Por Aníbal Salazar y Álvaro Caballeros, Leisa, Edición Especial, 24 de enero de 2017
De ahí las tendencias que están convirtiendo un país autosuficiente en lo referente a producción de alimentos en uno dependiente e importador.
Por fortuna, miles de familias campesinas practican una agricultura alternativa, recuperan saberes ancestrales, crean sus propios insumos, aplican técnicas favorables para la producción de sus alimentos, implementan sistemas de cosecha y uso efectivo del agua, comercializan sus excedentes a escala local, participan activamente en mecanismos de la defensa del territorio y asumen funciones de intercambio de saberes y técnicas.
El artículo presenta un panorama general de la situación de la tierra, la agricultura y la alimentación en Guatemala, así como sus principales características y tendencias. Enfoca las políticas públicas agrarias, agrícolas y de desarrollo rural en Guatemala y las amenazas que se ciernen sobre el campo. Concluye con un balance general de los beneficios de la agroecología en regiones afectadas por sequías, expansión de monocultivos y crisis alimentarias, y presenta experiencias de iniciativas agroecológicas de familias, organizaciones y comunidades en Guatemala.
La tierra y la agricultura en Guatemala: entre el acaparamiento y la dependencia alimentaria
La situación en el agro guatemalteco se deriva de la prolongación del modelo colonial bipolar latifundio/minifundio. Desde 1950 a la actualidad el Estado de Guatemala ha implementado políticas de modernización (1950 a 1970), desarrollista (1974 a 1985) y neoliberal (1990 a 2016) que condicionan la situación actual de dominación corporativa global y abandono del campo.
Las políticas agrarias (de regularización de tierras y de incentivo a los monocultivos) fueron utilizadas para facilitar y legalizar el sistemático despojo de las tierras comunales, parcelas campesinas y propiedades agrarias colectivas. La Encuesta Nacional Agropecuaria (INE, 2014) identificó que entre 2003 y 2013 se dejaron de utilizar 527 000 hectáreas para la siembra y cosecha de maíz, frijol y arroz que ahora se destinan a monocultivos. Del total de tierra utilizada, los monocultivos abarcan 1 033 000 hectáreas y 890 000 hectáreas se destinan a producir alimentos.
Desde inicios de 1990, el Estado desactivó las políticas de promoción de la agricultura y la agroexportación de los años 60 y 70, desmantelando las instituciones para regular la producción de granos y apoyar la agricultura.
Es, pues, evidente que las políticas neoliberales, el libre comercio y los intereses corporativos están vulnerando la soberanía alimentaria en el país. En 1990, se redujeron los aranceles a la importación de trigo y harina. En 2005, con el Tratado de Libre Comercio,2 se eliminaron los aranceles a la importación de maíz; y, en la actualidad, el mercado internacional promueve la expansión de monocultivos y fuerza la aceptación de los transgénicos. Simultáneamente, las compras de alimentos a Estados Unidos se han incrementado.
La descampesinización propició la dependencia de la importación de alimentos. Asimismo, la estrategia corporativa también fomenta el consumo de comida industrializada, instantánea y saturada de grasas y sales que afectan la salud de las poblaciones guatemaltecas y la economía campesina.
La sequía y el cambio climático impactan directamente a más de 150 000 familias en el país y entre sus efectos notables se puede mencionar la pérdida del 80% de la producción de frijol y maíz.
La ceguera del Estado guatemalteco
A pesar de ser estratégica, la agroecología se práctica al margen de la institucionalidad pública. Este desinterés confirma la prevalencia de enfoques convencionales, de intereses corporativos y de políticas asistencialistas.
La política nacional de desarrollo rural, aunque aprobada por el Ejecutivo en 2009, no ha generado verdaderas posibilidades de cambio de paradigma porque no prioriza la agricultura y la producción de alimentos, y más bien responde al poder oligárquico y su fobia a la democratización de la tierra y a la pérdida de sus privilegios históricos.
La negativa prolongada y sistemática del Congreso de la República a aprobar la Iniciativa 4084 (Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral), consensuada y propuesta por las organizaciones campesinas desde el año 2009 con el fin de convertir en sujeto priorizado al campesino y reorientar el marco institucional para la agricultura con horizonte de sostenibilidad, soberanía alimentaria y economía campesina, refleja esa ceguera.
