Por Blanca Estela Botello, La Crónica 18 de junio de 2017
Desde hace casi cuatro años, empresas transnacionales, entre ellas Monsanto, y grupos ambientalistas mantienen una pelea en tribunales por la siembra y comercialización de maíz transgénico.
Mientras una veintena de organizaciones sociales argumenta que cultivar el grano transgénico contaminará a los maíces nativos, la empresa organismos genéticamente modificados asegura que no hay riesgo para la biodiversidad y la preservación de las 59 razas nativas.
Rodrigo Ojeda, director jurídico de Monsanto, indicó que son dos cultivos sujetos a acciones de carácter legal, la soya y el maíz.
El primero enfrenta un juicio por la siembra en Yucatán, ya que no se considera la consulta a grupos indígenas antes de cultivar, y el otro es el juicio colectivo en contra de la siembra de maíz transgénico.
Ojeda refirió en el caso del maíz, los ambientalistas buscan que la Suprema Corte se pronuncie en el sentido de que la ley de bioseguridad no es suficiente para proteger a los maíces nativos.
“Hemos venido combatiendo tanto la acción colectiva , por un lado, como la medida cautelar, porque la medida cautelar es importante ya que de esa forma ninguna empresa, ningún centro de investigación en México puede hacer desarrollos de maíz genéticamente modificado.
“Han habido cantidad de recursos legales tanto de ellos (ambientalistas), como de nosotros; siempre se alega mucho el sentido de que presentamos amparos, apelaciones, pero ellos a su vez están presentando amparos, apelaciones, recursos de reconsideración, recursos de queja. La estrategia legal de ellos ha ido mucho por el lado de dilatar esto lo más posible, expresó el abogado.
Resaltó que Monsanto ha pretendido demostrar que la media cautelar no está correctamente otorgada y que la ley sí es suficiente para proteger a los maíces nativos.
“Nos encontramos en la fase de pruebas, donde un juez está revisando para determinar si las pruebas que ellos presentaron debieron ser desechadas o no.
“Nosotros tenemos confianza en que efectivamente las pruebas que ellos presentan no se sostienen; tenemos la certeza de que no puede de alguna manera soportarse con evidencia científica los argumentos que tienen ellos”, dijo.
Destacó que entre todas las partes se han presentado más de 40 recursos legales en el caso del maíz.
Dijo que aunque es posible hacer actualmente siembra experimental, a Monsanto no le interesa continuar con esa etapa, ya que fue superada.
“Al menos, de nuestra parte, ahorita no tenemos nosotros una necesidad de iniciar con programas pilotos, programas experimentales, porque ya está ahí. Por eso es más importante para nosotros buscar que esta medida cautelar se inhiba, precisamente porque lo que requerimos es la (etapa) comercial.
“Tenemos afuera a nuestros agricultores en el centro y norte del país diciendo: necesito competirle al agricultor de Iowa o de Illinois, que sus rendimientos son muchísimo más grandes que los míos, y cómo compito, ellos sí tienen la tecnología y yo aquí no la puedo tener”, refirió Ojeda.
René Sánchez Galindo, abogado del colectivo a favor del maíz nativo o convencional, dijo que hay un gran riesgo si se autoriza la siembra de maíz transgénico.
“Si se siembra a gran escala, no habrá maíces nativos, y entonces todo lo que consumamos sería transgénico”, enfatizó.
Indicó que en la demanda colectiva están involucradas 53 personas y 20 organizaciones civiles.
“Acudimos al Poder Judicial para que a través de los procedimientos de una acción colectiva la sociedad mexicana consumidora de maíz pueda expresar y demostrar los daños que se ocasionarían y los riesgos que se correrían si se siembra maíz transgénico”, expresó Sánchez Galindo.
Detalló que hasta el momento, el colectivo ha ganado seis juicios de amparo y seis recursos de queja en dos tribunales de amparo y cuatro tribunales colegiados y en la primera sala de la SCJN.
“Y todos coincidieron en que el juicio se debe abrir, o sea, que es necesario que las partes podamos demostrar nuestras afirmaciones. En ese estado nos encontramos.
“Se abrió el juicio a prueba, las partes presentamos nuestros argumentos. Nosotros presentamos la propuesta de que haya periciales, y propusimos pedir a un tribunal de apelación para que revise si debe o no discutirse el trámite de las pruebas periciales. Y para discutir este trámite de las pruebas periciales se suspendió el juicio principal. Se está discutiendo ahorita si se admiten o no las pruebas periciales”, expresó Sánchez Galindo.
