Por Nemer E. Narchi*, Latin American Perspectives, 4 de abril de 2017
Al convivir por largos tiempos, la riqueza biológica y el ingenio cultural, que se mezclan en una constante relación etnobiológica, han forjado una síntesis biocultural. La expresión más significativa de esta síntesis bien puede verse representada por la vasta agrodiversidad mesoamericana.
No obstante, la síntesis biocultural apreciada en México no está limitada a los cultivos que se han generado en el continente y su importancia radica en la constante generación de: modos de vida, identidades étnicas, tradiciones culinarias, cosmovisiones, sistemas de creencias, sistemas medicinales y de salud, estrategias de manejo de recursos naturales y, por último, la generación de numerosos agroecosistemas. En suma, la síntesis biocultural que por miles de años ha ocurrido en el territorio mexicano, como en muchos otros, genera un diverso e invaluable patrimonio.
La existencia de este patrimonio es en extremo importante, no solo para sus directos poseedores y salvaguardas, sino para todo aquel que goce y disfrute de los servicios ambientales y de calidad de vida que los paisajes bioculturales generan.
Lamentablemente, el derecho de las comunidades rurales e indígenas a gozar y manejar la naturaleza se ha visto amenazado en últimas fechas. La amenaza es producto de una nueva iniciativa de ley: “El proyecto de Ley General de Biodiversidad”, impulsada por la senadora Ninfa Salinas a finales de 2016.
Aunque la senadora afirma que la iniciativa intenta proteger la biodiversidad con un enfoque moderno, distintos organismos académicos y de la sociedad civil ven en esta ley un retroceso en el manejo de los bienes comunes y un intento de despojo hacia las sociedades originarias y campesinas.
Por principio, la iniciativa, con sus 237 numerales y 11 artículos transitorios, se enfoca en distribuir la competencia en materia ambiental ente distintas instituciones gubernamentales, dejando de lado lo tocante al reconocimiento de los derechos de los ciudadanos para gozar y explotar la biodiversidad. Otro problema es que omite los derechos humanos de los pueblos indígenas, y en general de los ciudadanos, ya antes establecidos en acuerdos y tratados internacionales, entre los que rescato el Artículo 2 constitucional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Por último, representa una afrenta a la propiedad intelectual asociada con el manejo local de la biodiversidad.
Dejo al calce la opinión de la Red Temática sobre Patrimonio Biocultural del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de la cual soy orgulloso miembro. Invito a los lectores a recoger otras opiniones acerca de esta iniciativa, principalmente las de la Red Nacional de Áreas Naturales Protegidas (RENANP) , El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la opinión del Dr. Eduardo Corona del Centro INAH-Morelos
*El Colegio de Michoacán, A.C. / Red Temática sobre Patrimonio Biocultural, CONACyT