De igual forma, la política agraria aprobada en 2014 (que no tocaba de fondo la estructura agraria) quedó eclipsada por la corrupción generalizada del gobierno que la promovió.
En lugar de políticas integrales, el Estado ha priorizado el asistencialismo para contrarrestar los efectos del abandono del campo. En el periodo comprendido entre 2001 y 2015 se implementaron programas de distribución de fertilizantes que representaron en promedio el 40% del presupuesto del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). La distribución de bolsas de alimentos (aceite, frijol, harina de maíz, arroz, sal, azúcar), además de representar altos costos, convirtió a las poblaciones rurales excluidas en objeto de caridad pública, restándoles capacidad de adaptación y resiliencia, y ampliando la dependencia alimentaria.
La aprobación de verdaderos intentos de privatizar las semillas y la biodiversidad, disfrazados de leyes de protección de la biodiversidad (Ley Monsanto, Protocolo de Nagoya), reflejan la influencia del poder corporativo sobre las decisiones públicas.
Resistencia campesina y agroecología
La agricultura campesina ha sido estratégica como mecanismo de resistencia de los pueblos, garantizando la alimentación desde la fase más oscura de la Colonia hasta la estrategia corporativa global. La agricultura ancestral es el referente de la actual agroecología y las organizaciones campesinas e indígenas de base y de mujeres la impulsan con vigor en las áreas rurales del país. Sus inicios sistemáticos se ubican a finales de los años 70, en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, donde Vecinos Mundiales impulsó talleres de capacitación y experimentación.
En una segunda fase, de la mano de la Metodología de Campesino a Campesino –MCaC–, las organizaciones campesinas, indígenas y ONG la impulsaron para promover la soberanía alimentaria, la defensa del territorio,
la producción de alimentos inocuos y, ante todo, para garantizar la vida en territorios cuya propiedad social es histórica.
Con la agroecología miles de agricultores han recuperado la autoestima que fuera tan afectada en la estrategia de descampesinización, que veía a los campesinos como seres improductivos. La recuperación de los suelos, la diversificación de parcelas, el intercambio de conocimientos y el rechazo a la dependencia agroquímica construyen a un sujeto campesino con poder.
Las organizaciones campesinas están dando un salto importante en el enfoque y la propuesta agroecológica, reflejado en la eficiencia de sus sistemas productivos, la autosuficiencia alimentaria, la producción de excedentes, los mercados locales y la organización política campesina. La lucha por el acceso, uso y cuidado de los elementos naturales, enfatizado en la tierra y el agua, siguen siendo elementos unificadores en la lucha. Desde hace varios años se impulsan procesos de formación, intercambio de experiencias, construcción de escuelas y proyectos que fortalecen la agricultura sostenible. Asimismo, las organizaciones campesinas tienen un punto en común cada vez más grande, que es la apuesta por la agroecología.
Beneficios de la agroecología: análisis de casos en cuatro comunidades indígenas
Existen miles de experiencias agroecológicas basadas en la agricultura familiar –AF– que, con el trabajo destacado de organizaciones como el Comité de Unidad Campesina (CUC), el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), la Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base (FUNDEBASE), la Asociación Pro Bienestar en Acción Saaq Aach‘ool Nimla K‘aleba‘al (APROBA-SANK), Plataforma Agraria, la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA) y la Asociación Santa María de los Ángeles (ASMADELA), entre otras, han demostrado sus ventajas para el bienestar familiar, la economía comunitaria, el cuidado de la naturaleza y la participación política de las personas y familias que la practican.
La sistematización de casos, impulsada por FUNDEBASE y Alianza por la Agroecología en Guatemala, se realizó en regiones afectadas por la expansión de palma africana, la sequía y la desnutrición –en Jalapa, Alta Verapaz, El Progreso, El Quiché y Chimaltenango–, y donde la Alianza de Mujeres Rurales, el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), ASECSA, ASMADELA y FUNDEBASE tienen experiencias, que compartieron.
Cada visita a las parcelas, mostró los avances, esfuerzos y satisfacciones que la agroecología promueve en las familias campesinas. Los beneficios identificados, destacan los ámbitos de manejo de agroecosistemas, los beneficios económicos y los de acción colectiva.
