Por Jesús Estrada, La Jornada, 11 de octubre de 2017

La inmobiliaria Mesa de la Barranca “usurpó” 155 hectáreas del Parque Nacional Barrancas del Cobre, donde proyecta construir un hotel y un campo de golf, denunciaron alrededor de 35 familias rarámuris que habitan la comunidad de Mogotavo, municipio de Urique, ubicada en ese polígono.

En conferencia de prensa en la capital del estado, los líderes de la etnia aseveraron que entre los participantes en el desarrollo turístico hay dirigentes, ex legisladores y ex funcionarios priístas, quienes han aportado capital y se dicen “terceros afectados” en un documento mediante el cual solicitan detener la construcción de obras de agua potable para varias rancherías indígenas y una escuela primaria en esa comunidad.

Encabezados por Rosario Batista Cruz, primera gobernadora indígena de Mogotavo, y Miguel Manuel Parra, representante de la comunidad, los rarámuris aseguraron que la compañía compró el predio de Mogotavo por 22 millones 934 mil 872 pesos a las hermanas Ivonne y Odile Sandoval Almeida, a quienes se acusa de hacerse pasar por dueñas de los terrenos con títulos de propiedad que recibieron en 1984 y 1999, a pesar de que los afectados continúan con un proceso legal ante la Secretaría de la Reforma Agraria para que se les reconozca la propiedad.

Entre los inversionistas, explicaron, están Omar Bazán Flores, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional; Ricardo Orviz Blake, ex diputado local y empresario de la construcción; Ricardo Valles Alvelais, ex funcionario estatal; el empresario Agustín López Daumas, y Jesús Alberto Cano Vélez, ex diputado federal priísta por Sonora, a quienes acusaron de despojo de territorio mediante la compraventa de la Mesa de Mogotavo, en lo alto de la Barranca del Cobre, donde la comunidad rarámuri ha habitado por más de 500 años, según peritajes del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Mesa de la Barranca ordenó detener en 2015 obras de agua potable que realizaba la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, por considerar que afectaban su propiedad y que los beneficiarios no tienen derechos sobre los terrenos, desconociendo la existencia de una comunidad de al menos 300 indígenas.

Los rarámuris expresaron que temen ser desplazados por el desarrollo turístico, promovido al amparo de contratos de compraventa que consideran ilegales. Los indígenas piden que se reconozca que la comunidad de Mogotavo existe, pues los inversionistas niegan que haya habitantes en la barranca.

Mesa de Mogotavo tiene un mirador más amplio que el de Divisadero Barrancas del Cobre, donde se encuentran un hotel y una estación del ferrocarril Chihuahua-Pacífico, entre otros atractivos.

La comunidad de Mogotavo interpuso el año pasado un amparo contra la suspensión de las obras de agua potable; además, piden la intervención de autoridades estatales y federales y el respeto a su derecho de posesión del bosque.

FuenteLa Jornada
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