Por Angélica Enciso L., La Jornada, 3 de mayo de 2017

En el país hay gran rezago de dotación de agua potable en las zonas con mayor disponibilidad del recurso, así como discriminación en la prestación del servicio, señalaron representantes de organizaciones sociales al comenzar este martes la visita de Léo Heller, relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua y el saneamiento.

Destacaron que aunque desde 2012 está garantizado el derecho humano al agua en la Constitución, debería haber una ley en la materia desde 2013, pero no existe, por lo que se debe garantizar una legislación que dé prioridad al acceso al líquido y genere un marco de gestión que pueda ser sustentable, consideró Anaid Velasco, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

En entrevista, consideró afortunado que el relator esté en México para que tenga un panorama sobre si se cumple o no el derecho humano al agua y al saneamiento. Se esperaría un llamado al Estado mexicano para que mientras no haya una ley, en las políticas nacionales se garantice el suministro.

Consideró que hay mayor rezago en el servicio en zonas rurales, por lo que se requiere una política transversal. Es fundamental lo urbano, pero es un contrasentido que en programas federalizados de la Comisión Nacional del Agua haya más presupuesto para infraestructura urbana que en la rural.

Por regiones, el retraso mayor se da en el sureste, afectando a Oaxaca, Chiapas y Veracruz, donde hay más poblaciones sin dicho servicio, lo que nos lleva a preguntarnos si son políticas discriminatorias, porque si hay disponibilidad de agua no es posible que no haya acceso.

Agregó que también se buscará visibilizar otras formas de gestión del agua, como el manejo comunitario, ya que en estados como Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas hay comunidades indígenas que gestionan el recurso hídrico, pero no hay reconocimiento jurídico y no cuentan con apoyos. Explicó que la organización se enfocará en los temas de discriminación en el acceso, en que la ley debe ser prioritaria; el acceso a la justicia; transversalidad; alinear los usos de agua y metas progresivas en el cumplimiento, que también tiene que ver con discriminación.

Por su parte, Elena Burns, de la organización Agua para todos, se refirió a que es asombroso el porcentaje de la población que sufre la violación cotidiana del derecho humano al agua y saneamiento, lo cual no se justifica.

Recordó que el año pasado , el presidente Enrique Peña Nieto codirigió el panel internacional de alto nivel para impulsar el acceso al agua potable y los servicios sanitarios en el mundo, y presentó en la Organización de Naciones Unidas un llamado a la acción en septiembre, en el que se aboga por un enfoque más integral y coordinado sobre las cuestiones del agua. Esto lleva a que lo que México hace en el tema del agua sea más visible, indicó.