Por Iván Restrepo, La Jornada, 13 de marzo de 2017
Estaría ubicado en terrenos de la comunidad de Noria de la Sabina. Entre otras irregularidades para dictar la resolución referida, destaca el que la empresa interesada en establecer dicho confinamiento no aportó la información hidrológica y geohidrológica que exigen obras como la referida. Y menos se tuvo la opinión de los habitantes potencialmente perjudicados por un confinamiento de desechos industriales, tóxicos y peligrosos para la salud humana y el medio ambiente en general.
En La Jornada Ecológica de abril de 1998 varios especialistas explicaron a los lectores los motivos que tenían los habitantes de General Cepeda para oponerse a este confinamiento. Sin embargo, el contubernio de autoridades, empresarios y políticos permitió una segunda versión del mismo proyecto.
En mayo pasado, nuevamente en La Jornada Ecológica, los opositores a la citada obra refirieron lo que había pasado las dos últimas décadas con el plan de hacer negocio con el reciclaje, tratamiento y confinamiento de desechos, así como los intereses político-empresariales que se empeñaban en hacerlos realidad. Si bien la empresa aludida seguramente recurrirá a todas las formas legales posibles para revertir la resolución en su contra, debe imponerse la sensatez. Y que este caso sirva, como ocurrió con el suspendido confinamiento de Guadalcazar, en San Luis Potosí, para decir a los empresarios y a las instancias gubernamentales que las poblaciones no tienen por qué vivir teniendo de vecino a un enemigo de alta peligrosidad.
Esa buena noticia para los pobladores de General Cepeda contrasta con otras nada alentadoras, como la Estrategia Nacional de Calidad del Aire (ENCA) presentada recientemente por la Semarnat. Las críticas a dicha estrategia no se hicieron esperar, tanto por sus carencias como porque fija objetivos inalcanzables mientras no se pongan en marcha medidas efectivas para evitar la contaminación atmosférica. Comenzando por un transporte público eficiente y no contaminante que desaliente el uso del auto particular, con una auténtica estrategia de movilidad urbana.
Y terminando con que la sociedad es convidada de piedra en dicha estrategia. Tal parece que los responsables de la política ambiental federal ya dan por concluido el sexenio del licenciado Peña Nieto, que tuvo a bien cederle esa parte de la agenda gubernamental a un partido, el Verde Ecologista, apéndice del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y buen negocio para sus dirigentes.
Y prueba de que vamos por el camino equivocado en el tema de la calidad del aire y la movilidad urbana son los datos más recientes sobre la materia: el año pasado, la región más poblada del país (la Ciudad de México y las entidades que la rodean) tuvo apenas 153 días con calidad del aire aceptable. Los restantes 212, malos. Según Martín Gutiérrez Lacayo, secretario ejecutivo de la Comisión Ambiental Metropolitana (Came), cada uno de esos días los ciudadanos respiraron contaminantes que equivalen a fumarse 40 cigarros.
Otra mala noticia se refiere a la apresurada aprobación en la Cámara de Diputados de una nueva ley: la de Desarrollo Forestal Sustentable, gracias a la cual la iniciativa privada podrá tomar parte en la explotación de bosques y selvas del país. Votaron en favor las bancadas del PRI y sus aliados el PAN y el Verde Ecologista. Según organizaciones sociales y especialistas que se ocupan de la defensa de los bosques y selvas, faltó mayor discusión del contenido de la nueva ley. Y sobre todo, la opinión de las comunidades rurales, en especial las indígenas, pues en sus territorios se ubica la parte medular de la riqueza forestal y biológica de la nación.
