massieu. Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco Correo-e: yola_massieu@hotmail.com
