Por Ignacio González Bozzolasco, Nueva Sociedad, julio de 2017 

Desde el pasado 10 de julio, miles de campesinos de diferentes gremios acampan en las plazas céntricas frente al Congreso paraguayo, en reclamo de un mayor apoyo por parte del Estado. Paraguay es uno de los países con mayor desigualdad en la tenencia de tierra de la región, donde solo 2,6% de la población concentra 84,8% de las tierras. Mientras tanto, los pequeños agricultores campesinos que forman parte del 91,4% del total de propietarios rurales del país solo ocupan 6,3% de la superficie nacional.

Esta situación es el oscuro trasfondo de las últimas movilizaciones de los gremios campesinos articulados en la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), que en la actualidad acampan en el microcentro de la capital del país.

Los antecedentes inmediatos de esta movilización se remontan al mes de abril del año pasado, cuando una alianza de gremios campesinos y cooperativistas se mantuvo movilizada en Asunción durante 23 días, lo que generó importantes dificultades en el tránsito vehicular.

Los cooperativistas reclamaban la suspensión de una nueva medida que obligaba al pago del impuesto al valor agregado (IVA) a las cooperativas de ahorro y crédito, a la vez que los campesinos reclamaban la condonación de deudas contraídas con entes públicos y privados debido a un fallido plan productivo asesorado desde el propio Estado. En esa ocasión, la movilización campesina fue levantada tras el compromiso de una reestructuración de la deuda y la conformación de una mesa de diálogo con las autoridades. Pero meses después, en setiembre de 2016, los mismos gremios asociados en la CNI emprendieron un nuevo ciclo de protestas en diferentes puntos del país, debido al incumplimiento de los acuerdos por parte de las autoridades.

En la actualidad, los pequeños productores marchan de nuevo a la capital en un contexto marcado por la carrera electoral, de cara a los comicios presidenciales de abril de 2018. El primer hito de este camino será el de las elecciones primarias de todos los partidos, que se realizarán de forma simultánea el 17 de diciembre de este año. En el Partido Colorado la puja se dirimirá entre dos candidatos: el ex-ministro de Hacienda, Santiago Peña, candidato del presidente Horacio Cartes, y el actual senador Mario Abdo Benítez, principal referente de la oposición colorada al presidente Cartes. En el campo de la oposición, la polarización no parece ser menor. El Partido Liberal tiene en la actualidad dos candidaturas en marcha, la de los ex-senadores Efraín Alegre y Carlos Mateo Balmelli, mientras que la izquierda continúa en la incertidumbre y sin claras figuras en competencia.

En este contexto, los gremios campesinos ocupan las calles de Asunción en reclamo por la condonación de las deudas contraídas con el Estado y entes privados, y también demandando mayor asistencia técnica por parte de las autoridades. Sin lugar a dudas, la coyuntura electoral le imprime una dinámica particular a la actual movilización, con la intervención a favor y en contra de diferentes actores en el proceso. Sectores particulares de la prensa, que en otras situaciones esbozaron crudas críticas hacia los pedidos de los gremios campesinos, hoy presentan posiciones más favorables, motivados quizás por su abierta confrontación con el gobierno tras la crisis generada en torno de la enmienda presidencial. Al mismo tiempo, parlamentarios de diferentes sectores se posicionan tanto a favor como en contra del pedido de los labriegos, lo que coloca el reclamo campesino en un lugar prioritario de la agenda legislativa.

Además, las movilizaciones coinciden con un contexto socioeconómico adverso para los sectores más desfavorecidos del país. Mientras se registra un aumento de la pobreza, que afecta a 28,86% de la población paraguaya en general y a 39,72% de la población rural en particular, las cifras oficiales dan cuenta de un aumento del desempleo en la capital y las amplias zonas metropolitanas que la circundan: este alcanza a 8,4% de la población económicamente activa.

Días atrás, los representantes de la CNI presentaron al actual presidente del Congreso, el senador Fernando Lugo, un proyecto de ley que propone condonar la deuda de los labriegos con entidades públicas y privadas. Con ese proyecto las organizaciones campesinas solicitan la condonación de la deuda de unos 16.898 campesinos, que ronda los 34,7 millones de dólares estadounidenses. Además, el proyecto incluye la declaración de emergencia nacional para la reactivación productiva de la agricultura familiar campesina, así como la regularización y legalización de todos los asentamientos campesinos con problemas de tierra en un plazo no mayor de seis meses.

Si bien la movilización supera ya los 11 días de lucha, la situación general no muestra señales de pronta respuesta a las demandas campesinas por parte del gobierno. A la vez que las autoridades arguyen la imposibilidad financiera del Estado de subsidiar a un volumen tan grande de productores con elevados montos, los críticos recuerdan los multimillonarios subsidios a empresarios transportistas e industriales, así como las facilidades crediticias y amplias exenciones tributarias de las que gozan los grandes productores de soja del país. Más allá de los debates coyunturales y las puntuales confrontaciones, no caben dudas de que las mencionadas demandas y reivindicaciones tienen lugar en una sociedad profundamente desigual. Sin embargo, esta condición continúa siendo ignorada al momento crucial de las grandes decisiones políticas en Paraguay.

FuenteRiuso
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