Por Comunicaciones Aliadas, 28 de enero de 2018
En el 2018 se recordarán los 30 años de un acontecimiento que sacudió al mundo en su época. El 22 de diciembre de 1988 fue asesinado en el patio de su casa, en Xapuri, estado de Acre, en la Amazonia brasileña, el siringuero Chico Mendes, quien ya era conocido internacionalmente por su defensa de los pueblos del bosque. La conmoción planetaria por la muerte de Mendes generó una movilización inédita por la protección del mayor bosque tropical del mundo. Tres décadas después, sin embargo, la trágica constatación es que, desde la muerte del líder siringuero, ha habido un gran aumento en el número de homicidios de ambientalistas en Brasil.
Los devastadores números se encuentran desde hace tiempo en los informes anuales de la violencia en el medio rural brasileño, elaborados por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), vinculada a la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB). Desde 1985, la CPT ha registrado más de 1,800 asesinatos de trabajadores rurales y agentes pastorales en el país, en relación con conflictos de tierra.
La mayoría de esos trabajadores y activistas asesinados vivían en la Amazonia. Su lucha por la tierra se confundía, por tanto, con la lucha en defensa del bosque. Fue el caso de la hermana Dorothy Stang, muerta el 12 de febrero del 2005 en Anapu, estado de Pará, por defender la creación del Proyecto de Desarrollo Sustentable Esperanza, en beneficio de unas 600 familias que se dedicaban a la extracción de productos forestales y a la pequeña agricultura, protegiendo el medio ambiente.
Durante por lo menos cuatro años la religiosa había denunciado las amenazas que venía sufriendo, por parte de hacendados contrarios a la implantación del proyecto que beneficiaría a cientos de trabajadores rurales y, además, contribuiría a frenar la deforestación en aquella región de la Amazonia.
“Mientras la cuestión agraria no se resuelva, mientras no se garanticen los derechos de los trabajadores rurales, de las comunidades quilombolas, de los pueblos indígenas y otros grupos sociales, a sus tierras ancestrales, los conflictos continuarán y proseguirá la violencia contra esos grupos y sus liderazgos”, afirma a Noticias Aliadas, Thiago Valentim Pinto Andrade, de la Coordinación Nacional de la CPT.
Andrade observa que una de las cuestiones desafiantes es la impunidad que rodea a los responsables de las muertes de ambientalistas y trabajadores rurales relacionadas con conflictos de tierra en Brasil. “Son muy pocos los casos en que los responsables van a juicio o son arrestados, y cuando eso sucede generalmente son los que cometieron los crímenes, no los que ordenaron los crímenes. Este panorama es muy preocupante”, señala.
Situación se agrava
Más recientemente, diversas organizaciones internacionales han pasado a llamar la atención sobre la conexión entre la violencia contra los trabajadores y la deforestación, una de las principales causas en Brasil de emisión de gases que contribuyen al calentamiento global. Una de las más importantes es Global Witness, que divulgó en junio del 2012, durante la Conferencia Rio+20, en Rio de Janeiro, el informe “A Hidden Crisis” (“Una crisis oculta”). En el documento, la organización internacional dedicada a la protección de defensores ambientales destacó que cada año es más estrecho el vínculo entre la lucha por los derechos humanos y la protección de los bosques, como uno de los pasos esenciales para la preservación de la biodiversidad y la lucha contra el calentamiento global.
Después de leer el informe, Navi Pillay, entonces la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, observó: “Es chocante, pero no es sorprendente para mí porque son los mismos problemas que mi comisión ha verificado, en lo que se refiere a reivindicaciones de tierras de personas indígenas, no sólo aquí en Brasil, sino también en otros países”.
Año tras año, los informes de Global Witness han mostrado el agravamiento de la situación, con más asesinatos de ambientalistas en todo el mundo y en Brasil en particular. En el 2014 se produjeron al menos 116 asesinatos de ambientalistas en todo el mundo, en primer lugar Brasil con 29 y Colombia en segundo lugar con 25.