Manejo sostenible de agroecosistemas
Una característica del manejo de agroecosistemas impulsado por las organizaciones es la integralidad en las interacciones y conexiones entre los componentes agrícola, pecuario, forestal e hidrobiológico. La sucesión entre recuperación de suelos, elaboración de abonos orgánicos, aprovechamiento de los recursos hídricos, manejo forestal y agroforestal, conservación de humedad, manejo pecuario adecuado, recuperación y conservación de semillas nativas y protección de la biodiversidad son factores que nutren los beneficios.
Soberanía alimentaria
Todos los casos estudiados demuestran el aporte de la agroecología en los procesos alimentarios y nutricionales. La sabiduría ancestral es parte de las prácticas a partir de los recursos y productos propios. La inocuidad de los alimentos parte del uso de semillas locales y del abandono de los agroquímicos. Las familias tienen en sus parcelas la base alimentaria y nutricional completa (hidratos de carbono, proteína, vitaminas), tienen asegurada su alimentación para todo el año y, sobre todo, han luchado por el acceso y cuidado de los recursos estratégicos base de sus procesos productivos. Se ejerce la libertad de producir y consumir lo que con autodeterminación privilegian los pueblos originarios de Guatemala.
Resiliencia ante cambio climático
Las experiencias estudiadas, demuestran la capacidad de resistir a efectos climáticos o naturales adversos y recuperarse de daños sufridos. Los elementos esenciales con mayor aporte lo constituyen la diversificación y manejo multiestrato de cultivos, producción y manejo eficiente de animales domésticos, adecuado manejo de suelos con cobertura leguminosa y mulch, manejo de humedad y fertilización orgánica y uso de semillas nativas y criollas con alta resistencia.
Interconectividad de componentes productivos
El abordaje en la implementación y procesos de manejo de los sistemas agroecológicos no tienen una ruta lineal que fija un lugar de entrada, cada familia genera su propio proceso de acuerdo a su realidad. No obstante, las familias y comunidades estudiadas tienen un sistema interdependiente en donde la diversificación productiva genera no solo comida para los seres humanos, sino también para los animales; los animales producen desechos que sirven para la preparación de abonos orgánicos que son devueltos al suelo; y los recursos forestales proveen de broza, que complementa los procesos de producción de abonos orgánicos y proporciona combustión a los procesos alimentarios de las familias. Se ha generado la capacidad de funcionar en un círculo virtuoso aprovechando cada componente.
Agroecología y acción colectiva
Un rasgo común entre los casos analizados es la consciencia crítica y movilizadora de los agricultores y las agricultoras. La participación en talleres técnicos y de formación, la racionalidad campesina compartida, el método de campesino a campesino y la clara conciencia de ser portadores de biopoder provocan un nuevo sujeto campesino, más cercano a su comunidad y más reactivo y propositivo ante las amenazas recurrentes a la agricultura, su entorno, su territorio y su economía familiar.
La participación en acciones locales, municipales y nacionales es un rasgo recurrente en las familias agroecológicas. En Guatemala, durante los últimos dos años, se han librado batallas importantes como la destinada a promover la derogación de la Ley Monsanto, la lucha por la suspensión temporal de la ratificación del Protocolo de Nagoya –en el que se amparaba el Estado para reglamentar la producción transgénica en el país– y la movilización ciudadana de 2015 en contra de la corrupción, iniciativas que han contado con la participación decisiva del campesinado.
La conformación de una red de promotores agroecológicos de 400 personas conformada por mujeres, hombres y jóvenes parte de la experiencia de FUNDEBASE; la vinculación de las organizaciones a iniciativas amplias como la Asociación de Pueblos, Comunidades y Organizaciones; la movilización por la aprobación de la iniciativa de ley 4084; las marchas por el agua, el territorio y la vida, así como la consolidación de la propuesta de buen vivir, son ejemplos de espacios donde participan las agricultoras y los agricultores agroecológicos.
Formación, capacitación y defensa del territorio
La juventud y las mujeres son actores priorizados para la agroecología, pues el relevo generacional y la soberanía alimentaria están en sus manos. La agroecología se nutre y se ve favorecida con los talleres de capacitación y los procesos de formación política y de la consciencia del rol de las mujeres en todos los espacios de la sociedad, la familia y el mercado.
