Por Angélica Enciso L., La Jornada, 23 de marzo de 2017

La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el gobierno federal hiciera una consulta pública a las comunidades mayas afectadas por el cultivo de soya transgénica y se suspendiera la siembra no se ha cumplido, señalaron representantes de localidades de Hopelchén que se reunieron el martes con el ministro Eduardo Medina Mora.

Vemos que la SCJN, que “creíamos era la máxima autoridad, tiene limitantes. Entonces ¿a quién podemos acudir para tener justicia?”, se preguntaron Leydy Aracely Pech Martín y Gustavo Huchin Cauich, representantes de las 34 comunidades mayas de ese municipio de Campeche.

En entrevista explicaron que acudieron a la SCJN para reunirse con Medina Mora debido a que hay inejecución de la sentencia dictada hace 16 meses, ya que “sigue la siembra, se sigue deforestando, se contamina el agua, el medio ambiente, se mata a las abejitas”.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) “no hacen bien su trabajo”, ésta última es la que debe monitorear los campos sembrados, “nuestra preocupación es que este año siga la siembra o sea peor: los sembradores que ven que no son castigados se van a envalentonar y van a seguir”, indicó Huchin Cauich.

Agregó que la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) no pone orden en la consulta. “Nos han amenazado, intimidado y las autoridades no hacen nada. Queremos que haya seguridad y no sigan las amenazas, la consulta debe ser libre, con respeto”.

Por su parte, Pech Martín explicó que las comunidades están inconformes sobre la resolución, “no tiene caso que salgan sentencias si no obligan a las autoridades competentes a cumplirlas. Por eso venimos. No hay un informe ni pronunciamiento sobre los atropellos de que somos objeto en la consulta. La Corte, que es la instancia máxima, debería velar y proteger el derecho de los ciudadanos, en este caso de las comunidades indígenas”.

Fue el 4 de noviembre de 2015 cuando la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió varias sentencias contra un permiso otorgado a Monsanto para la siembra de soya genéticamente modificada en diversas regiones de Campeche. Determinó la suspensión del permiso y ordenó se efectuara una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada a fin de proteger los derechos y garantizar la participación en las decisiones del pueblo maya. La corte resolverá otra controversia sobre el tema relativa a Quintana Roo.

Huchin mencionó que durante la reunión con Medina Mora, éste reconoció que el resultado de la consulta no es vinculante, es decir, si la decisión de las comunidades es que no se realice el cultivo de soya transgénica, no obliga a la empresa.