Por Plumas Atómicas, 9 de agosto de 2017

No, no todos han perdido sus hogares por la construcción de una presa o talado sus árboles de manera clandestina. No todos han visto a la naturaleza como igual.

“Celebremos su rol como guardianes de la #biodiversidad del planeta” dice el tuit de la ONU, pero en nuestro país, eso no es motivo de celebración.

En octubre del año pasado, la senadora Ninfa Salinas Sada, representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para la creación de la Ley General de Biodiversidad (LGB), la cuál decenas de organizaciones civiles, académicos y sociedad civil denuncian afectará el Patrimonio Biocultural de pueblos indígenas. (Vía: El Universal)

La nueva ley está construida a partir de 237 numerales y 11 artículos transitorios que abrogan la Ley General de Vida Silvestre y derogan el Título Segundo de la Ley General del Equilibrio Ecológicos y la Protección al Ambiente.

Según la iniciativa, uno de sus principales objetivos es dar cumplimiento a varios derechos humanos reconocidos en la constitución, entre ellos, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas respecto al uso y manejo de recursos naturales, el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la información, el derecho a la participación y el derecho de acceso a la justicia; siendo la conservación, el uso y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad una forma para llegar a este fin. (Vía:CEMDA)

En pocas palabras, lo que quiere y pretende esta iniciativa es regular y normar la relación entre los pueblos indígenas y la naturaleza. Con la bandera de la “sustentabilidad” pretende hacer negocio de la biodiversidad. Cabe mencionar que, esta propuesta de ley se realizó sin la consulta previa de los pueblos indígenas.

Cabe mencionar el brillante análisis sobre dicha ley que realiza Silva Rivera, bióloga de la Universidad Veracruzana que centra su crítica a partir del concepto de sustentabilidad que argumenta la ley.

“Los términos en los que se incorpora el concepto de sustentabilidad revelan de fondo el fuerte sesgo economicista de los años ochenta. Dicha aproximación a la idea de sustentabilidad contiene una raíz tecnócrata, dentro de la cual predomina una perspectiva utilitaria de la naturaleza y por lo tanto esencialmente optimista, poco realista y contradictoria. (Vía:Animal Político)

Según organizaciones civiles, la ley se estructuró desde un desconocimiento, por un lado de las leyes que ya regulan la biodiversidad de nuestro país, y por otro, de las leyes internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas.

“Los Estados deben tener en cuenta que los derechos territoriales indígenas abarcan un concepto más amplio y diferente que está relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control de su hábitat como una condición necesaria para la reproducción de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida. El territorio es por tanto un espacio geográfico-cultural. ” (Vía:Corte Interamericana de Derechos Humanos)

Sin embargo, como bien apunta la investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) “la iniciativa en cuestión, desconoce los territorios ancestrales de los pueblos originarios, así como, su cosmovisión-manejo del territorio que implica una serie de valores, como son el respeto, la reciprocidad y la solidaridad, respecto del uso de la biodiversidad. ”

No todo está perdido, puedes revisar la petición en chage.org en la que se exige suspender el dictamen de la ley y se de espacios a opiniones y participación de diversos sectores de la sociedad.

Pero estos abusos que pretender ser legalizados, no son propios de nuestro país, hace unos días les contamos sobre la tensión entre las comunidades indígenas mapuche y el grupo textil Benetton. Que si bien, el problema en el sur del continente es muy complejo, puede describirse como, un mismo territorio que ancestralmente le pertenece a los mapuches pero que el gobierno facilita a los empresarios para ser explotado.

También es el caso de Brasil y los recortes presupuestales del gobierno de Temer al Funai (Fundación Nacional del Indígena), medidas que afectan directamente a los pueblos indígenas, pues la fundación se encarga de salvaguardar la selva protegida.

El fraude de la sustentabilidad

Hace unos meses publicamos una nota sobre la crisis ambiental por la que atraviesa la isla de Holbox, ahí explicamos cómo el concepto de la sustentabilidad es empleado por el gobierno, en la mayoría de los casos, para hacer negocio con los recursos naturales . También mencionamos cómo a partir, principalmente, de la idea de generar empleos, se destruían las prácticas comunitarias y de cuidado entre los pobladores y le medio ambiente.

Entonces, ¿#TodosSomosIndígenas?