Ha quedado demostrado que la formación y la capacitación con enfoque de campesino a campesino es el mejor sistema de extensión que se pueda implementar, porque quienes participan de un proceso lo multiplican entre sus amigos, familiares y comunidades, y también en otros ámbitos. La juventud que participa de las formaciones adquiere, de esa forma, liderazgo local y municipal. En consecuencia, el enfoque participativo y de aprender haciendo está dejando grandes y valiosos resultados, que fortalecen la propuesta de la agroecología en Guatemala.
Muchos agricultores participan activamente en los procesos de defensa del territorio en San Carlos Alzatate, Jalapa. Son agricultores quienes representan a las comunidades ante las autoridades y fueron ellos quienes formalmente solicitaron la realización de una consulta municipal relativa a un proyecto minero. La agroecología amplía así el horizonte de lucha de las familias y comunidades.
Conclusiones
Derivada de los múltiples beneficios, amenazas y desafíos, la agricultura familiar y la agroecología se han convertido en un asunto estratégico para el campesinado, la alimentación, la economía, el ambiente, las relaciones sociales y la incursión política campesina.
A pesar de que no existen datos precisos sobre su representación en términos geográficos, alimentarios, económicos, sociales y ambientales en Guatemala, se reconoce la importancia de los beneficios que la agroecología y la agricultura familiar demuestran a favor de la vida, alimentados por los fracasos de un modelo convencional que no ha reducido el hambre y más bien ha favorecido la deforestación, el empobrecimiento de suelos, los ecocidios, la dependencia alimentaria y el endeudamiento campesino, entre otros.
Se ha argumentado en base a estudios de caso la viabilidad, importancia y potencialidad de la agroecología para las familias campesinas, particularmente para la construcción de la soberanía alimentaria y como mecanismo de defensa del territorio. Pero todas las experiencias analizadas y la mayoría de iniciativas no cuentan con el respaldo de las instituciones de gobierno. Por el contrario, el Estado abraza los agropaquetes, difunde la agricultura convencional y legisla en favor del poder corporativo agroquímico transnacional.
En el contexto actual las políticas públicas no son suficientes, urge una redefinición estratégica del Ministerio de Agricultura y la creación de un programa de agroecología que dote de recursos, capacidades, instalaciones y campos experimentales para promover la agroecología como política de Estado desde la base de la agricultura familiar.
El MAGA, en particular, y las dependencias agrarias y rurales, carecen de una estrategia para el fortalecimiento de la producción de alimentos inocuos en el país, situación que no responde al desafío proyectado para el año 2050, cuando se duplicará la demanda de alimentos. Igualmente, no existen marcos legales, institucionales ni programas para el impulso de la agroecología en Guatemala a pesar de su importancia estratégica y viabilidad.
Dentro las demandas al Estado de Guatemala, destacamos:
- Aprobar la iniciativa de ley 4084: Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, su institucionalidad y respectivo presupuesto, como marco amplio que facilita posteriores programas y políticas dirigidas a la promoción del campesinado como sujeto priorizado, la producción sostenible de alimentos y la soberanía alimentaria como elementos esenciales de interés colectivo.
- Promover la agricultura sostenible como parte de las políticas y programas que apoyan directamente a la agricultura, equilibrando las inversiones, tanto en lo referente a innovaciones agroecológicas como aquellas que se implementan actualmente, para ir transitando estratégicamente de una economía campesina subsidiada y dependiente de insumos a una economía sostenible y con alta autonomía tecnológica y capacidad de resiliencia.
- Tomar acciones estratégicas para promover la agricultura sostenible como una alternativa a las crisis alimentarias, nutricionales y climáticas. Es inconsistente seguir impulsando programas de fertilizantes de forma generalizada sin tomar en cuenta las características, la necesidad y los procesos campesinos que buscan liberarse de esa dependencia agroquímica.
- Respetar las estructuras organizativas ancestrales y las formas de ejercer autogobierno. Respetar los derechos históricos y la legitimidad de los pueblos sobre el cuidado de sus territorios. No imponer determinaciones ajenas que atentan en contra de las formas propias de gobernanza. Por último, las decisiones se deben someter a consulta siguiendo los debidos pasos en todo proceso que afecte los intereses colectivos basados en los pueblos originarios.
Aníbal Salazar
Álvaro Caballeros
Referencia
Instituto Nacional de Estadística, 2014. Encuesta Nacional Agropecuaria. Guatemala.
