Por Elio Henríquez, La Jornada, 9 de junio de 2017

La extracción, desde hace más de siete décadas, de 38 millones 278 mil 975 metros cúbicos de materiales pétreos –equivalentes a 23 millones 924 mil 359 toneladas– de 52 bancos de arena y grava de cerros del oriente de San Cristóbal de las Casas ha ocasionado un deterioro ambiental irreversible, afirmó Miguel Ángel Vázquez Sánchez, investigador de El Colegio de la Frontera Sur.

En entrevista, denunció que la sobrexplotación de los bancos de arena y grava en esta ciudad desde 1940 “ha provocado que las formaciones geológicas queden expuestas y se produzcan procesos graves de erosión”. El deterioro es de tal magnitud que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declinó declarar San Cristóbal, fundada en 1528, patrimonio de la humanidad.

Además, “en áreas aledañas a los bancos de arena se han establecido asentamientos humanos irregulares, convertidos en zonas de alto riesgo, pues colindan con taludes inestables que los cortes dejan tras la extracción de material”.

Desde lejos se aprecian enormes huecos y manchas blancas en los cerros (el de Santa Cruz fue cortado por la mitad), prácticamente destruidos por máquinas, picos y palas, así como por el constante paso de camiones cargados de material.

Extracción indiscriminada a partir de la década de 1990

Vázquez Sánchez dijo que el auge de la actividad extractiva empezó a finales de la década de 1940, cuando se construyó la carretera Panamericana –que atraviesa la ciudad, conecta con Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, y con el centro del país, entre otros puntos–, pero se incrementó en forma indiscriminada en la década de 1990, cuando se construyeron más carreteras en la zona luego del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

La demanda de materiales aumentó y el municipio avaló la apertura de numerosos yacimientos a empresas que explotan grandes superficies con maquinaria y camiones de carga, así como a familias de escasos recursos tecnológicos, detalló el investigador.

Aparte, el ambientalista independiente Alejandro Ruiz Guzmán afirmó que la explotación “irregular e indiscriminada” de los bancos de grava, algunos propiedad de políticos y empresarios, ha provocado un “daño ecológico irreversible”.

Aseguró que muchos sitios son explotados por las noches, sin respetar leyes de equilibrio ecológico; el material es trasladado a diversas partes del estado e inclusive a otras entidades del sur del país, por su buena calidad. “Son decenas de hectáreas deforestadas, sobrexplotación que impide la recarga de mantos freáticos e impacta humedales y manantiales, como El Navajuelo y La Kist, que se abastecen de aguas superficiales; al no haber recargas suficientes, se presentan problemas de contaminación en zonas cercanas a los bancos de arena, generalmente habitadas, donde se dispersa el polvo”, dijo.

“La explotación de bancos afecta los humedales e impactará en el agua y el hábitat en general, pues hay más de 100 especies de aves migratorias que llegan por temporadas a los humedales desde Estados Unidos y Canadá. El popoyote, pez endémico, también está en peligro de extinción. La sobrexplotación de materiales ha modificado los microclimas, antes controlados por los humedales. Incluso se ha modificado el ciclo del agua en San Cristóbal”, advirtió.

Vázquez Sánchez destacó la negativa de las autoridades del ramo a brindar información para vigilar las afectaciones. “Es prácticamente imposible conocer la superficie dañada, la cantidad del material extraído y su destino, así como los nombres de los propietarios que sobrexplotan el lugar, los empleos y recursos generados, las condiciones laborales y de seguridad de la población y el cumplimiento de la normatividad, entre otros aspectos”.

El investigador del Colegio de la Frontera Sur advirtió que no sólo se ha deforestado el territorio y eliminado la capa superficial del suelo, sino que se han hecho excavaciones profundas y se ha deteriorado la imagen urbana, por lo cual exigió la cancelación de esta actividad.

La cadena socioeconómica de la explotación de materiales pétreos “aumenta la complejidad de su impacto socioambiental, pues se inicia con propietarios vinculados con el poder político y económico local o con pequeños propietarios, la contratación de personal con experiencia en manejo de explosivos, extractores del material (areneros de pico y pala), personal especializado en manejo de maquinaria, transportistas, comerciantes de material pétreo, albañiles, arquitectos e ingenieros, y culmina con los ciudadanos y dependencias gubernamentales que compran el material para la construcción y el revestimiento de caminos y carreteras”.

Sostuvo que el volumen extraído de San Cristóbal representa casi una quinta parte del total de la arena que se ha sacado de los 121 municipios restantes de Chiapas. En 2007 se sacaron 106 millones 951 mil 61 toneladas de ese material.

Ruiz Guzmán dijo que la arena y la grava se utilizan en grandes cantidades para construir carreteras y viviendas, pero sólo entre 10 y 15 por ciento se queda en San Cristóbal, pues “hay grandes empresas camioneras de otras partes que se llevan el material”.

La directora de Medio Ambiente y Recursos Naturales del ayuntamiento de San Cristóbal, Gabriela Velázquez Gamboa, afirmó que urge que la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) de Chiapas clausure los bancos de arena por haberse rebasado el límite de extracción.

“Los cerros han sido horadados en forma tremenda. El problema es que la Semahn, que da los permisos, no ha hecho un padrón formal y ahora es un gran problema social, porque las colonias Salsipudes, Las Comaleras y Las Peras viven de la extracción a pico y pala, y no tanto los dueños de los predios, sino la gente que encontró un modo de vida en la extracción de materiales. La Semahn ya tendría que haber clausurado los bancos que sobrepasan el nivel de extracción.”

FuenteLa Jornada
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Mercedes Lopez Martinez
Trabajo en la ciudad de México. Doy seguimiento a la demanda contra el maíz genéticamente modificado y a labores de educación sobre consumo orgánico, comercio justo y soberanía alimentaria.