En el 2015, de acuerdo con Global Witness, 185 ambientalistas fueron asesinados en todo el mundo, 50 de ellos en Brasil. En segundo lugar apareció Filipinas, con 33 asesinatos, en tercer lugar Colombia, con 26, y en cuarto Perú y Nicaragua, con 12 cada uno.
La organización cita el caso del indígena guaraní-kaiowá Simeão Vilhalva, de 24 años, asesinado el 29 de agosto del 2015 en el municipio de Antônio João, estado de Mato Grosso do Sul. Fue ejecutado por órdenes de hacendados que ocupan la Tierra Indígena Nhanderu Marangatu. El área fue homologada en el 2005 por el gobierno federal. Sin embargo, el decreto fue suspendido y los indígenas se quedaron en situación muy vulnerable.
La escalada continuó en el 2016, lamenta Global Witness. Ese año hubo 200 muertes de ambientalistas en el planeta, 122 en América Latina, y Brasil siguió encabezando esta triste lista, con 49 homicidios, seguido por Colombia (37), Honduras (14), Nicaragua (11), Guatemala (6), México (3) y Perú (2).
Oleada de violencia
El coordinador de la Campaña Defensores de la Tierra y el Medio Ambiente de Global Witness, Billy Kyte habló en exclusividad para Noticias Aliadas desde Londres, sede de la organización. Kyte señala que la mayor parte de los asesinatos se produce en los estados amazónicos de Maranhão, Pará y Rondônia, “que han sido testigos de una oleada de violencia relacionada con las extensas haciendas y plantaciones que están invadiendo las tierras sobre las cuales las comunidades rurales carecen de derechos, a pesar de las promesas que han hecho las autoridades”.
La deforestación en estados amazónicos como Pará, añade Kyte, “ha sido impulsada por los ganaderos y madereros ilegales, los principales responsables de los asesinatos de defensores en Brasil. Empresas agroindustriales, madereros y terratenientes contratan a sicarios para silenciar la oposición local a sus proyectos. Se persigue a los líderes locales, y sus comunidades se ven desplazadas a la fuerza por estos poderosos intereses económicos. El nivel actual de violencia ha provocado una alarma creciente”.
Los representantes de la CPT y de Global Witness entienden que sólo cambios estructurales profundos llevarán al fin de la escalada de violencia contra los ambientalistas en Brasil. Andrade observa que el golpe político que llevó a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en agosto del 2016 y al ascenso de Michel Temer a la presidencia sólo agravó el cuadro de conflictos rurales en el país.
“Disminuyó mucho, por ejemplo, la fiscalización del trabajo esclavo en el país. Es un absurdo que todavía tengamos condiciones de trabajo análogas a la esclavitud en Brasil, a pesar de los avances que tuvimos con la lucha de la CPT y otros sectores”, afirma Andrade.
Kyte, por su parte, considera que el gobierno de Brasil “debe adoptar más medidas para proteger a los activistas y acabar con los asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente como Raimundo dos Santos Rodrigues”, asesinado en el 2015. Rodrigues había venido denunciando delitos medioambientales cometidos por los terratenientes y por las industrias madereras en la Reserva Biológica de Gurupi, en el estado de Maranhão.
Concretamente, el gobierno debe “abordar las causas fundamentales que generan amenazas y peligros para los defensores de la tierra y el medio ambiente, en particular dando prioridad a la demarcación oficial de las tierras de los pueblos indígenas y ‘asentamientos’ para las comunidades rurales”, afirma Kyte. “Dotar de recursos suficientes al Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) y a la Fundación Nacional del Indígena (FUNAI), encargados de la tenencia y la demarcación oficial de las tierras; respetar y aplicar todos los derechos de los pueblos indígenas y comunidades rurales que contempla el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) para los proyectos que se superponen a sus territorios; y reforzar el Programa Nacional de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos otorgándole un marco institucional uniforme y fomentando la transparencia de sus funciones y la participación de la sociedad civil”, concluye.
Tres décadas después del asesinato de Chico Mendes, el drama persiste y demanda gran atención de la comunidad internacional.
