Por Grieta, 13 de septiembre de 2016

El Consejo Regional indígena de Bacalar y el colectivo de semillas nativas Much Kanan I´I Naj se pronunciaron en contra de la siembra de soya transgénica en las mas de cien comunidades mayas de la península de Yucatán, pues aparentemente la empresa Monsanto encargada de este proyecto se encuentra violentando los derechos de los indígenas.

En conferencia de prensa, señalaron a la empresa Monsanto, encargada de este proyecto, de violentar los derechos de los indígenas.

En ese sentido, Juan Bautista, integrante del Consejo Regional Indígena de Bacalar, dio a conocer que la comunidad maya no permitirá la entrada de este mega proyecto, pues no aceptarán que empresas transnacionales lleguen a invertir en sus regiones “con este tipo de cultivos que utiliza miles de agroquímicos que ponen en riesgo la integridad de las comunidades indígenas”.

“No aceptaremos ningún tipo de proyectos que tengan que ver con semillas transgénicas”, reiteró.

El quejoso dio a conocer que la empresa Monsanto obtuvo permisos gracias a reformas aprobadas en el país, “que lo único que hacen es entregar tierras a empresas transnacionales”.

Refirió que ante este panorama, el Consejo y sus integrantes se han pronunciado en contra de este tipo de empresas, que las más de cien comunidades indígenas coinciden en que no entregarán sus tierras, pues además son herencias de sus antepasados y en ellas tienen depositados sus sueños.

Además, reiteró que no arriesgarán la salud y la integridad de los indígenas que habitan en la Península de Yucatán.

Proyecto Monsanto

El megaproyecto de la siembra de soya transgénica se inicio en 2012, cuando la empresa Monsanto se interesó en la siembra de esta semilla en más de 253 mil hectáreas para polígonos de Chiapas y Yucatán.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) dio los permisos, sin embargo se reporta una serie de irregularidades.

Juan Bautista explicó que en ese entonces el consejo Regional Indígena Maya comenzó a seguir de cerca este proceso solicitando al juez sexto de Chetumal la cancelación, y aunque la autoridad no aprobó esa medida sí dio luz verde a una consulta con las comunidades mayas, que reveló anomalías pues se les daba un tiempo de 6 meses para realizar la consulta en las mas de cien comunidades, lo que era casi imposible.

Sostuvo que por eso decidieron apelar, hasta lograr que les asignaran al magistrado Edgar Castresana, quien se encuentra trabajando en la sentencia esperando que el resuelva en noviembre

Explicó que la autoridad trabaja con las pruebas presentadas por ambas empresas, esperando sea cancelado definitivo el proyecto que viola la integridad de las comunidades mayas.